domingo, 12 de noviembre de 2017



¡A recuperar para ambos pueblos los territorios usurpados por Colombia!
Carlos E. Lippo




Como es sabido por muchos, el “Utis Possidetis Juris” (del latín: "como poseías de acuerdo al derecho, poseerás"), es un principio del derecho internacional en virtud del cual los estados conservan el territorio poseído hasta antes de su independencia, con el objeto de asegurar que las fronteras puedan mantener los límites de los viejos territorios coloniales de los cuales se originaron.

Con arreglo a este principio la constitución venezolana de 1830, promulgada una vez desintegrada “La Gran Colombia”, establecía que el territorio del Estado de Venezuela, nombre que se daba por aquellos días a la actual República Bolivariana de Venezuela, comprendía todo aquel que hasta 1810 se denominó Capitanía General de Venezuela, entidad territorial creada por el imperio español en 1777, separándola del virreinato de Santa Fe  o de la Nueva Granada y adscribiéndola judicialmente a la Real Audiencia de Santo Domingo hasta la creación de la Real Audiencia de Caracas en 1786.

El territorio de la Capitanía General de Venezuela que alcanzaba en 1777 a unos 2.500.000 Km2, ha sido objeto de grandes despojos por parte de los más ruines imperios del siglo XIX (el británico, el holandés, el portugués y el brasilero), y hasta del mismísimo imperio español, autor del laudo arbitral de 1891, descarada e impúdicamente favorable a Colombia, como resultado de los cuales la superficie del territorio de la actual República Bolivariana de Venezuela alcanza apenas a 916.445 Km2. El despojo perpetrado por el imperio español en favor de Colombia, por medio del laudo arbitral de 1891, constituye  el objeto de este artículo; de los despojos perpetrados por los otros imperios habremos de ocuparnos en posteriores notas.

Antes de entrar a analizar en detalle los diferentes intentos por delimitar la frontera con Colombia, que con arreglo al mismo principio de derecho internacional indicado antes, debería poseer sólo el territorio del antiguo virreinato de Santa Fe, es necesario señalar que, tal como se muestra en el mapa anexo, la Capitanía General de Venezuela se extendía por el noroccidente desde el cabo La Vela, en la península de la Guajira; por el suroccidente, más allá del Orinoco, abarcando los territorios de Casanare, Arauca, Vichada y Guainía; y por el sur hasta el Rio Negro. Siendo oportuno resaltar que dicho mapa, a pesar de su simplicidad, muestra de manera incontrovertible dos hechos de suma importancia, tales hechos son: que la península de la Guajira, en el extremo noroeste, pertenecía íntegramente a la Capitanía General de Venezuela; y que las fronteras del virreinato de Santa Fe distaban de la orilla occidental del río Orinoco una distancia de consideración, aun en el punto en el que éste, que es el tercer río más caudaloso  del planeta (1), vira en dirección noreste enfilándose en busca de su desembocadura en el océano Atlántico.

Al separarse Venezuela de la Gran Colombia quedaba pendiente la definición de: los linderos con la Nueva Granada (actual Colombia); la navegación de los ríos cuyos cauces o caudales eran del interés binacional; y la carga de la deuda pública común (2). La negociación para un convenio sobre dichas cuestiones corrió a cargo de Santos Michelena por Venezuela y Lino de Pombo por la Nueva Granada. El proyecto del tratado Michelena-Pombo concluido el 14 de diciembre de 1833, que entre sus aspectos fundamentales definía el inicio de  la frontera norte en cabo de Chichivacoa, en el lugar del cabo de La Vela, y mantenía la frontera sureste a considerable distancia de la orilla occidental del Orinoco, no fue ratificado por el congreso venezolano de la época por estimar que al no iniciarse la frontera en el cabo de La Vela, Venezuela resultaba despojada de 62 millas de costas marítimas y de una gran porción de la península de la Guajira. Hubo quienes dijeron en Venezuela, con esa actitud irresponsable y conciliadora que tanto daño nos ha causado, que el congreso de la época cometía un gran error al no suscribir este proyecto de tratado; por el contrario, nosotros decimos que hubiera sido irresponsable y hasta criminal entregar unos territorios que aparecen plenamente identificados en los documentos según los cuales Carlos V, aquel emperador felón que para pagar unas deudas de juego contraídas con los banqueros alemanes de la Casa Welser, les dio la exclusividad para la conquista y colonización de la provincia de Venezuela, cuyo territorio se definía claramente entre el cabo de la Vela, al occidente y Maracapana al este, en fecha tan remota como el año 1528 (3).

En 1844 se reanudan las negociaciones limítrofes pero ya Colombia, en flagrante desconocimiento de los títulos españoles que acreditan los límites de la antigua Capitanía General de Venezuela, había abandonado el enfoque del proyecto Michelena-Pombo y pretendía que por el sur su territorio llegase hasta el Orinoco, corriendo en ángulo hacia el río Meta.

Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo y en gesto de suprema irresponsabilidad e ingenuidad por parte de nuestro gobierno de la época, en 1886 se acepta la mediación de la corona de España. Cuando digo responsablemente que fue en gesto de suprema ingenuidad lo hago basado en que sería altamente improbable que la corona española no tomase retaliación en contra de Venezuela por el hecho de haber sido el ejército venezolano el que derrotó al más formidable ejército que ella enviase a América, al mando del “Pacificador” Pablo Morillo, vencedor en dos oportunidades del ejército napoleónico invasor de la península.

Como era de esperarse, el laudo español sobre la materia, publicado en 1891, acoge todas las propuestas colombianas y define una línea fronteriza coincidente con ellas en toda su extensión. Resulta imposible dejar de considerar que esta decisión se haya producido como contraprestación al apoyo diplomático colombiano a la pretensión española de conservar sus colonias americanas de Cuba y Puerto Rico y en retaliación por la acusación de que Venezuela favorecía la independencia de dichos territorios (4).

Para aplicar el laudo español fue designada en 1898 una comisión mixta colombo-venezolana que sobre el terreno fijaría los hitos correspondientes. La dichosa comisión se atribuyó con frecuencia facultades que no le correspondían y en prueba de ello podemos citar un caso gravísimo, como lo es el que ante la dificultad para ubicar en la península de la Guajira el sitio denominado “Mogote de Los Frailes”, la misma, de manera inconsulta y sin fundamentos legales, estableció la línea divisoria a partir de Castilletes.

En 1916 la demarcación de la frontera fue sometida al arbitraje del Consejo Federal Suizo, el cual ratifica en 1922 la frontera definida en 1891.

El 5 de abril de 1941 el general Eleazar López Contreras, presidente de Venezuela, firma con el presidente de Colombia, Eduardo Santos, el vigente tratado de límites, basado íntegramente en el laudo suizo de 1922, que a su vez ratificaba el laudo español de 1891. El citado tratado consagra el despojo de un territorio que hemos estimado como no menor de 300.000 Km2, constituido con al menos gran parte de los actuales departamentos de La Guajira y El Cesar, al noreste colombiano; del Norte de Santander y del Arauca al centroeste; así como de los departamentos de Casanare, Vichada, Guainía y Guaviare, al sureste. Este inmenso despojo territorial se hace evidente con la simple comparación visual de nuestro mapa actual con el de la Capitanía General de Venezuela.



Como justificación para haber firmado tal esperpento a 30 días de tener que entregar el mando a su sucesor, el también general Isaías Medina Angarita, y sin haber sido aprobado aún por el congreso de Venezuela, el general López Conteras adujo que había recibido importantes amenazas de Colombia en el sentido de que estaba dispuesta a invadir los territorios en disputa y que el ejército venezolano de aquellos días no estaba en condiciones de combatir con el ejército colombiano. ¡Valiente general éste, que sin haber disparado un tiro entregó a Colombia tan importante porción del territorio patrio!

Como aspectos resaltantes de este acuerdo, con miras a poder juzgar apropiadamente ulteriores reclamaciones territoriales de Colombia, podemos señalar el hecho de que el mismo consagra que  todas las diferencias sobre materia de límites quedan terminadas (artículo 1°) y que si bien otorga a Colombia una pequeña porción de costas sobre el Golfo de Venezuela, lo hace bajo el concepto de “costa seca”, según el cual a partir de la playa todas las aguas continuarían estando bajo la jurisdicción venezolana (5).

Muy poco tiempo respetó Colombia un tratado de límites que le era tan favorable ya que en 1952,  el buque insignia de su armada, la fragata "Almirante Padilla", incursionando ilegalmente en aguas venezolanas, inició unas supuestas pruebas de tiro de entrenamiento en las cercanías de los islotes de Los Monjes, de resultas de las cuales impactó a dos embarcaciones pesqueras venezolanas así como el territorio de uno de los islotes (6). Ante una no tan rápida pero efectiva respuesta armada venezolana la nave invasora se retiró, no sin antes haber puesto en riesgo inútilmente las necesarias relaciones cordiales entre ambas naciones. Siendo necesario señalar que en noviembre del mismo año el presidente encargado de Colombia, Roberto Urdaneta Arbeláez, ante un reclamo de Venezuela y después de consultar a sus asesores reconoció la soberanía de Venezuela sobre los mencionados islotes (7).

A pesar de lo anterior  y a pesar de haber aceptado según el tratado de 1941 que su porción de costa en Castilletes tenía el carácter de “costa seca”, Colombia siguió presionando para obtener soberanía sobre una parte de las aguas marinas y submarinas del Golfo de Venezuela y es así como el 9 de agosto de 1987 la corbeta Caldas penetra en aguas territoriales venezolanas aduciendo que se encontraba en la Zona Económica Exclusiva de Colombia; después de varios días durante los cuales ambas naciones movilizaron sus tropas hacia la zona fronteriza de la Guajira y Castilletes, se retira en compañía de la corbeta Independencia, ante la manifiesta superioridad venezolana en materia de efectivos de tropa y sistemas de armas (8). ¡En aquella oportunidad se dijo en ambas naciones que habíamos estado a un pasito de ir a la guerra!

