Urge
decretar un Estado de Excepción para poder neutralizar a la delincuencia aliada
de la contrarrevolución
Carlos E.
Lippo
Desde
hace algún tiempo se tienen fundadas evidencias de que la contrarrevolución ha
venido manteniendo un infame contubernio con la delincuencia común, nacional y
extranjera, devenida ésta en fuerza paramilitar por vía del tipo de organización
que se ha venido dando y las características del armamento que ha venido
utilizando.
Las
abundantes fotografías y piezas de video que muestran al descuartizador Pérez
Venta en actitudes más que amistosas con conspicuos dirigentes de la contra
(López, Tintori, Capriles R., Richard Blanco, etc.), tanto en actos públicos
como en sus propias oficinas; el caso de Jhonny Bolívar, sentenciado por el atroz
asesinato de Adriana Urquiola, teniendo éste fundadas acusaciones y hasta
algunas sentencias previas como secuestrador, “lavador” de dinero y narcotraficante; la muerte de aquel dirigente
de Acción Democrática en el estado Guárico, asesinado en vísperas de las
elecciones del 06 de diciembre a causa diferencias entre mafias, acción que
quiso ser atribuida infructuosamente al chavismo, así como la comprobada participación
de diferentes elementos del hampa común en el dantesco asesinato del camarada
Eliécer Otaiza, son hechos recientes, públicos,
notorios y comunicacionales, que entre muchísimos otros avalan la afirmación anterior.
La
extrema sevicia que caracterizó a mucha de las acciones terroristas asociadas a
las guarimbas del año 2.014 (quema de instalaciones con personas inocentes dentro,
quema de árboles, destrucción de instalaciones públicas de carácter asistencial
y educativo, etc.) aunada a la confesión de muchos de los participantes en
tales hechos apresados en flagrancia, en relación a quienes los reclutaron y
cuanto le pagaron por sus ejecutarlas, identificándolos como líderes de
conocidos partidos de la contra, contribuyen a dejar poquísimas dudas sobre la
misma afirmación.
Antes
de seguir avanzando sobre el tema, no está de más señalar que en la práctica de
esta simbiosis con el hampa común para intentar dar al traste con nuestra
revolución, tampoco han sido nada originales los dirigentes de la contra
nativa, ya que tal recurso ya había sido ampliamente utilizado por la contra
nicaragüense en su lucha contra el sandinismo durante los años ochenta del
siglo pasado, y esto con el apoyo y supervisión de la Agencia Central de
Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos, como lo probó una investigación dirigida
por el inefable John Kerry, actual secretario de estado gringo en su pasantía
por el senado durante el mandato de Ronald Reagan, que puso en evidencia los
nexos de la contra con los carteles colombianos de la droga de aquellos días (1).
Sin
embargo, esta demencial relación de una buena parte de los dirigentes de la
contra con elementos del hampa común no se limita a utilizarlos como
mercenarios para la ejecución de las tareas más “sucias” y riesgosas, sino que
también contempla una fructífera asociación en actividades tan
lucrativas como el lavado de dinero procedente de actividades delictivas
importantes: secuestro, extorsión, tráfico de drogas, contrabando, bachaqueo y
narcotráfico, con fines de financiamiento y de desestabilización económica, por
el desmedido aumento de la liquidez monetaria que tales dineros ocasionan.
Sobre
este tema del lavado de dinero y su influencia sobre el incremento de la
liquidez monetaria causante de buena parte de la inflación que estamos
padeciendo, habré de referirme en un próximo trabajo; si lo estoy mencionando
desde ya es sólo para exhortar a las autoridades de la Superintendencia de
Bancos (SUDEBAN), a extremar su diligencia en todo lo atinente al tema de
cumplimiento de las normas de legitimación de capitales por parte de las
instituciones que dicho ente público tiene la obligación de supervisar.
Considero
que esos estrechos vínculos entre la dirigencia de la contrarrevolución y el
hampa paramilitar de los que hemos venido hablando, de cuya existencia no puede
quedar ya duda alguna, se han venido acrecentando en los últimos tiempos, como
lo demuestra el inverosímil tratamiento mediático dado a una acción policial
ejecutada a comienzos de la semana que hoy termina, de resultas de cual cayó
abatido en combate el peligroso delincuente José Antonio Tovar Colina, alias “El Picure”, presunto autor de por lo
menos cinco asesinatos y cuya banda dedicada al secuestro, la extorsión, el
robo de vehículos y el tráfico de drogas, lleva más de tres años azotando
diversas poblaciones de los estados Guárico y Aragua.
Es
el caso que diarios como “El Nacional”
y “2.001”, así como ese patético pasquín
fundado por el no menos patético Teodoro Petkoff, titulado “Tal Cual”, al igual que medios digitales como “NTN24”, “El Propio” y el resto de los bodrios mediáticos digitales
de la contra, se empataron en impulsar la tesis del asesinato del “Señor Picure”, con tanto empeño que
llegué a pensar que intentarían promover un acuerdo de duelo en la asamblea
adeco-burguesa y/o el otorgamiento de la Orden al Mérito al Trabajo, en su más
elevada clase para el infortunado “Señor”.
Todo ello a pesar de la claridad de las declaraciones oficiales suministradas
por el propio ministro del área, el General Gustavo González López (2).
