Blog de Carlos E. Lippo

La inevitable confrontación con el estado burgués colombiano

Carlos E. Lippo

“La ingratitud es el crimen más grande que pueden los hombres atreverse a cometer”

Simón Bolívar, en carta al Coronel Vicente Aguirre fechada en Pativilca, Perú, el 9 de enero de 1824 (1)

Decía el Presidente Maduro en una sección de su habitual programa televisivo del pasado domingo (2) que durante el año 2016, año que sin duda ha sido el más duro de cuantos nos ha tocado vivir en revolución, se vinieron a vivir entre nosotros cerca de 100.000 ciudadanos colombianos, mientras que durante el mismo lapso regresaron al país alrededor de 20.000 compatriotas que hacían vida en ese vecino país; decía también que son ya 5.800.000 los ciudadanos de origen colombiano que viven entre nosotros y que completan el total de 27 millones de habitantes, que es la población actual de este país de gracia. (Un video contentivo de estas declaraciones está disponible en: https://youtu.be/oV6AwMHhXNA).

Es un hecho comprobado que estos casi 6 millones de ciudadanos de origen colombiano que viven en Venezuela, constituyendo más del 21 % de la población total, tienen acceso como cualquiera de los nacionales, sin discriminación alguna, a todos los beneficios sociales en materia de salud, educación, vivienda y alimentación, consagrados por las diferentes misiones y grandes misiones de la revolución bolivariana y que sólo en materia de vivienda han sido beneficiadas más de 280.000 familias, que han recibido una vivienda digna totalmente equipada, de forma gratuita o sujeta a ser pagada en inmejorables condiciones, en atención a su nivel de ingresos. Así lo ha reconocido Piedad Córdoba, activista de los derechos humanos en Colombia, quien al propio tiempo que condenaba el contenido xenófobo de unas infames declaraciones de su vicepresidente, que pasaré a comentar seguidamente, colgaba en su cuenta de twitter un video en el cual nuestro embajador en Colombia señalaba que para la fecha en la cual la GMMV había construido 1.200.000 viviendas, se habían asignado 280.000 a familias colombianas residentes en Venezuela (3).

Frente a este trato humano, digno, solidario e igualitario, por decir lo que menos, de nuestro gobierno revolucionario para con los millones de desplazados colombianos que han optado por vivir entre nosotros, el vicepresidente del vecino país ha emitido unas infames declaraciones en las cuales con motivo del anuncio de la construcción de dos centenares y medio de viviendas por parte de su gobierno, insta a las autoridad municipal que habrá de asignarlas, a que no se le entregue ninguna a ningún venezolano, señalando enfáticamente: “Estas casas son para población desplazada que vive en Tibú. No vaya a dejar meter a los venecos, por nada del mundo; esto no es para los venecos; no hay un sólo lugar en Colombia donde se permita que personas que no sean del país se beneficien de programas sociales” (4).

En relación a estas malhadadas declaraciones, considero que es insoslayable puntualizar lo siguiente:

Que a la luz de lo dicho en los párrafos iniciales, constituyen un supremo gesto de ingratitud del gobierno colombiano para con un gobierno genuinamente amigo, que como el nuestro lleva años ayudándole al asumir sus obligaciones para con unos seres que se ven obligados a emigrar a causa de la violencia interna y de su incumplimiento en ofrecerles la debida atención.
Que es absolutamente evidente que tienen un alto contenido xenofóbico, destinado a inducir sentimientos de odio y desprecio en la población colombiana en contra de los venezolanos; siendo oportuno señalar que la promoción de sentimientos anti venezolanos en la zona de la frontera no es nada nuevo como lo demuestra la campaña para alcalde de Cúcuta realizada por el candidato del partido liberal, que es el partido originario de Santos y Vargas Lleras, en el año 2015, con gran profusión de afiches acusando a los “venecos” de todo tipo de tropelías (5).
Que tanto las declaraciones en sí mismas, por su elevado contenido xenofóbico, junto a las declaraciones posteriores de la canciller Holguín y el propio vicepresidente Vargas Lleras, para intentar presentar excusas sin tener que ofrecer disculpas, cargadas de profundo cinismo e histrionismo, son una prueba más de que, tal como hemos dicho en anteriores artículos, el estado burgués colombiano se ha convertido en un verdadero estado forajido, según la caracterización de John Rawls (6) y la que aplican los Estados Unidos y la Unión Europea como pretexto para invadir a los países que no nos plegamos a sus designios. Hecho muy grave éste que convierte a Colombia en una real amenaza no sólo para nosotros sino para el resto de los países de la región no afectos al imperio.
Que no se trata de un hecho casual ni aislado, sino que las mismas están inscritas en la actual política del estado colombiano de querer seguir desangrándonos a través de la frontera, negándose a colaborar con nuestro gobierno en la construcción de la frontera de paz que les hemos propuesto, una demostración de la cual es su negativa a abrir los pasos fronterizos al tránsito de vehículos para que éstos puedan surtirse de combustible en las estaciones de servicio fronterizas creadas por PDVSA para intentar combatir el contrabando de extracción, a pesar de que previamente se habían comprometido a hacerlo y de que en dichas estaciones se les ofrece un producto de mayor calidad y a menor precio que el que ellos producen.