No está de más el decir que este inusitado interés de Colombia en unas aguas sobre las cuales había acatado, respetado, sostenido y admitido repetida y consistentemente  la soberanía venezolana al menos durante los 394 años que van desde 1528 a 1922 obedece a la intención de las transnacionales petroleras de ponerle la mano a las ingentes reservas de petróleo y gas natural yacentes en el subsuelo de esa región.

Aun no siendo un jurista, como todos mis lectores saben, soy capaz de reconocer que a pesar del tiempo transcurrido existen razones éticas y legales para denunciar el infausto tratado de límites de 1941. Entre las primeras podría mencionar que el tratado fue firmado por López Contreras sin contar con la aprobación del congreso que sólo se produjo semanas después, así como que el proyecto de tratado fue aprobado sin discusión alguna por parte del senado de la época y bajo el abuso de una mayoría antidemocrática en la cámara de diputados. Entre las segundas puedo señalar que se trata de un tratado que violaba la constitución de 1936, vigente en 1941, así como todas las constituciones vigentes desde aquella época, que consagran el carácter inalienable del territorio nacional.

No tengo duda de que han de existir numerosos y válidos argumentos de orden legal para denunciar el tratado, tomando en consideración que eminentes juristas venezolanos de la talla del Dr. Agustín Ascanio Jiménez y el Dr. Aquiles Monagas introdujeron ante la Corte Suprema de Justicia, en 1971 y 1974, sendas demandas de nulidad de la ley aprobatoria del mismo firmada el 18 de junio de 1941 (9). Por tal motivo solicito respetuosamente a la Asamblea Nacional Constituyente, por esta vía, se sirva exhortar al Tribunal Supremo de Justicia, a sentenciar sin más dilación sobre el fondo de este asunto.

Tengo la firme convicción de que Venezuela ha salido perjudicada en los tratados de límites con Colombia, todos ellos celebrados a espaldas de ambos pueblos, porque  así  convenía  a  los  distintos  sectores oligárquicos de los dos países.

Por ello, cuando estoy proponiendo la denuncia del tratado para intentar recuperar nuestros territorios usurpados no me anima ningún interés crematístico; me anima sólo el intentar promover un rico proceso de discusiones con participación popular en ambas naciones, que pudiese conducir a lograr establecer el uso y usufructo de esos territorios por parte de los preteridos de siempre, de ambos lados de la actual línea fronteriza.

Considero que el planteamiento anterior es mucho más que una utopía deseable, a partir del hecho plenamente comprobable de que en nuestro país conviven con nosotros más de 6 millones de hermanos colombianos, de los cuales 4,5 millones detentan además la nacionalidad venezolana por naturalización, que les fuese otorgada generosamente por esta Revolución.

¡Hasta la Victoria Siempre!
¡Patria o muerte!
¡Venceremos!


Caracas, noviembre 12 de 2017

sábado, 4 de noviembre de 2017

Venezuela en la mira de la “Operación América Unida”
Carlos E. Lippo




Hasta el momento actual, el 2017 ha venido siendo un año pródigo en ejercicios militares conjuntos realizados por las fuerzas armadas del imperio en territorio americano. Un año muy similar a aquellos años de las décadas de los setenta y los ochenta del siglo pasado, en los que estando Nuestra América plagada de cruentas dictaduras militares, los encuentros de los ejércitos de la región con sus pares gringos, se hacían costumbre para planificar nuevos operativos en el marco del infausto “Plan Cóndor”. Tristemente, es como para evocar con nostalgia aquellos años de la década de los sesenta en los cuales las Maniobras Navales UNITAS y el envío de militares nativos a “desformarse” en la “Escuela de Las Américas”, eran de ordinario las mayores manifestaciones del tutelaje militar gringo sobre las fuerzas armadas de la región.

En efecto, entre el mes de junio y el día en que he comenzado a escribir estas líneas, elementos de Comando Sur de los Estados Unidos así como de sus fuerzas de aire, mar y tierra, han realizado al menos siete ejercicios militares conjuntos, fundamentalmente con las fuerzas armadas de los países que le son afectos en la región, así como de las de algunos países miembros de la OTAN, de aquellos que hacen muy poco esfuerzo por disimular su avidez por ponerle la mano a nuestros ingentes recursos minerales de carácter estratégico.

