miércoles, 11 de enero de 2017



¿Qué hacer con la Asamblea Nacional burguesa?

Carlos E. Lippo




Cuando Usted comience a leer estas líneas habrán transcurrido al menos dos días del quinto año del periodo constitucional del Presidente Maduro, quien fue electo en mayo de 2013 con el propósito de completar el período que no pudo cumplir el Comandante Chávez. De tal manera que en el supuesto negado de que se produjese su falta absoluta en cualquier momento a partir de ahora, por cualesquiera de las causales contempladas en el artículo 233 de la Constitución, el Vicepresidente Ejecutivo de la República pasaría a completar dicho período. En suma, que  constitucionalmente estaría garantizada la presencia de un revolucionario al frente de la primera magistratura del país al menos hasta el 10 de enero del año 2019.

Este hecho representa por si solo un colosal fracaso para una oposición que unida, financiada y tutelada por el imperio, no sólo es que nunca lo ha reconocido como Presidente de la República, sino que lo ha intentado todo, tanto dentro como fuera del marco legal vigente, para defenestrarlo.

La única medida legal que han intentado con ese propósito es la promoción de un referéndum revocatorio del mandato, que debiendo haber sido activado hace exactamente un año, al iniciarse el cuarto año del período, fue intentado activar deliberadamente a destiempo y con tal cantidad de elementos fraudulentos en su solicitud ante el CNE que al hacerse nugatoria su posibilidad de convocatoria en el año 2016, dejaron de insistir en ella sin mayores esfuerzos y sin dar explicaciones a su militancia, no sin antes acusar al gobierno que más procesos electorales ha promovido en toda la historia republicana, de intentar perpetuarse en el poder negándose a convocar unas elecciones que legalmente deberían realizarse durante el último trimestre del año 2018.

En el terreno de la ilegalidad y/o de lo francamente delincuencial han intentado entre otras cosas:  acciones terroristas continuadas, de alto impacto, desde el día siguiente a su elección en mayo de 2013 y entre febrero y mayo de 2014; un golpe cívico-militar abortado en febrero de 2015, el llamado “Golpe Azul” (1), con participación protagónica del actual presidente de la AN; un intento de “golpe monetario”, a finales de 2016, con una participación protagónica de la totalidad de la banca privada y parte de la banca estatizada, así como una serie de acciones desestabilizadoras perpetradas desde la Asamblea Nacional con base en la amplia mayoría obtenida en diciembre de 2015, entre las cuales destacan: la permanente actitud obstruccionista de la gestión de gobierno; el conflicto continuado promovido con la casi totalidad de los órganos del resto de los poderes públicos, en especial con la FANB, el TSJ y el CNE; el arrogarse atribuciones que le corresponden al ejecutivo y al TSJ o atribuciones no contempladas en la Constitución cual es el juicio político al presidente con miras a su destitución y la más reciente de ellas, el intento de  destitución con base en la declaratoria de abandono del cargo, acordada con los votos de su fracción (106 a favor y 3 abstenciones), en la sesión del pasado 09 de enero.

Sobre el acuerdo en sí, identificado con el pomposo título de “ACUERDO SOBRE EL ABANDONO DE LAS FUNCIONES CONSTITUCIONALES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA EN QUE HA INCURRIDO EL CIUDADANO NICOLÁS MADURO MOROS” (2), cuya nulidad ya ha sido demanda por la fracción parlamentaria de la patria ante el TSJ, sólo diré por ahora que se trata de un larguísimo documento en el cual después de 24 considerandos, el primero de los cuales se apoya en dos de los artículos de la “Carta Democrática Interamericana”, se aborda a 6 acuerdos el quinto de los cuales junto al primero de los considerandos revela la agenda oculta de los autores que no es otra que la de seguir implorando la intervención extranjera para derrocar a Maduro.

Nuestra apreciación es que el documento de marras es sólo un esperpento carente de toda eficacia jurídica y política y para demostrarlo habremos de hacer uso de las opiniones de connotados opositores que escribieron o declararon sobre el tema antes o después de que fuese aprobado.