Desde tiempos ancestrales hemos estado expuestos a una confrontación militar con este ingrato vecino ya que entre las muchas cuestiones que él comparte con el imperio está su enorme deseo de ocupar nuestra privilegiada ubicación geográfica y su desmesurada apetencia por hacerse de nuestros ingentes recursos naturales de todo tipo. Contribuyen a demostrar la hipótesis anterior hechos tales como: el apoyo brindado en hombres, armas y pertrechos a la invasión del venezolano vendepatria Carlos Rangel Garbiras en 1901, durante el gobierno de Cipriano Castro; el atraque ilegal de la fragata Almirante Padilla en el mayor de los islotes de Los Monjes, en 1952, durante el gobierno de la Junta de Gobierno presidida por Pérez Jiménez; la incursión ilegal de la corbeta Caldas en aguas del Golfo de Venezuela, en 1987, durante el período de Jaime Lusinchi, así como innumerables incursiones ilegales a nuestro territorio realizadas tanto por su propio ejército como por sus aliadas fuerzas paramilitares.

Considero sin embargo que desde el advenimiento de la revolución bolivariana hemos entrado en un irreversible curso de colisión con el estado burgués colombiano, devenido desde hace algún tiempo en estado forajido, que desde el año 2000 viene aplicándonos una política de desangramiento económico plasmado en un perverso conjunto de leyes entre las cuales destacan: el decreto 2195 Ley 681 del año 2000 que marca el inicio de la legitimación de los combustibles venezolanos ilegalmente extraídos de nuestro territorio, así como los decretos 2338, 2339, 3353, 4236 y 4237 de 2004, que lo complementan; la famosa Resolución 8-2000 o Resolución Externa N°8 del Banco de la República de Colombia, aprobada en mayo de 2000 que autoriza la operación de los tristemente célebres “cambistas” de la frontera, con tasas cambiarias distintas a la establecida por ese instituto a nivel nacional y más recientemente la Ley Anticontrabando, Ley 1762 de julio de 2015, que con el pretexto de combatir este flagelo, en realidad lo promueve al legalizar toda mercancía que llegue a ese país, sin tomar en cuenta su origen, siempre que su costo sea inferior a un monto variable que se ajusta en el tiempo en función del salario mínimo.

Dando pues por sentado que la confrontación es inexorable, al igual que la confrontación con el imperio con la cual luce íntimamente relacionada, no nos queda otra cosa que prepararnos militarmente para ella, como me consta que estamos haciendo, concientizar para ella a nuestra población civil, por supuesto que sin caer en extremos chovinistas ni xenofóbicos e intentar promover al menos la neutralidad benévola de los colombianos que continúen viviendo entre nosotros.

Mientras tanto y con el propósito de abandonar de una buena vez esa postura de “seguir poniendo la otra mejilla” en aras de no comprometer la pretendida, deseable y necesaria integración regional, que tanto daño nos ha hecho y aún nos sigue haciendo, sugiero la adopción de las siguientes medidas de carácter económico:

Desistir de la venta de combustibles a precio preferencial en el área de frontera, para insistir en el establecimiento de estaciones de servicio a lo interno de Colombia, donde se expendería a sus mismos precios, con base en una autorización que habían prometido concedernos desde hace tiempo, sin haberla cumplido. Como opción se les ofrecería la venta en puerto colombiano a precios internacionales, como uno de los tantos clientes de PDVSA a nivel planetario. Cualquiera de estas medidas sustitutivas debería ser implantada después de adoptar las medidas necesarias para llevar a cero el contrabando de extracción.
Derogar, de manera unilateral por parte de Venezuela, todos los acuerdos monetarios con Colombia con el propósito de poder vetar el uso del bolívar en ese país.

Así mismo, con la intención de trasparentar a nivel internacional esa condición de estado forajido de la que viene adoleciendo Colombia, consideramos oportuno y conveniente sustanciar los expedientes requeridos para denunciar al gobierno de Colombia ante las instancias internacionales correspondientes, por la violación de acuerdos internacionales y/o la presunta comisión de delitos en casos específicos tales como:

La presunta violación del “Tratado para la Proscripción de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe” (Tratado de Tlatelolco de 1969 (7), en virtud de los acuerdos que dice estar suscribiendo con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
La presunta violación de la Declaración de CELAC que consagra a América Latina y el Caribe como Zona de Paz, con base en el respeto de los principios y normas del Derecho Internacional, los instrumentos internacionales de los que los estados miembros son parte y los Principios y Propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, derivada ésta de la presencia de bases militares estadounidenses en su territorio y de los acuerdos suscritos con la OTAN.
La promulgación de instrumentos legales que como la Ley Anticontrabando, promueven la comisión de ese delito al despenalizarlo bajo ciertas consideraciones.
La complicidad necesaria en la colocación en mercados internacionales de productos como café y combustibles derivados de hidrocarburos de procedencia venezolana, haciéndolos pasar como productos nacionales colombianos.
La complicidad necesaria en la comercialización interna de productos que habiendo sido extraídos ilegalmente de Venezuela, son re empacados para simular una procedencia nacional.