En un artículo nuestro titulado “Venezuela-EE.UU: ¿quién es una amenaza para quién?” (1), describíamos con algún detalle la naturaleza y alcance de la mayoría de esos ejercicios, que ahora, en aras a la brevedad, simplemente pasaremos a mencionar: “Maniobras Navales Tradewinds 2017” (Vientos Alisios 2017), celebradas en el mar territorial de Barbados, del 06 al 12 de junio y en las aguas territoriales de Trinidad & Tobago, a 600 km. de la costa venezolana, del 13 al 17 de junio (2); maniobras realizadas por las armadas de USA y Chile, en la costa chilena a principios de julio (3); maniobras aéreas Colombia-Estados Unidos, celebradas durante los días 15, 16 y 17 de julio en el espacio aéreo de la base estadounidense de Palanquero (Colombia), a 300 km. de la línea fronteriza con nuestro estado Táchira (4); “Maniobras Navales UNITAS LVIII-Fases del Pacífico y Anfibia”, celebradas en las costas del Perú, entre el 13 y el 26 de julio (5); ejercicio internacional “Mobility Guardian”, celebrado en Seattle, estados Unidos, entre el 29 de julio y el 12 de agosto (6); “Ejercicio Internacional PANAMX 2017”, celebrado entre el 10 y el 20 de agosto, por componentes de los ejércitos de aire, mar y tierra, bajo la coordinación del Comando Sur (7); y las maniobras aéreas “Blue Sky V”, celebradas a finales de octubre en cielos chilenos por componentes de las fuerzas aéreas de USA y Chile (8).

Una primera pista en relación a que la mayoría de estos ejercicios conjuntos, si no todos, están inspirados en la necesidad de aumentar el apresto operacional de una fuerza militar multilateral que bajo los auspicios de la OEA y/o la ONU intentaría invadir a Venezuela, nos la aporta un señalamiento contenido en el “Informe de Posición” presentado por el almirante Kurt Tidd, comandante general del Comando Sur, ante el Comité de Servicios Armados del Senado norteamericano, en su comparecencia del 6 de abril del presente año, a una semana de iniciadas las acciones terroristas de la contrarrevolución venezolana que duraron cuatro meses, según el cual: “… la situación en Venezuela está empeorando y podría generar una crisis humanitaria (que ellos llevan ya años intentando crear) que demandaría una injerencia regional” (9); señalamiento que viene a corroborar que ya existe un plan de intervención militar de Venezuela por parte del imperio, tantas veces negado por sus máximas autoridades.

Pero una segunda pista, que más que pista es ya un firme elemento de convicción, lo constituye la celebración de la “VII Conferencia Sudamericana de Defensa”, en Lima, Perú, durante los días 23 y 24 de agosto del presente año, reunión en la cual bajo la dirección del mismo Kurt Tidd, jefes militares de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos, Paraguay, Perú y Uruguay, determinaron nuevas estrategias para "enfrentar amenazas militares" y "atender" la crisis en Venezuela (10); siendo oportuno y conveniente recordar que este verdadero aquelarre militar se realizó a muy pocos días de aquel infausto 11 de agosto, en el cual el mismísimo presidente Trump amenazase impúdicamente con intervenir militarmente en nuestro país.

Como lo que abunda no sobra analizaremos con un poco más de detalle aquellos ejercicios que consideramos que fueron concebidos como una descarada acción injerencista sobre Venezuela, al mismo tiempo que para lograr adelantar los elementos estratégicos de una eventual invasión y hasta para servirle de plataforma operativa, si ello fuese factible; a continuación el análisis:

Maniobras Navales “Tradewinds 2017” (Vientos Alisios 2017), celebradas en el mar territorial de Barbados, del 06 al 12 de junio y en las aguas territoriales de Trinidad & Tobago, a 600 km. de la costa venezolana, del 13 al 17 de junio, con participación de efectivos militares de países de la región del Caribe (Méjico, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, República Dominicana, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Surinam, San Vicente y las Granadinas y Trinidad & Tobago), junto a las de los siguientes países miembros de la OTAN: EEUU, Canadá, Francia y  el Reino Unido. Por celebrarse en los días previos a la 47° Asamblea General de OEA (Méjico), en la que se pretendía por enésima vez aprobar una condena a Venezuela que abriese el camino a una intervención multilateral, estaba destinada a presionar a algunos países miembros del Alba-TCP y del Convenio Petrocaribe, para que cambiasen su voto favorable a Venezuela; como también eran coincidentes en el tiempo con una etapa muy cruenta de las actividades terroristas de la contrarrevolución y su segunda fase se realizaba muy cerca de nuestras costas, podrían haber servido de base operativa para la invasión en caso de que la contrarrevolución local hubiese logrado generar las condiciones necesarias para ello.

Maniobras aéreas Colombia-Estados Unidos, celebradas durante los días 15, 16 y 17 de julio, plenamente coincidentes con un plebiscito ilegal con el cual la contrarrevolución pretendía “legitimar” su política de desconocimiento del gobierno revolucionario y de conformación de un gobierno paralelo ficticio que solicitase la intervención militar.

