miércoles, 21 de diciembre de 2016



Es imperativo estatizar la banca privada

Carlos E. Lippo




En fecha ya tan lejana como los inicios del mes de febrero de 2015 el diario Panorama de Maracaibo, único medio de la derecha que me merece aún cierto grado de credibilidad, reseñaba algo así como que el “rebusque” de moda en aquellos días, en esa región era pasar la frontera para vender billetes de 100 bolívares a precios que oscilaban entre los 120 y los 140 bolívares (1); reseñaba también que los billetes de 50 se compraban a un precio entre 60 y 70 bolívares y que el pago se hacía por medio de transferencias electrónicas a las cuentas de los vendedores en Venezuela y en algunos casos con billetes de menor denominación. La reseña señalaba además que el insólito “negocio” se venía realizando desde hacía por lo menos cuatro meses, esto es, desde finales del año 2014.

En un artículo nuestro de fecha 23 de julio de 2015, publicado en éste y en algunos otros portales revolucionarios, titulado: “Contra el contrabando de extracción: ¡ruptura de las relaciones comerciales y cierre de la frontera, ya!” (2), al registrar este curioso fenómeno y su presencia también en la frontera tachirense, apuntábamos que “la fuga” de billetes de alta denominación  había alcanzado niveles tales en aquellos días, que había motivado una investigación especial a cargo de funcionarios de la Superintendencia de Bancos (SUDEBAN), comenzando por las entidades bancarias del eje fronterizo San Antonio-Ureña, señaladas por muchos de sus clientes de estar haciendo los correspondientes pagos en bolívares en billetes de las más bajas denominaciones. O sea, podemos ver que la propia SUDEBAN ya sabía desde aquellos días que algunos bancos estaban entorpeciendo la normal circulación de nuestros billetes.

En relación al uso que daban las mafias colombianas compradoras a este billete sobrevalorado se planteaban fundamentalmente dos hipótesis: la más generalizada, que decía que dichos billetes se utilizaban para pagar con mayor comodidad los bienes adquiridos en el país para ser pasados de contrabando al otro lado de la frontera y la otra, con menos apoyo, según la cual el billete era tratado mediante un proceso químico para luego utilizar su papel de seguridad para imprimir dólares falsos.

La primera de las hipótesis resultaba poco verosímil debido a la carencia de billetes de alta denominación, que ya era perceptible en todo el país a través de las limitaciones establecidas por la banca local sobre los montos a ser dispensados por los cajeros electrónicos, puesto que de ser cierta esta hipótesis no habría tanta escasez ya que el billete saldría de circulación temporalmente para luego reingresar al torrente monetario al ser realizadas las compras.

La segunda de las hipótesis que resulta muy difícil de comprobar debido a que los gringos serían reacios a reconocer tal posibilidad, más aún después de que han emitido nuevos billetes “super seguros”, según el Banco de la Reserva Federal, carecería de mayor verosimilitud aún que la primera por el daño que ella entrañaría para la economía imperio, que como veremos a continuación estaba detrás de los hechos.

Al día de hoy es un hecho comprobado que esta “fuga” inducida de nuestro papel moneda de mayor denominación obedecía a una macabra operación de guerra económica planificada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que es una copia casi al calco de la aplicada en contra del gobierno de Sadam Hussein después de la derrota en la primera guerra del golfo (3) y que guarda un gran parecido con la aplicada en Libia, cuya invasión por parte de las fuerzas de la OTAN tuvo una marcada motivación monetarista, como lo demuestra el que una de las primeras acciones de los “rebeldes”, estando reducidos al área de Bengasi y bastante lejos de recibir el poder de manos de los invasores, fue crear un nuevo banco central para emitir una nueva moneda (4).

Para poder desarrollar tan formidable agresión el imperio ha contado con operadores locales y extranjeros de distinta naturaleza entre los cuales destacan a nuestro juicio: gobiernos extranjeros, entidades bancarias locales, transportistas internacionales, delincuencia organizada transnacional, la contrarrevolución toda, unos funcionarios corruptos de la FANB y una quinta columna enquistada en algún banco público y en algunos organismos de gobierno como la SUDEBAN.

