El
visible contubernio entre la contrarrevolución y la economía criminal
Carlos
E. Lippo
Considero
que la palabra contubernio, que la Real Academia Española de la Lengua define
en una de sus acepciones como liga o
alianza de carácter ilícito y deshonroso, describe apropiadamente esa abominable
relación de la contrarrevolución venezolana con factores de la criminalidad
nacional y transnacional, que efectos tan perversos ha tenido sobre nuestra
vida cotidiana durante los últimos años. Considero además que para situar el
tema en un marco de referencia adecuado se requiere presentar un breve resumen
descriptivo de la naturaleza y alcances de éste auténtico superpoder mundial.
Comenzaremos
entonces por decir que desde hace ya bastante tiempo el volumen de la economía
criminal a nivel mundial, o lo que es lo mismo, la suma de todos los ingresos
provenientes de las principales actividades delictivas tales como el tráfico de
drogas, personas, animales silvestres, órganos humanos, armas y materiales
nucleares, así como por los servicios controlados tradicionalmente por las
mafias (prostitución, trabajo clandestino, secuestro, extorsión, juego y cambio
de monedas) viene alcanzando el orden de los billones (millones de millones) de
dólares anuales.
Según
datos de la ONU correspondientes al año 2.009 (1),
1 billón seiscientos mil millones de dólares provenientes de actividades
criminales entraron en el sistema financiero mundial para ser “lavados” durante ese año y casi todos
se quedaron en él, puesto que sólo algo más de 300 millones, fueron
descubiertos e incautados. Y que conste que a partir de esta astronómica cifra
que representaba un 2,5 % del PIB mundial de ese año, estimado por el FMI en
unos 63,8 billones de dólares, podría estimarse en 2,12 billones de dólares el
monto total de la economía criminal generado en ese mismo año, lo cual
representaba el 3,3 % del Producto Interno Bruto (PIB) mundial. Y
todo apunta que desde esa fecha para acá este porcentaje ha aumentado de manera
significativa.
Ante
esta pavorosa e incontrovertible realidad, la inmensa mayoría de los gobiernos
de los países capitalistas a nivel planetario, no sólo es que no se han ocupado
de alistarse en una gran cruzada para combatir el crimen organizado, como lo ha
demando infructuosamente la ONU en numerosas oportunidades y lo siguen exigiendo
mayoritariamente sus pueblos, sino que acostumbrados como lo están a convivir simbióticamente
con él, se disponen a sacarle el mayor provecho económico posible.
Tal
es el caso de las grandes y de las no tan grandes potencias capitalistas
neoliberales agrupadas en la Unión Europea, así como de no pocos países de
nuestra región, entre los cuales se encuentran los que mantienen las mayores
relaciones de sumisión con el imperio y frecuentemente nos son puestos como
ejemplo a seguir en materia económica por nuestra oposición vende patria:
Méjico, Colombia y Perú, entre otros.
Es
sabido que en la Unión Europea, países tenidos como amplios y tolerantes en
materia social y que normalmente muestran bajos índices delictivos, tales como
Suecia, Noruega y Finlandia, incluyen los ingresos provenientes de la economía
criminal en el cálculo de su Producto Interno Bruto (PIB) desde hace varios
años, al igual que Austria (2); otros
como Reino Unido, Italia, Irlanda, España y Portugal, se encontraban trabajando
sobre el tema a mediados del 2.014, siguiendo directrices de la Oficina Europea
de Estadísticas (Eurostat) y para este año 2.016 cada uno de los veintiocho
miembros de la UE deberán contemplar el monto de la economía criminal para el
cálculo del PIB, con arreglo a la nueva normativa de Eurostat a ese respecto,
aprobada en el 2.014.
,
En
verdad que da pena ajena ver a los organismos de estadística económica de los
países europeos estimar, con mal disimulado entusiasmo, el incremento que
producirá la integración de la economía criminal en el PIB de sus respectivos
países, que sitúan entre un nada desestimable 0,7 %, en el Reino Unido, hasta
un elevadísimo 10,9 % en el caso de Italia.
Jeannine
Aversa, vocera de La Oficina de
Análisis Económico de los Estados Unidos, institución que calcula el PIB de ese
país, ha declarado con la doble faz que les es característica que: “no tienen planes por ahora de incluir
gastos en actividades ilícitas”. Sin embargo señala que el PIB estadounidense
crecería cerca de 3% si se adoptaran todos los cambios de la Unión Europea, de
acuerdo con las normas de cálculo de Eurostat, lo cual permitiría ubicar el
monto de la economía criminal en el gigante del norte en un astronómico medio billón de dólares, para
el presente año 2.016.