Ejercicio internacional “Mobility Guardian”, celebrado del 31 de julio al 12 de agosto y desarrollado desde la Joint Base Lewis-McChord (Seattle, estado de Washington); a decir de sus organizadores, “el mayor y más realista ejercicio de movilidad aérea”, con la participación de 3.000 hombres y de 25 socios internacionales, en particular de las fuerzas aéreas de Colombia y Brasil, que se ejercitaron en la realización de misiones diurnas y nocturnas con fuerzas de Estados Unidos, Francia y Reino Unido, cuyo “escenario realista” era el de una gran operación aérea para el transporte rápido de tropas y armamento a la zona de intervención; según Manlio Dinucci, geógrafo y politólogo italiano, miembro de la Red Voltaire se trató, ni más ni menos, del ensayo para la prevista intervención militar en Venezuela (11).
1,5
Ejercicio Internacional “PANAMX 2017”, celebrado entre el 10 y el 20 de agosto, con participación de Argentina, Belice, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y los Estados Unidos, entre otras naciones (12). Su ejecución debe hacer prender intensamente nuestras alarmas por las siguientes razones: entre los participantes se encuentran los doce miembros del llamado “Grupo de Lima”, que son abiertamente injerencistas y hostiles a nuestra revolución; por Estados Unidos participaron en este ejercicio: personal del Comando Sur, de las Fuerzas del Cuerpo de Infantería de Marina con base en Miami, del Ejército Sur en San Antonio, Texas, de las Fuerzas Navales Sur con base en Jacksonville, Florida, y de la Fuerza Aérea Sur en Tucson, Arizona; y lo más significativo de todo, los componentes marítimos, terrestres, aéreos y de operaciones especiales fueron liderados por Colombia, Brasil, Perú y Chile, cuatro de los países más beligerantes con Venezuela a partir de la extrema sumisión de sus actuales gobiernos a los dictados del imperio.

La principal motivación que tuve para haber escribir estas líneas es que el próximo lunes 6 se dará inicio a la “Operación América Unida”, consistente en teoría en 10 días de “simulacros bélicos” efectuados fundamentalmente por componentes de las fuerzas armadas de Estados Unidos, Brasil, Colombia y Perú, dirigidos desde una base multinacional “provisional”, construida para este propósito en la ciudad de Tabatinga, fronteriza con Leticia, en Colombia y con Santa Rosa, en Perú, en el sito que se ha dado en llamar “la triple frontera”, distante unos 700 km. de la frontera con Venezuela (13).

Dicha operación conjunta es parte de AmazonLog, un ejercicio militar en la Amazonía brasileña creado por el ejército brasileño e inspirado en una actividad similar realizada por la OTAN en Hungría en 2015, en la cual Brasil participó como observador. También están supuestas a participar en ella, las fuerzas armadas de Argentina, Chile, Panamá, Uruguay, Estados Unidos y Canadá, todos ellos, al igual que los anfitriones, miembros del inefable “Grupo de Lima”, con excepción de Estados Unidos; así como quién sabe cuántos países miembros de la OTAN en calidad de “observadores”.
En lo particular me llama muchísimo la atención el nombre de Operación América Unida” que le ha sido asignado, sin duda alguna que por El Pentágono, pues me hace recordar nombres tan terroríficos e igual de eufemísticos que aquellos de “Operación Libertad Duradera”, tras de la cual destruyeron a Afganistán a partir de finales de 2001 y “Tormenta del Desierto”, que inició la destrucción de Irak en 1991. Me pregunto por qué usurpar el nombre de América, cuando 22 países americanos, comprobadamente amigos como lo son los países miembros del Alba-TCP  y la mayoría de los del convenio Petrocaribe no participan, por razones obvias, y me pregunto también ingenuamente ¿para qué se estará uniendo esta caterva de enemigos probados de la Revolución Bolivariana?

Considero que tenemos que estar en alerta roja desde ya, no sólo por la presencia de tan formidable  fuerza militar multiestatal enemiga en las inmediaciones de nuestra frontera sur, sino por unas declaraciones altamente injerencistas del canciller del Perú, vocero de la última reunión del “Grupo de Lima”, celebrada en el Canadá, el pasado 26 de octubre, que como parte de las conclusiones, señaló:  “Nuestro objetivo es crear una situación que permita la solución más rápida y también determinante para alentar al gobierno venezolano a negociar de buena fe, no sólo para resolver el crisis, sino también para que el régimen por sí mismo deje el poder, ese debe ser hoy nuestro objetivo central” (14). A estas declaraciones se suman otras del presidente Santos, quien pocos días después de concluida la citada reunión y en tono que juzgo francamente amenazante, señaló, en relación al “tema Venezuela”: “…hemos fracasado en encontrar una solución pacífica…”, puesto que a buen entendedor, pocas palabras bastan (15).

