Por
qué la Exxon Mobil está empeñada en destruir la revolución bolivariana
Carlos
E. Lippo
Haciendo
uso de las más deleznables prácticas del capitalismo salvaje de finales del
siglo XIX y bajo el influjo de un cínico y mafioso lema comercial que decía sin
pudor alguno: "La competencia es un
pecado, por eso procedemos a eliminarla", el empresario estadounidense
John D. Rockefeller funda en 1870 la Standard Oil Co. Inc, con sede en Ohio
(USA), que poco tiempo después llegó a
ser la mayor empresa refinadora de petróleo en el mundo y una de las primeras y
más grandes corporaciones multinacionales del planeta.
Tanto
llegó a abusar dicha empresa de su posición de dominio que en 1911, a pesar de
todas sus influencias en el seno del gobierno, la Corte Suprema de los Estados
Unidos confirmó que su estructura y su desempeño se ajustaban al término de "monopolio" según la Ley
Sherman, exigiendo en consecuencia su desmembración. El mafioso consorcio hubo
de ser dividido entonces en 34 empresas independientes; dos de estas empresas
fueron la Standard Oil Company of New Jersey, que finalmente se convirtió en la
Exxon y la Standard Oil Company of New York, que años después se transformaría
en la empresa Mobil. De manera que las
dos empresas que se fusionan en 1999 para dar origen a la actual ExxonMobil, la
mayor petrolera privada del mundo, con una producción diaria de 4,1 millones de
barriles y un valor de capitalización bursátil o precio de mercado de un poco
más de 400 mil millones de dólares estadounidenses (1), no
son más que astillas de un mismo palo putrefacto.
La Standard Oil Company of New Jersey llegó a
Venezuela a finales de 1919, después de una fehaciente comprobación de la
cuantía mínima de las reservas petroleras venezolanas hecha por empresas
ligadas al Grupo Shell, operando inicialmente por medio de una filial, la
Standard Oil Company of Venezuela (SOV), que para 1928 había realizado 42
perforaciones en el lago de Maracaibo y el oriente venezolano, sin haber
logrado éxito comercial alguno (2).
Aprovechando las profundas deficiencias de nuestros
primeros instrumentos legales en materia de hidrocarburos; bajo el manto
protector generado por la alcahuetería de nuestros gobiernos entreguistas de
las primeras décadas del siglo XX; utilizando tácticas comerciales mafiosas heredadas
de su empresa madre, la Standard Oil Co. Inc de Ohio; y por intermedio de algunas
empresas relacionadas adquiere varias empresas concesionarias inactivas así
como todas las acciones de la British Equatorial Oil Co., empresa que poseía
bloques productivos en las riberas del lago, que resultaron ser los más
prolíficos del Campo Costanero Bolívar, uno de los yacimientos más grandes del
mundo. Finalmente fue creada la Creole Petroleum Corporation, como filial
venezolana de la Standard Oil Company of New Jersey, empresa que pasó controlar
todo el patrimonio y los derechos de esta última en Venezuela.
La Creole llegó a ser la empresa petrolera más
importante del país, alcanzando en 1950 una producción de 1.500.000 barriles
diarios (3), que representaba
en ese entonces el 40 % de la producción mundial de su empresa matriz, la
Standard Oil Company of New Jersey, ya conocida como Exxon, contribuyendo de
manera determinante a hacerla la empresa petrolera más grande del planeta. No
obstante, al mismo tiempo, al igual que la mayoría de las transnacionales extranjeras
que operaban en el país, estuvo detrás del secuestro del presidente de la Junta
Militar de Gobierno, coronel Carlos Delgado Chalbaud, que devino en magnicidio
el 13 de noviembre de ese mismo año, por haber éste ordenado traducir al idioma
farsi (persa) nuestra Ley Orgánica de Hidrocarburos, que siendo asumida por el
gobierno revolucionario iraní de Mohammad Mosaddeq le llevó a nacionalizar las
reservas petroleras de ese país amigo en 1951,
provocando luego su derrocamiento en 1953, con la participación de la
British Petroleum Co. (4).
La Creole al igual que el resto de las operadoras
extranjeras siempre se las ingenió para declarar al gobierno sólo una pequeña fracción
del petróleo que extraían para así escatimar, a la vista de todos, los reducidos
impuestos que en justicia y por ley correspondían a la nación. Persisten aún en
la mente de muchos zulianos las imágenes de sus tanqueros navegando de salida en
La Barra de Maracaibo, por debajo de sus líneas de flotación, a escasos centímetros
del fondo, rumbo a la refinería de su casa matriz en la vecina isla holandesa
de Aruba, privando así al país de los ingresos asociados a la exportación de
derivados del petróleo en lugar de crudos, así como de una cantidad importante
de puestos de trabajo para nuestra población.