El conocido abogado y profesor universitario opositor José Vicente Haro logra demostrar fehacientemente la total ineficacia jurídica de la medida en un artículo publicado en el portal “Prodavinci”, un resumen del cual ha sido publicado en este mismo portal (3). En efecto, el profesor Haro comienza por decir que hay que distinguir entre el abandono del cargo, que efectivamente puede ser decretado por la Asamblea según el 233 y la destitución del presidente que únicamente puede ser decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, según el mismo 233.
Continúa haciendo mención a la nota de prensa del TSJ publicada en fecha 09 de enero, antes de celebrarse la sesión de la AN, en la cual afirmó en su jurisprudencia que “la referida sentencia (# 948)  destaca especialmente la prohibición a los diputados y diputadas de convocar y realizar actos que alteren el orden público; instigaciones contra autoridades y Poderes Públicos, así como otras actuaciones al margen de los derechos constitucionales y del orden jurídico".
Y finaliza su artículo el reputado profesor comentando otro obstáculo que tiene la Asamblea Nacional para hacer efectiva su declaración, la cual es distinta a la destitución que han intentado instalar forzadamente en la opinión pública. “Si el acto por el cual la Asamblea declara el abandono del cargo no es publicado en Gaceta Oficial, el Gobierno probablemente considere que ese acto no puede producir efectos jurídicos, lo que equivale a decir que la declaratoria de abandono no implicaría la remoción del Presidente”. Y a partir de esto concluimos nosotros que la malhadada decisión de la AN no puede tener como efecto inmediato la destitución del presidente Nicolás Maduro o la cesación de sus funciones constitucionales, tanto por no tener la facultad para hacerlo como por encontrarse ésta en desacato.

Pero si alguien aún pudiese considerar que este extenso dictamen profesional no fuese suficiente para demostrar la ineficacia jurídica del acuerdo, deberían bastarle unas declaraciones de Cecilia Sosa Gómez, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia en las cuales la exmagistrada opositora señalaba, palabras más, palabras menos, que: … la declaración del abandono del cargo por parte del presidente Nicolás Maduro acordada este lunes por la Asamblea Nacional, “es una acción más política que de efecto jurídico” (4).

Para juzgar la eficacia política de la medida haremos uso de lo sustancial sobre el tema contenido en las declaraciones y artículos de prensa de las siguientes organizaciones y articulistas opositores:

  • Comunicado de PROVEA, conocida ONG financiada por la USAID (5), publicado antes de la celebración de la sesión de la AN: “…la declaratoria de ´abandono de cargo´, en la forma como está siendo promovida por algunos voceros políticos, es una interpretación forzada de la Constitución que agravará el debilitamiento de la institucionalidad democrática en nuestro país”.
  • Declaraciones de Enrique Ochoa Antich, en representación de Foro Cambio Democrático (6), el 08 de enero:    “… es la típica estrategia de la oposición que no nos conduce a ningún lado, que nos lleva a la nada. Al final de esto lo único que va a haber es una nueva decepción. No habrán elecciones dentro de 30 días como por ahí fantasiosamente y de manera casi adolescente como si fueran dirigentes estudiantiles de educación media, sencillamente no habrán elecciones y lo que habrá es una nueva decepción”.
  • Declaraciones de Henry Falcón, en representación de su partido “Avanzada Progresista” (7), al ofrecer explicaciones sobre el por qué tres diputados del partido que preside decidieron abstenerse en la votación sobre el abandono del cargo del presidente Nicolás Maduro, ya que no compartían la propuesta al considerarla un nuevo salto al vacío que solo generará falsas expectativas en la población y   “… a la postre se va a convertir en una gran frustración”; para terminar diciendo que “… hay gente que ha salido diciendo que en 30 días habrá elecciones, eso es engañoso”.
  • Chúo Torrealba, el por ahora Secretario General de la MUD (8), horas después de la sesión: “Más que tener hoy la barajita del abandono del cargo, como ayer se tuvo la consigna del referéndum, nosotros, el campo democrático, la sociedad democrática venezolana, necesitamos una estrategia de poder”.
  • Henry Ramos Allup (9), quien durante su intervención en la sesión de marras y haciendo uso de su acostumbrado vocabulario críptico, dijo cosas como éstas: “… nosotros vamos hoy a adoptar esta decisión política, y sabemos que no va a haber elecciones (…) Nosotros sabemos que no va a pasar ninguna de las dos cosas” (elecciones en 30 días o que el Vicepresidente finalice el mandato) y “… hay que decirle a la gente que nosotros no estamos haciendo las cosas de inocentes, a sabiendas de que no va a haber elecciones. ¡Lo estamos haciendo a conciencia!” (¿!).
  • Alberto Barrera Tyszka, reputado articulista opositor (10), en un interesante artículo publicado el 08 de enero, increpaba a Borges con frases como éstas: “Tratar de demostrar que Nicolás Maduro ha abandonado su cargo puede ser un ejercicio retórico interesante, pero es un ejercicio audaz de la imaginación. Hay que tener mucho pensamiento abstracto para encontrarle rápida coherencia a esa propuesta. Yo sospecho que a la mayoría de los venezolanos la experiencia nos dice otra cosa”; “… hace un año, diputado Borges, cuando la oposición tomó posesión del Parlamento, nos ofrecieron concentrar su acción política en la salida de Maduro de Miraflores. Y fracasaron. Las explicaciones dan para un largo debate. Las especulaciones dan para un maratón de disputas. Esta semana, al asumir la Presidencia de la AN, usted ha vuelto a poner en el centro de su programa la salida de Maduro. Por supuesto que tiene otras propuestas pero su centro, su primera convocatoria, su urgencia, apunta nuevamente hacia lo mismo” y para cerrar la siguiente perla: “Lo peor de todo, diputado, y perdóneme la desesperanza, es la inquietante sensación de que la élite política -sin importar bandos o ideologías- está cada vez más aislada. Que vive pendiente de sus intereses y de sus proyectos, de sus cupos y de sus cuotas de poder, muy lejos del país real, abandonado, devorado por la simple y brutal economía”. ¡Imposible una mejor descripción de la dirigencia de la contra que la que encierra esta lapidaria frase!