A estas alturas, al parecer, ya la suerte está echada y existen grandes probabilidades de que el imperio decida aprovechar estos ejercicios para invadirnos junto a su manga de países cipayos vergonzantes, verdaderos émulos de aquellos indígenas de cuyo nombre no quiero acordarme, que se aliaron al imperio español para ayudarlo a doblegar a los dignos aztecas. Si así lo hiciesen debo decirles, de la mano del refranero español, que no les arriendo la ganancia, ya que más temprano que tarde habremos de derrotarlos con la ayuda de los gobiernos y pueblos americanos dignos y de las potencias amigas. Lo lamentable será que antes de que esto ocurra, Nuestra América, declarada por la CELAC territorio de paz, se verá convertida en un gigantesco infierno en medio de las cruentas luchas antiimperialistas de todos sus pueblos dignos y soberanos.
¡Hasta la Victoria Siempre!
¡Patria o muerte!
¡Venceremos!



Caracas, noviembre 04 de 2017

martes, 31 de octubre de 2017



¿Será necesario levantar un muro en la frontera con Colombia?
Carlos E. Lippo





El vecino país de Colombia otrora gran productor y exportador de esmeraldas y de café, ambas especies producidas con una calidad tal que le permitía ostentar el primer lugar a escala mundial, ha venido perdiendo aceleradamente estos sitiales de privilegio desde hace algunos años.

En efecto, desde el año 2009 Colombia fue desplazada por Zambia del primer lugar en la producción mundial de esmeraldas; pero no es sólo eso, sino que la explotación de tan valioso recurso no se traduce en los esperados beneficios para el estado y el pueblo colombiano por estar en manos de organizaciones criminales, según puede deducirse de un informe de la Contraloría General de la Nación que data de 2014 y señala textualmente, entre otras cosas, lo siguiente: “… en los municipios productores de esmeraldas confluyen violencia y degradación social con poderosos empresarios y grupos armados, vinculados algunos con bandas de narcotraficantes y paramilitares, que el estado ha tolerado durante décadas” (1).

El caso del café es aún más patético ya que Colombia, según datos del año 2015, fue desplazada al tercer lugar mundial de productores/exportadores, muy por debajo de Brasil y Vietnam, que ocuparon los lugares cimeros; pero no es sólo eso, sino que existen fundados indicios de que una parte importante de esa menguada exportación está constituida por café venezolano introducido en ese país de contrabando (2) y que es vendido violando su “denominación de origen”. Aunque nuestro café es de una calidad igual o  superior a la del colombiano, se estaría consumando una estafa a los consumidores que obviamente constituye un delito.

De forma lamentable, Colombia que era conocido internacionalmente a partir de logros como éstos, ha pasado a serlo a través de una serie de hechos altamente negativos, una suerte de “anti logros”, como lo son: su primer lugar mundial en la producción/exportación de cocaína; su gran cantidad de desplazados internos y de migrantes; su elevada exportación de mercenarios; y su alcahuete marco legal, promotor de los delitos de contrabando y ataque a nuestra moneda. En los párrafos siguientes habremos de presentar en detalle cada uno de estos aspectos, haciendo énfasis en los que mayor daño nos causan, ya que por el solo hecho de compartir con ella una frontera de más de 2.200 km., es imposible que alguno de ellos deje de impactarnos adversamente de cualquier manera.


Colombia primer productor/exportador mundial de cocaína
Así lo indica el informe “antidrogas” del Departamento de Estado de Estados Unidos divulgado en marzo de este mismo año, según el cual en el 2016 los cultivos ilícitos de coca en Colombia alcanzaron la cifra récord de 188.000 hectáreas, con una producción potencial de cocaína de 710 toneladas métricas; siendo necesario apuntar que el mismo informe señala que el 90 % de la cocaína incautada en Estados Unidos tiene su origen en Colombia (3). Como desde tiempo inmemorial una parte importante de la producción colombiana necesita pasar por Venezuela para ser transportada a Estados Unidos y Europa, esto nos convierte ipso facto en un país de tránsito para el tráfico de drogas, obligándonos a hacer grandes esfuerzos para combatirlo, actividad en la que hemos tenido resaltantes éxitos sobre todo después de que el Comandante Chávez expulsase del país en el año 2005 a la Administración de Control de Drogas de EEUU (DEA), ya que la inefable agencia gringa estaba usando como máscara la lucha contra las drogas, tanto para apoyar al mismo narcotráfico como para hacer inteligencia en contra el gobierno.