En el mismo año de 1950, en tardío acatamiento de lo
previsto por la Reforma Petrolera de 1943, comienza a procesar en una refinería
que construyó en Amuay (estado Falcón), una ínfima porción del crudo que extraían
en el país, 60.000 barriles diarios, que representaba menos de la mitad de la
cantidad mínima establecida por dicho instrumento legal como obligación de las
concesionarias, lo cual no obstante fue considerado por la historiografía
entreguista de la época como un importantísimo logro. Hemos dicho en tardío
acatamiento de la ley porque desde más de un año antes, su principal
competidora, la Royal Dutch Shell, a través de su subsidiaria la Caribean Oil
Company, que refinaba en la vecina isla de Curazao, había comenzado a refinar
50.000 barriles diarios de crudo en su refinería de Punta Cardón (estado
Falcón), a partir de una producción apreciablemente menor.
La acción depredadora de la Creole no llegó a su fin
el 1° de enero de 1976, con la entrada en vigencia de la Ley que reservaba al
estado la industria y el comercio de los hidrocarburos (Ley de Nacionalización),
promulgada en agosto de 1975, puesto que ella al igual que el resto de las
operadoras extranjeras, recibió una indemnización de miles de millones de dólares
por la entrega de unas instalaciones que desde hacía más de una década, a raíz de
la promulgación de la Ley de Reversión, mantenían de manera más que deficiente;
no se le penalizó por haber dejado de inyectar gas a los pozos; se le pagó sumas
millonarias por la entrega de unos planos y unos manuales de operación que como
pudo comprobarse posteriormente estaban totalmente desactualizados; se le
otorgó una cantidad importante de innecesarios contratos de servicio con diferentes
alcances; y se le permitió retener para sí el mercadeo internacional de crudos
y productos, que es justamente la actividad más lucrativa del negocio
petrolero.
Ocurre entonces que esta “nacionalización” acordada en 1975 con el gobierno cipayo de Carlos
Andrés Pérez fue un negocio redondo para las operadoras transnacionales y muy
especialmente para la Creole, que siendo la mayor de ellas le tocó entregar el control
de todos sus activos, patrimonio y operaciones a la recién creada empresa
LAGOVEN S. A., que por ello se convirtió entonces en la mayor de las filiales
de Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA) y en una auténtica “quinta columna”, más dispuesta a atender los intereses de su
antecesora que los intereses del país. Y es que por mucho tiempo, todos los
datos de las operaciones de LAGOVEN, desde los correspondientes a los proyectos
más complejos hasta el simple cálculo de las nóminas de personal, siguieron
siendo procesados en el computador central (main
frame) de la Satandard Oil of New Jersey.
Insistimos en que no exageramos un ápice al decir que esta
caricatura de nacionalización fue un negocio redondo para las transnacionales,
porque con arreglo a la Ley de Reversión, promulgada en 1971 durante el primer
período de gobierno de Rafael Caldera, todas las instalaciones de las operadoras
petroleras transnacionales deberían pasar a ser propiedad del estado venezolano
a partir de 1983, sin pago alguno por parte de la nación y también porque la Ley
de Nacionalización promulgada con la anuencia de ellas, les dejó abiertas las
puertas para regresar en condiciones aún más leoninas para el país, como en
efecto ocurrió desde comienzos de los años noventa con aquella política entreguista
del segundo gobierno de Rafael Caldera que se llamó la “Apertura Petrolera”.
La Exxon (antigua Standard Oil of New Jersey) regresa
a operar en el país como socia de una empresa mixta llamada “Sucre Gas”, constituida en 1991, junto
con Shell, Mitsubishi Oil y PDVSA, a través de LAGOVEN, que tenía apenas el 33
% del capital accionario, en lo que era una clara privatización parcial de la
industria petrolera nacional. Dicha empresa explotaría una acumulación
gigantesca de gas libre (no asociado al petróleo) y de condensados, descubierta
por LAGOVEN, mediante un proyecto que se llamó Cristóbal Colón, destinado originalmente
a exportar toda la producción. Esta empresa fue cancelada en el año 2004 por no
ser compatible con el marco legal consagrado por la Reforma Petrolera de 2001 y
por haber sido redefinido totalmente el antiguo “Proyecto Cristóbal Colón”, que pasó entonces a llamarse “Proyecto Mariscal Sucre”, orientado entonces
hacia el consumo interno de gas en el marco de una nueva matriz de consumo
energético nacional que nos permitiría exportar mayores cantidades de crudos y
derivados líquidos.
Su empresa hermana, la Mobil (antigua Standard Oil of
New York), regresa al país en 1995 con actividades en el área de lubricantes.