Quienes
en su afán de justificar lo absolutamente injustificable se abstuvieron de calificar
como asesinato la legítima acción de las autoridades detentaron posturas en
relación con el delincuente abatido, como las que paso a señalar a
continuación, todas ellas reveladoras de una vergonzante complicidad:
- La inefable Unidad de Investigaciones de Runrunes: “La muerte de José Antonio Tovar Colina, alias “El Picure”, en un presunto enfrentamiento, no libera al centro del país de las megabandas y mucho menos del crimen organizado”; “…una vez que cae el líder de la banda aparecen nuevos cabecillas y se vuelven a reorganizar, eso ha ocurrido en cortos lapsos y en grandes grupos antisociales…” (3).
- Chúo Torrealba: “…los profesionales de la seguridad deben informarle al pueblo venezolano cómo ese delincuente tenía el control en esa entidad del país por tanto tiempo y el gobierno no había hecho nada…” (4).
- Eligio Rojas, periodista de sucesos de UN: “… ese delincuente tenía el control del estado Guárico y varias ciudades del país, debido al apoyo de algunas autoridades del gobierno nacional y funcionarios policiales activos en su momento” (5).
- Luis Chataing, mediocre payaso con ínfulas de humorista: “…Ayer fue asesinado el temido delincuente apodado El Picure; funcionarios policiales y militares iniciaron un intenso operativo para averiguar quién lo hizo... perdón, me informan que fueron funcionarios policiales y militares quiénes lo mataron. Cualquiera se equivoca, en Venezuela muchas cosas funcionan al revés…” (6).
No
podría esperarse menos de una clase política que en su afán de congraciarse con
la delincuencia en su intento por acabar con la revolución, se propusieron hacer
de este pobre delincuente una auténtica leyenda viva, tal como lo demuestra el
hecho de que conspicuos operadores de redes sociales de la contra como Federico
Alves (7) y
Gustavo Tovar Arroyo (8), le manejaban una cuenta Twitter, cual sumisos y diligentes
asesores de imagen.
Ya para
terminar la semana se produjo también el deceso del delincuente Jamilton Andrés
Ulloa Suárez, (a) “El Topo” y “El Don”, presunto jefe de la banda paramilitar
que asesinó a 17 mineros en Tumeremo hace unas semanas, al
hacer armas contra la comisión policial que intentaba apresarlo. De las
declaraciones sobre el hecho ofrecidas por el ministro González López considero
importante rescatar la afirmación de que se presumen vínculos del diputado de
la Causa R Américo de Grazia con esta banda, ya que dicho parlamentario
manejaba información sobre el número de víctimas de la masacre simultáneamente
a su ejecución en una zona donde sólo hay comunicaciones de tipo satelital (9).
Hasta ahora no he podido percibir un mayor manejo mediático de este hecho por
parte de la contra.
Ante
tal escenario de acciones delictivas y complicidades es evidente que los
promotores de la difunta “Ley de Amnistía
y Reconciliación Nacional”, tuvieron razón en plantearse tal gama de
absoluciones, como premio a los delitos cometidos y eficaz estímulo a los que
aún esperan cometer.
Para
neutralizar la corrosiva acción de desgaste de estos elementos paramilitares se
requiere no sólo actuar sobre los propios autores, sino sobre el entramado
mediático y de Organizaciones no Gubernamentales (ONG) financiadas por el
imperio, tales como “Espacio Público” y
el “Instituto Prensa y Sociedad Venezuela”, que les sirven de proveedores de
coartas y “asesores de imagen”, al
mismo tiempo que intentan criminalizar al gobierno revolucionario por todas sus
acciones.
E
En
este orden de ideas coincido totalmente con quienes como el camarada Freddy
Bernal han propuesto la aplicación conjunta de efectivos militares y policiales
para realizar un ataque a fondo contra el paramilitarismo alojado ya no sólo en
las áreas de frontera, sino en casi todas las poblaciones importantes del país.
Considero además que CONATEL tiene una importante labor profiláctica que llevar
a cabo ya que la campaña mediática de apoyo al paramilitarismo se realiza fundamentalmente
a través del espectro radioeléctrico que ese organismo administra y que es
propiedad del estado venezolano.
Estando
en juego la pervivencia no sólo de la revolución, sino la propia soberanía del
país considero necesario que para garantizar la más efectiva acción de la FANB,
los cuerpos policiales, CONATEL y los demás organismos públicos que deban
avocarse prioritariamente a la ejecución de tan magna tarea, se decrete un Estado
de Excepción Constitucional, invocando razones de orden político y de seguridad
nacional, basado en los artículos contemplados por el Capítulo II del Título
VIII de nuestra constitución.
No
podemos seguir presenciando inertes, en aras de un mojigato y pretendido respeto
a la legalidad burguesa, cómo socavan las bases de nuestra revolución.
Evidentemente los alaridos de la CIDH, en defensa de los derechos humanos de
los paracos y de sus cómplices políticos y mediáticos, no se harán esperar.
Tampoco se harán esperar los gritos lastimeros de la SIP en defensa de sus
cachorros. Los más tímidos de los nuestros dirán que no debemos rayarnos ante
los organismos internacionales; yo les respondería: ¿qué sería una raya más
para un tigre?
¡Sería imperdonable desde todo punto vista
que dejásemos perder esta revolución sin hacer uso de todas las armas con las
que contamos!
¡Hasta la Victoria Siempre!
¡Patria o Muerte!
¡Venceremos!
(2) http://www.vtv.gob.ve/articulos/2016/05/03/confirmada-muerte-de-alias-201cel-picure201d-8501.html
Caracas,
mayo 08 de 2.016
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