Colombia ocupa el primer lugar en el mundo en cantidad de personas desplazadas
Con una cifra histórica de 7,2 millones, Colombia es primer país del mundo con el mayor número de personas desplazadas, según el más reciente informe del Observatorio de Desplazamiento Interno del “Consejo Noruego para los Refugiados” y del “Observatorio de Desplazamiento Interno” (IDMC) (4). Curiosamente, de esa cantidad, 171.000 desplazamientos ocurrieron durante el 2016, año en el que se firmaron los convenios de paz con las FARC, principal ejército popular de liberación del país. En esta lamentable estadística Colombia es seguida por Siria (país que sufre una feroz invasión exterior), Sudán, Iraq y República Democrática del Congo. Es evidente que una parte importante de esta gran cantidad de desplazados ha atravesado la frontera en busca de mejores condiciones de vida, pasando a aumentar la abultada cifra de ciudadanos colombianos que viven entre nosotros. No podríamos terminar este tema sin antes decir que para el año 2016, el Presidente Maduro señaló que habíamos recibido alrededor de 100 mil refugiados, señalamiento que fue confirmado Christian Krüger, director de “Migración Colombia”, quien afirmó que para ese año ese flujo había sido más de 109 mil personas, agregando además un dato más que contundente: “esta cifra ha bajado un 70% frente a años anteriores”, ya que el 2015 “ingresaron a Venezuela 371.521 colombianos” (5).

Colombia es el país con mayor cantidad de emigrantes en la región
Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Colombia es el país con mayor cantidad de emigrantes en Suramérica, seguido por Perú y Brasil, y es también uno de los países de la región que recibe menos inmigrantes (6). El Ministerio de Relaciones Exteriores estima que 4,7 millones de colombianos reside actualmente en el exterior, un 10% de su población total, pero si tomamos en cuenta que sólo en Venezuela vivían alrededor de 5 millones de ciudadanos colombianos, según señalase el presidente Maduro en febrero de 2005 (7), resulta evidente que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia miente descaradamente sobre este tema. En relación al tema de la migración colombiana en Venezuela, dice Juan Carlos Tanus, presidente la asociación “Colombianos y Colombianas en Venezuela”: “Quienes somos migrantes salimos de Colombia porque no habían buenas condiciones en ese ámbito para sostener los puestos de trabajo, en Venezuela sí lo encontramos; nos garantizan el derecho al trabajo” (8). Y tenemos que añadir nosotros, no sólo se les garantiza el derecho al trabajo, sino el acceso, como a todos los venezolanos, a todos los beneficios en materia de salud, educación y vivienda, que la revolución bolivariana garantiza a los nacionales.

Mercenarios colombianos, producto de exportación
Con la frase anterior titula BBC Mundo una nota fechada en mayo de 2011 (9), basada en un artículo del diario The New York Time, que da cuenta de que Irak, Afganistán y Emiratos Árabes Unidos eran algunos de los destinos de individuos paramilitares formados y reclutados en Colombia vía Internet, desde inicios de la década pasada. Posteriormente se ha sabido de la existencia de mercenarios colombianos entre los monstruos que asesinaron vilmente al Coronel Gadafi (10), así como también en Siria y hasta en Yemen, vistiendo el uniforme de la vesánica monarquía saudita. La formación de estos mercenarios en Colombia, negada en forma recurrente por el gobierno y el ejército de colombiano, no constituiría delito, ya que ese país no ha suscrito la convención de Naciones Unidas contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios. En Venezuela son innumerables las acciones terroristas de la contrarrevolución ejecutadas por mercenarios de origen colombiano. En relación a esto, es emblemático el caso de los viles asesinatos del joven diputado revolucionario Robert Serra y su asistente María Herrera, en octubre de 2014, perpetrados por una banda paramilitar colombiana dirigida por (a) “El Colombia” (11), un despreciable sujeto que por cierto habitaba en una de las casi 1,8 millones de viviendas construidas por la revolución en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela.