Para
muchos analistas es claro que esta inmensa masa de dinero sucio cubre gran
parte de déficit comercial de los Estados Unidos, que alcanza varios centenares
de miles de millones de dólares anuales. Sin
este dinero sucio la balanza de pagos
de la economía norteamericana sería absolutamente insostenible; los niveles de
vida de la población caerían; el dólar se debilitaría aún más; la inversión y
disponibilidad de capital de préstamo se reducirían y Washington no sería capaz
de sostener su imperio global.
Un
informe del Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas (3),
divulgado hace algunos años, caracterizaba la situación de la economía criminal
mundial por medio de estas dramáticas palabras: “La reestructuración de la
economía, el comercio y las finanzas en un mundo dominado por el neoliberalismo
ha provocado la globalización del crimen. Mientras los sistemas
estatales se desmoronan bajo el peso de la crisis financiera, el crimen
organizado comienza a jugar un papel dominante en la economía y la política de
los estados, a la vez que aprovecha la desregulación del sistema financiero
internacional para lavar su dinero mal habido. El crimen se ha transformado, de
esa forma, en parte integrante del sistema económico internacional, con
trascendentales consecuencias sociales, económicas y geopolíticas”.
En
el caso de Nuestramérica el referido informe señala más adelante que en países
como Colombia “los carteles de la droga invadieron el aparato estatal y se integraron
al partido político gobernante”, señalamiento que queda ampliamente demostrado
por el hecho de que en 1.995 más de una docena de miembros del congreso, el
contralor, el fiscal general y el ministro de defensa fueron procesados por
aceptar pagos del Cartel de Cali. Pero si quedase alguna duda sobre los señalamientos
oficiales de esta dependencia de la ONU a este respecto, ella debería quedar
plenamente despejada por la ascensión a la
presidencia de ese país de Alvaro Uribe Vélez (a) “El Narcotraficante # 82”, antiguo mandado de Pablo Escobar
Gaviria, jefe del Cartel de Medellín, en el año 2.002, quien se mantuvo en el
cargo hasta el año 2.010 y continúa detentando un poder casi omnímodo en ese
vecino país férreamente controlado por el narco paramilitarismo.
Un
informe basado en datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística
(DANE) y la Policía Nacional de Colombia, divulgado a mediados del 2.014 (4),
mientras señalaba que están tipificadas unas 44 modalidades vinculadas al
lavado de activos y la economía ilegal, sostiene que tales actividades delictivas pueden estar aportándole
al PIB del país más del 2,3%, algo así como unos 13.600 millones de dólares.
Sin embargo, si tomamos en consideración que sólo el contrabando de extracción
procedente de Venezuela reportaba a sus gestores colombianos a mediados de
2.015 una cantidad estimada entre los 8 mil y los 12 mil millones de dólares
anuales, es evidente que el aporte de la economía criminal al PIB de este
sufrido país debe estar varias veces por encima de esa estimación oficiosa.
Existiendo
como efectivamente existe un amplio consenso entre los investigadores
parlamentarios estadounidenses, los ex banqueros y los expertos bancarios
internacionales sobre el hecho de que los bancos estadounidenses y europeos
lavaban ya en el año 2.001, entre medio billón y un billón de dólares de dinero
sucio anualmente y que la mitad de ese dinero iba a dar a los Estados Unidos (5),
resultaría
más que iluso pensar que la “gran banca privada venezolana”, con sucursales y
bancos corresponsales en ese país y en numerosos paraísos fiscales del Caribe
no haya tenido y continúe teniendo una participación importante en esta funesta
actividad criminal.
Una
evidencia irrefutable de esta participación está constituida por el hecho de
que no pocos altos ejecutivos de bancos privados venezolanos fueron apresados
en territorio norteamericano y acusados de estas actividades durante la década
de los noventa del siglo pasado; también la constituye algo que es un secreto a
voces en relación a que ha sido como producto de este tipo de actividades, que
un joven ejecutivo bancario venezolano ha logrado convertirse en el segundo
hombre más rico del país.