Es indudable que después de leer todos estos testimonios, será extremadamente difícil para alguien el contradecir nuestra apreciación inicial sobre esta reciente decisión de la Asamblea, que no sólo adolece de una absoluta ineficacia legal y jurídica sino que habrá de tener para la actual dirigencia de la contra un descomunal costo político, al mostrarla tal cual es: políticamente deficiente; intolerante con sus compañeros; totalmente sumisa a los dictados del imperio cuyo máximo representante en Venezuela,  que suponemos que fue quien transmitió la orden de cometer tal atrocidad fue nuevamente invitado de honor en la sesión de instalación y finalmente, como dice Barrera Tiszka, pendiente sólo de sus intereses, de sus proyectos, de sus cupos y de sus cuotas de poder.

Entrando finalmente en materia después de este larguísimo preámbulo debo decir que, a pesar de todos sus desafueros soy contrario a la idea de intentar disolver la actual Asamblea, tal como fue propuesto el año pasado por algunos camaradas y que como pienso no tardarán en proponer otros a partir de esta reciente decisión.

Estimo que debemos dejar que ella se siga consumiendo a fuerza de seguir cometiendo acciones de la misma naturaleza y que se siga cocinando en su propia salsa, un poco como lo que ocurrió con aquellos militares de Plaza Altamira, que terminaron huyendo como las ratas que eran, sin disparar un solo tiro ni mucho menos haber contrastado democráticamente sus ideas políticas, si es que tenían alguna

Desde luego que simultáneamente habría que buscar una forma legítima de impedir que sus miembros opositores sigan percibiendo remuneraciones de todo tipo, sólo por conspirar y perpetrar sus corruptelas, y por supuesto que sigan gozando de esa suerte de patente de corso disfrazada de inmunidad parlamentaria que les ha permitido hasta ahora cometer impunemente todo tipo de delitos.

Considero esto porque a mi juicio no tendría ningún sentido sustituir esta malhadada Asamblea por cualquier otra que fuese electa de la misma manera, lo cual le conferiría indubitablemente un carácter burgués, independientemente de la correlación de fuerzas que ésta pudiera tener.

Se trataría entonces de seguir avanzando en la transición al socialismo, tarea para la cual estimo que nos encontramos en condiciones más que suficientes, comenzando por elegir bajo nuevos métodos, una Asamblea Nacional que sea verdadera expresión del Poder Popular en lugar de intentar representarlo con mayor o menor fortuna, como ha ocurrido con las Asambleas de mayoría chavista que hemos tenido.

Si algún camarada tuviese dudas sobre nuestra capacidad de seguir avanzando en la transición al Socialismo o sobre la oportunidad de implantación de lo que estoy proponiendo he de decirle que se trata además de una simple cuestión de supervivencia pues como señala aquella frase atribuida a Rosa Luxemburgo, la invalorable “Rosa Roja”, “… toda revolución que no avanza retrograda… “.

¡Prohibido fallarle a la Patria, prohibido fallarle a la Revolución… prohibido fallarle a Chávez, carajo!
¡Hasta la Victoria Siempre!
¡Patria o Muerte!
¡Venceremos!

              
celippor@yahoo.com
Caracas, enero 11 de 2017

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