Un marco legal que legitima y promueve el contrabando de extracción desde Venezuela
La Ley 1762 de 2015, eufemísticamente llamada “Ley Anticontrabando” (12), prescribe en su Artículo 6°, “Favorecimiento y facilitación del contrabando”: Modifíquese el artículo 320 de la Ley 599 de 2000, el cual quedará así: “Artículo 320. Favorecimiento y facilitación del contrabando. El que posea, tenga, transporte, embarque, desembarque, almacene, oculte, distribuya, enajene mercancías que hayan sido introducidas al país ilegalmente, o que se hayan ocultado, disimulado o sustraído de la intervención y control aduanero o que se hayan ingresado a zona primaria sin el cumplimiento de las formalidades exigidas en la regulación aduanera, cuyo valor supere los cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes… incurrirá en pena de prisión de tres (3) a seis (6) años…”. Entonces, según este artículo, un cargamento con un valor inferior a los USD 12.250 (monto equivalente a esos 50 salarios mínimos calculados en dólares a la tasa del día de ayer), introducido ilegalmente en Colombia desde Venezuela, no se consideraría como contrabando, ni quienes lo introduzcan podrían ser objeto de sanción penal alguna.
Así mismo, el Artículo 7° de la precitada ley señala: Artículo  7°. Favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o sus derivados. Modifíquese el artículo 320-1 de la Ley 599 de 2000, el cual quedará así:
“Artículo 320-1. Favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o sus derivados. El que posea, tenga, transporte, embarque, desembarque, almacene, oculte, distribuya, enajene hidrocarburos o sus derivados que hayan ingresado al país ilegalmente, o que se hayan descargado en lugar de arribo sin cumplimiento de la normativa aduanera vigente, o que se hayan ocultado, disimulado o sustraído de la intervención y control aduanero cuya cantidad sea superior a veinte (20) galones… se impondrá una pena de prisión de tres (3) a cinco (5) años…”. Ocurre sin embargo, que como los contenedores (pimpinas) a través de los cuales se extraen los combustibles de Venezuela a través de las trochas fronterizas, tienen una capacidad de apenas 5 galones, cualquiera puede pasar hasta 4 pimpinas sin incurrir en contrabando; ocurre también que vaciando estas “pimpinas legales” logran llenar grandes contenedores desde los cuales expenden la gasolina o el diésel en el territorio colombiano o en el exterior, con la anuencia de ECOPETROL, que es la petrolera estatal colombiana.
El connotado economista venezolano Juan Carlos Valdez, con base en datos suministrados por el Presidente Maduro y el Vicepresidente Arreaza a mediados de 2015, ha estimado que las pérdidas en las cuales incurre el estado venezolano por concepto del contrabando de extracción de derivados de hidrocarburos, alimentos, artículos de higiene y aseo personal, medicinas, repuestos, etc., ascienden como mínimo a USD 10.000,00 millones anuales (13). Es evidente que un negocio de tales magnitudes, sólo puede ser manejado por las mafias del narcotráfico, las cuales al demandar ingentes cantidades de dinero venezolano en efectivo para pagar las mercancías en Venezuela, generan además un intenso contrabando de billetes venezolanos de alta denominación que prácticamente nos dejó sin billetes de 100 bolívares durante el pasado mes de diciembre y que continúa llevándose los billetes de mayor denominación de nuestro nuevo cono monetario.

Un marco legal que promueve la devaluación del bolívar frente al peso en las zonas fronterizas
La tasa oficial Peso Colombiano/Bolívar establecida el día de ayer por el Banco de la República de Colombia, que es equivalente a su Banco Central, fue: 1 Peso Colombiano = 0,003414 Bolívares, o lo que es lo mismo: 1 Bolívar = 292,91 Pesos Colombianos. Sin embargo, tal tasa de cambio no se aplica en la frontera ya que con arreglo al artículo 70 de la Resolución Externa 8 del 2000 (15), emitida por el mismo Banco de la República, “las tasas de cambio de compra y venta de divisas que apliquen los intermediarios del mercado cambiario (IMC), son aquellas que libremente acuerdan las partes en la operación”. Como podemos ver, se trata de que el estado colombiano ha declinado sus atribuciones en materia de política cambiaria en las 8 casas de cambio de Cúcuta, controladas por las fuerzas del narcotráfico y el “lavado” del dinero proveniente de todo tipo de actividades delictivas, las que de manera coercitiva determinan esa tasa cambiaria y la divulgan a través de la página www.bolívarcucuta.com. Con arreglo a dicha página, al día de ayer, un Peso Colombiano se cotizaba en 0,14 Bolívares, esto es, a un valor 41 veces mayor que el valor oficial determinado por el Banco de la República. Con base en una manipulación de este último valor, quienes editan la misma página determinan que la cotización del dólar frente al bolívar es de: 1 Dólar = 45.901,64 Bolívares, que pasa a ser un criminal marcador de los precios en nuestra economía actual.

Lo señalado en todos los párrafos anteriores es una clara demostración de cuanto nos afecta el ser vecinos de un país que ha caído en tan severa crisis de valores. Los dos últimos demuestran además, de manera indubitable, que el gobierno burgués colombiano ha pasado a ser el más importante ejecutor de la guerra económica que nos viene aplicando implacablemente el imperio desde finales del año 2012.

Por todo lo anteriormente expuesto, si no remato proponiendo el levantamiento de un muro fronterizo similar al que se vio precisado a levantar la República Democrática Alemana al inicio de la “Guerra Fría”, con muchas menos presiones de parte del imperio y sus aliados occidentales, no es por razones derivadas del Ideal Bolivariano, sino por los enormes costos que la ejecución de tal proyecto acarrearía en las actuales circunstancias. En todo caso, como se trata de la pervivencia de la patria, si voy a ser reiterativo en el planteamiento del cierre de todos los pasos de nuestra frontera terrestre con Colombia, con la ejecución de todas las operaciones militares asociadas.
¡Hasta la Victoria Siempre!
¡Patria o muerte!
¡Venceremos!

celippor@gmail.com
Caracas, octubre 31 de 2017