El objetivo inmediato de la operación, al restringir severísimamente la capacidad de pago en una época en la que las grandes masas populares disponen de ingresos adicionales por lo que tradicionalmente incrementan su adquisición de bienes y servicios, era inducir la protesta violenta, explicable y hasta cierto punto justificable, de esas mismas masas para que junto a algunos casos de violencia ejecutados por las fuerzas paramilitares de la contrarrevolución, similares a los de Guasdualito y de algunas localidades en el estado Bolívar, se generase un estado de violencia generalizado que produjese la caída del gobierno revolucionario o que en el caso contrario desatase una auténtica guerra civil capaz de justificar la intervención armada del imperio.

A mediano plazo la operación tenía un importantísimo objetivo crematístico que sin duda fue el mayor incentivo para incorporar a los operadores menos politizados (la banca privada, la delincuencia organizada transnacional y los demás corruptos de todo pelaje involucrados), y es que a la caía del gobierno o de la eventual ocupación del país por fuerzas extranjeras, los billetes serían vendidos a las autoridades usurpadoras a elevados precios en oro o divisas fuertes, para poder ser repatriados o simplemente devueltos al circuito monetario.

Tomando en consideración que con arreglo a información procedente del BCV (5), se había emitido un total de 6.111 millones de billetes de 100 bolívares, hay algunos datos aportados por el Presidente Maduro en su alocución del 17 de diciembre (6), en la oportunidad en la que anunció que se levantaba la medida de suspensión de circulación de dicho billete, vigente desde el día 15 y se prorrogaba su período de circulación hasta el próximo 02 de enero, que permitirán extraer algunas conclusiones en relación al destino de los billetes sacados ilegalmente del circuito económico venezolano y sobre la autoría material de tan monstruoso delito.

En efecto, decía el Presidente que producto de la operación estaba en circulación sólo el 5 % de los billetes emitidos (306  millones), o lo que es lo mismo, que estaba  retenido, fuera o dentro del país, el 95 % (5.805 millones de billetes); dijo también que en las 72 horas de canje se elevó la cantidad disponible al 70 % (4.278 millones), de lo cual se deduce que la cantidad de billetes retenida en el país y recuperada durante las tres jornadas bancarias de 7 horas (75.600 segundos) era como mínimo de 3.972 millones de billetes (4.278 – 306), lo cual daría un promedio de 52.540 billetes recuperados por cada segundo.

De estos primeros datos surgen dos conclusiones importantes: que la cantidad máxima de billetes sacados de nuestras fronteras podría ser de 1.833 millones de billetes, equivalentes a la astronómica cifra de unos 183.300 millones de bolívares; y que la inmensa mayoría del dinero recuperado estaba en las bóvedas de la banca comercial, las de algunas de sus empresas relacionadas y las de otras especialmente creadas para este propósito, ya que es físicamente imposible que el dinero canjeado hubiese sido entregado por el público a razón de 52.540 billetes por segundo.

Posteriormente, en su programa televisivo del día de ayer, el Presidente corrigió algunos de los datos que inicialmente había aportado, en el sentido de decir que sólo contábamos con el 2 % de los billetes de 100, para el momento en que toma la medida de sacarlos de circulación y que la cantidad de billetes recuperada con el canje era muy cercana a los 5.000 millones de billetes. Dichas correcciones no hacen más que evidenciar una mayor criticidad de la situación y una mayor participación de la banca privada nacional en esta abominable conspiración, que es precisamente la hipótesis que queríamos demostrar.

No sería ésta la primera vez que la banca privada nacional en pleno conspira en contra de la Revolución Bolivariana. Bastaría con recordar su participación, sin ningunas excepciones, en el golpe de abril de 2002, en el cual el BBVA Provincial, ligado a la familia de Lorenzo Mendoza, desempeño un rol protagónico, así como el restringidísimo horario de trabajo que impusieron a lo largo de los más de dos meses del paro sabotaje petrolero de 2002-2003, que se constituyó en un auténtico “corralito bancario”, con muy poco que envidiar al implantado por los últimos gobiernos neoliberales de la arruinada Argentina de la época anterior a la llegada de los Kirchner.