Luego en 1997 constituye el “Acuerdo de Asociación Estratégica Cerro Negro” (Mobil: 42 %; PDVSA:
42 %; y British Petroleum: 16 %), para explotar uno de los
bloques de la entonces “Faja Bituminosa
del Orinoco”, así llamada porque las transnacionales aliadas a la
meritocracia petrolera vendepatria, negaban la existencia de petróleo, así
fuera pesado o extra pesado, en el mayor reservorio petrolero del planeta,
creando además una mezcla de petróleo con agua que llamaban “Orimulsión”, que vendían
internacionalmente a precios de carbón, en claro perjuicio del país. A partir
de la fusión en 1999, ExxonMobil sustituye a Mobil en la Petrolera Cerro Negro
S. A., manteniendo las operaciones hasta el año 2007, cuando se negó a aceptar
la migración de esta última empresa a otra en la cual PDVSA debía detentar el
60 %, como mínimo, del capital social, con arreglo al Decreto Ley No. 5.200,
que ponía fin a la privatización parcial de la Faja del Orinoco, entonces si reconocida
como faja petrolífera, contentiva de las mayores reservas de petróleo del
planeta.
A estas alturas es necesario puntualizar que de las 33
empresas sujetas a constituir empresas mixtas con PDVSA bajo las mismas
condiciones que la ExxonMobil, entre las cuales se encontraban, a título de
ejemplo, Chevron (USA), BP (Reino Unido), Total (Francia) y Statoil (Noruega),
31 estuvieron de acuerdo con hacerlo mientras que dos de ellas, Exxon Mobil y
Conoco Phillips se negaron, a la vez que decidieron iniciar acciones legales
contra PDVSA.
En ese mismo año (2007) Exxon Mobil solicitó un
arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a
Inversiones (CIADI), exigiendo el pago de la astronómica y absurda cifra de 20
mil millones de dólares de indemnización, pero no contentos con eso
introdujeron ante sendos tribunales de Londres y New York una solicitud de
congelamiento de bienes por 12.500 millones de dólares y otro arbitraje ante la
Cámara de Comercio Internacional, con sede en Estados Unidos.
A comienzos de 2008 y después de un mes de tener estos
activos congelados, un juez londinense no sólo revocó la medida sino que ordenó
a la Exxon que pagara a PDVSA 380 mil libras esterlinas como anticipo por los
costos judiciales en los que incurrió la estatal para defenderse ante los
tribunales londinenses (5).
En el año 2014 el tribunal arbitral del CIADI emitió
su veredicto: el estado venezolano debería pagar a Exxon por los antiguos
Proyectos Cerro Negro y La Ceiba, 1.591 millones de dólares; pero el CIADI
también reconoció el veredicto emitido en el año 2012 por la Cámara de Comercio
Internacional, a través del cual Venezuela pagó 908 millones de dólares a la
Exxon Mobil. Por lo tanto, PDVSA solo debería cancelar 683 millones de dólares
en un plazo de aproximadamente siete años (6). En resumen, tal como señaló en su oportunidad el
entonces canciller Rafael Ramírez Carreño, ExxonMobil sufrió una triple
derrota: recibirá un monto muy por debajo del esperado (menos del 5 % de lo que
estaba exigiendo), siete años después y habiendo perdido definitivamente la
oportunidad de hacer negocios con Venezuela, el país que posee las mayores
reservas petroleras del planeta.
Finalmente, un nuevo dictamen de CIADI, emitido el 09
de marzo del año en curso en respuesta a una apelación interpuesta por PDVSA en
el 2015, anula varias porciones del laudo de octubre de 2014 que “versan directamente sobre la valuación de
la compensación y las razones subyacentes” (7); es decir, que es altísimamente probable que
Venezuela no tenga que pagar un centavo de dólar más de los 908 millones que
PDVSA considerase como el justo valor de los activos de Exxon en Venezuela y
que ya pagase en el 2007. ¡Se trata entonces de una clamorosa victoria
legal sobre quienes están acostumbrados a sentirse por encima de la Ley!
El haber puesto fin a la larga cadena delictiva de
esta escoria empresarial que es la ExxonMobil, en momentos en los que se ve
agigantado su poder por la presencia de Rex Tillerson en la secretaría de
estado del imperio, aun bajo el marco de la mismísima “legalidad” capitalista, explica suficientemente el por qué dicha
mafia está empeñada en destruir la Revolución Bolivariana.
¡Hasta
la Victoria Siempre!
¡Patria
o muerte!
¡Venceremos!
(3) http://www.investigaction.net/es/la-inminente-amenaza-que-la-exxon-mobil-representa-para-venezuela/
(5) http://www.investigaction.net/es/la-inminente-amenaza-que-la-exxon-mobil-representa-para-venezuela/
celippor@gmail.com
Caracas, octubre 03 de
2017
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