No
hay duda alguna en relación al hecho de que hasta hace pocos años esta actividad
de lavado de dinero por parte de la “gran
banca privada nacional”, constituía el mayor aporte del país a la economía
criminal mundial. Sin tener evidencia alguna de que tal situación haya cambiado,
pienso que el contrabando de extracción de hidrocarburos así como de bienes e
insumos producidos en el país o importados por el gobierno nacional para
llevarlos al pueblo a precios considerablemente más bajos que los del mercado internacional;
la extracción y comercialización ilegal de metales preciosos y otros minerales
de carácter estratégico como el coltán (niobio y tantalio), así como el cambio
vil de nuestra divisa por la divisa colombiana en las casas de cambio de la
frontera bajo la presión generada por los narcoparamilitares y al amparo
cómplice de la legislación criminal de ese país, están haciendo aportes
significativos a ese monstruo que amenaza con destruir a la humanidad entera.
La
existencia de esa abominable alianza de la contrarrevolución con el crimen
organizado nacional y transnacional a la que se refiere el título de estas
notas queda plenamente demostrada por hechos como los que paso a resumir a
continuación:
· Su
renuencia permanente a apoyar las iniciativas del gobierno tendientes a
combatir el crimen organizado transnacional, como es el caso del cierre de
fronteras y los estados de emergencia decretados en los municipios de la
frontera occidental a partir de agosto de 2.015, como una medida para combatir
el contrabando de extracción y una inmensa gama de delitos que se venían
cometiendo en esas apartadas regiones.
· Su
actitud de saboteo a las OLP (Operaciones de Liberación del Pueblo)
desarrolladas por el gobierno revolucionario desde mediados del pasado año, con
el propósito de combatir la acción criminal de delincuentes comunes de formación
paramilitar, que venían acabando con la tranquilidad de las barriadas populares
de nuestras grandes ciudades.
· El
evidente financiamiento que han recibido y continúan recibiendo tanto de la “gran banca privada nacional”, como de
sus casas matrices y relacionadas de la banca privada internacional.
· La
utilización que han hecho y continúan haciendo de elementos de la “delincuencia común”, de origen nacional
y extranjero, para motorizar sus acciones terroristas de calle (guarimbas);
para perpetrar acciones de sicariato (Eliécer Otaiza y Robert Sierra, entre
otros); y como espalderos de sus principales líderes (el descuartizador Pérez
Venta como espaldero de Leopoldo López y jefe de seguridad de PJ y ABP), entre
muchos otros.
· Su
oposición y saboteo en la calle de toda medida gubernamental que tienda a
atenuar el impacto del desabastecimiento inducido y la especulación en la venta
de bienes esenciales por vía de los llamados “bachaqueros”, tales como la implantación de días de compra en
atención al número terminal de la cédula y el uso de captahuellas en los
supermercados públicos y privados.
· La
evidente relación de dependencia política de dos de sus más conspicuos líderes
(Capriles y López) del jefe indiscutible de la narcoparapolítica colombiana y
gran capo de la economía criminal mundial, Alvaro Uribe Vélez.
· La
existencia de una cantidad importante de funcionarios públicos electos en sus
planchas (alcaldes, gobernadores y asambleístas), actualmente imputados y/o
denunciados por actividades de lavado de dinero, contrabando de extracción,
desabastecimiento inducido de productos y explotación y comercialización ilegal
de oro y minerales estratégicos.
· Finalmente,
la que viene a ser la madre de todas las complicidades, que es el intento de
decretar la impunidad absoluta para toda clase de delitos bajo la excusa de haber
sido cometidos para oponerse al gobierno revolucionario, por vía de la “Ley de
Amnistía y Reconciliación Nacional”, aprobada ya por su fracción parlamentaria
en primera discusión.
Este
evidente contubernio, plenamente demostrado como lo hemos hecho, nos da una
razón adicional para combatir a esta
contrarrevolución delincuente y vendepatria, que no es otra que el evitar que
el país, como algunos infelices países de Nuestramérica, pueda caer en las
garras del crimen organizado transnacional, corrupto en sí mismo y corruptor de
nuestros pueblos.
La
lucha en primera instancia es contra esa “contrarrevolución”
pero no podemos olvidar que ella está apoyada por el los gobiernos del
imperio y sus países aliados y lo que es más importante, por todo el entramado
criminal que sirve de sustento a esos gobiernos.
Quiero
terminar estas notas tomando prestadas unas frases del estimado camarada
zuliano Yldefonso Finol, escritas al final de un brillante artículo titulado “De
la economía informal a la economía criminal” publicado hace ya algún
tiempo, cuando la sangre aún no llegaba al río (6): “Le
corresponde al Estado impedir que continúe el imperio de la economía criminal;
para lograrlo tiene dos tareas: dar el ejemplo y aplicar la justicia. Sería la
mejor política económica”.
¡Hasta la Victoria
Siempre!
¡Patria o Muerte!
¡Venceremos!
Marzo
13 de 2.016
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