Y es que la banca privada nacional, parasitaria como todos los sectores del mal llamado aparato productivo privado del país, a pesar de tener ingentes ganancias derivadas fundamentalmente del  manejo legal y en algunos casos ilegal de las divisas preferenciales otorgadas por el gobierno, tiene grandes motivos de resentimiento con una revolución que cuando algunos de sus miembros quiebran, como ocurrió durante la crisis bancaria del año 2009, se avoca a auxiliar a los sufridos depositantes en lugar de auxiliar a los dueños felones, como era la práctica usual de los gobiernos de la cuarta república.

Considero que la crisis generada por esta terrible operación de obstrucción de los medios físicos de pago mediante la extracción de los billetes de mayor denominación, así como de los medios electrónicos de pago, mediante el auto sabotaje de la mayor plataforma tecnológica del país (CREDICARD), ha sido excelentemente manejada por el Gobierno Revolucionario; sin embargo, la crisis aún no ha terminado y de mantenerse las mismas condiciones nada impediría que se cumpla la profecía auto realizada del inefable economista Guerra (7), en el sentido de que se lleven los billetes del nuevo cono monetario y se vuelva a sabotear la plataforma de pago electrónico.

Para poder alcanzar la solución definitiva a esta crisis que sigue amenazando con dar al traste con nuestra revolución y con comprometer seriamente la soberanía del país, considero imprescindible proceder a una estatización de la banca privada y a una reestructuración a fondo de la Superintendencia de Bancos (SUDEBAN) y de la banca pública, en especial del Banco de Venezuela, instituciones éstas en las cuales sin duda alguna se ha enquistado una activísima quinta columna de nuestra revolución.

La estatización de la banca privada, propuesta por nosotros de manera razonada en varias artículos anteriores y cuya factibilidad y oportunidad fuese planteada en un reciente artículo publicado en este mismo portal, en fecha 19 de noviembre con el título “Urge aprovechar el momento para consolidar la Revolución Bolivariana” (8), debe ser ejecutada de manera progresiva, con arreglo a un esquema de prioridades que obviamente debe plantear en primera instancia la estatización de los bancos con mayor protagonismo en la actual coyuntura de guerra económica contra el país.

En atención a este criterio estimamos que la estatización debe iniciarse con las siguientes instituciones:
Banesco, actualmente investigado por su presunta responsabilidad en la retención y extracción de billetes del territorio nacional y BOD, investigado por la comisión del mismo delito y por su presunta responsabilidad en el auto sabotaje de la plataforma de CREDICARD; BANCARIBE, socio del Consorcio CREDICARD, junto al BOD y el Banco de Venezuela y con una fuerte participación del capital financiero extranjero a través de The Bank of Nova Scotia (Scotiabank), uno de los bancos más importantes del mundo (9); y finalmente Citibank y BBVA Provincial, entidades subsidiarias de bancos extranjeros (Citibank Group y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria), de conocida trayectoria conspirativa en contra de nuestro país.

Así mismo, considero necesario que se realice una reestructuración a fondo del estatizado Banco de Venezuela, cuyo comportamiento habitual y en el curso de esta crisis se ha diferenciado en muy poco del de los bancos privados de su mismo nivel; de igual forma debe procederse a una reestructuración aún más profunda del ente supervisor, puesto que es materialmente imposible que no estuviesen al tanto de lo que estaba ocurriendo en nuestro sistema bancario y que sabiéndolo no lo hayan evidenciado ni mucho menos hayan arbitrado ninguna medida efectiva de carácter correctivo.
¡Hasta la Victoria Siempre!
¡Patria o Muerte!
¡Venceremos!

(9)     http://economia.noticias24.com/noticia/140/confidencias-bancarias/

Caracas, diciembre 21 de 2016

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