En medio de la guerra que
estamos librando, los delitos en contra del colectivo constituyen traición a la
patria
Carlos
E. Lippo
Que
los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) de cuya creación
habrá de cumplirse un año en los próximos días, con todos sus errores y
limitaciones, han resultado ser un arma de idónea para librar la guerra
económica, al mismo tiempo que un muy eficaz instrumento de organización
popular, es algo que puede ser deducido muy fácilmente de la campaña de satanización
de la que han sido objeto por los medios digitales e impresos de la contra y
por un reciente acuerdo unánime de su fracción en la Asamblea Nacional que,
como cosa extraña, logró hacer cuórum el pasado día 21 de febrero para aprobar
la propuesta de remitir un informe a la comisión permanente de contraloría de
ese poder público en desacato, contentivo de presuntas irregularidades en el
funcionamiento de los mismos. Es oportuno decir que dicho informe, que viene a
ser sólo una repetición de los manidos argumentos con los cuales la contra ha
pretendido demostrar la existencia de una profunda crisis alimentaria para
justificar la intervención extranjera, no aporta ningún elemento útil para
demostrar las presuntas irregularidades que propone investigar y ejerce además
una velada y vergonzante defensa del empresariado de la agroindustria
alimentaria, actor principalísimo de la guerra económica (1).
No
pretendo decir que los CLAP hayan sido totalmente inmunes a la corrupción,
ningún organismo de creación humana hubiera podido serlo en medio de las
terribles circunstancias de esta guerra que ha hecho aflorar lo peor que todos
llevamos dentro, habiendo envilecido a densos sectores de las capas medias y
bajas de la población, que han abandonado empleos formales para convertirse en “bachaqueros” de cuanto se pueda “bachaquear” impunemente y han hecho las
delicias del lumpen proletariado delincuencial, contrarrevolucionario por
naturaleza, convertido ahora en actor principalísimo de una tristísima batalla
de pueblo contra pueblo. Pretendo decir si, que considero que en todo momento
ha existido en el alto mando revolucionario una profunda decisión de combatir
ese terrible cáncer, poniendo al alcance de todos una serie de mecanismos de
denuncia de irregularidades a través de llamadas telefónicas, mensajes de
texto, mensajes de correo electrónico y recursos de las redes sociales, tal
como lo indica la página web oficial de los CLAP (2).
Por
todo lo escrito anteriormente es que me ha producido una honda inquietud el
señalamiento hecho por el Presiente Maduro, a finales de la semana pasada, en
relación a la captura de unos contrabandistas que estaban en posesión de 3.000
cajas de alimentos subsidiados provenientes de los CLAP, en Casigua El Cubo,
municipio Jesús María Semprún del estado Zulia, muy cerca de la frontera con
Colombia (3). Señalamiento que, habiendo
sido hecho en una transmisión en cadena nacional de radio y televisión desde el
estado Monagas, estuvo acompañado de una emotiva petición de celeridad a las
autoridades correspondientes para juzgar a los contrabandistas, formulada en
los siguientes términos: “Le pido a la
Fiscalía y al Poder Judicial máximo castigo para los que se infiltran en los
Clap para robar al pueblo”.
Coincidiendo
totalmente con este último señalamiento de nuestro Presidente, considero
adicionalmente que este tipo de delitos perpetrado en contra del bienestar de
las grandes masas populares y en abierto sabotaje de las acciones emprendidas
por el gobierno revolucionario para contrarrestar los efectos letales de la
guerra económica que estamos librando, deben ser juzgados como lo que realmente
son, que no es otra cosa que delitos de traición a la patria, con arreglo a lo
previsto por el Código Penal en el Capítulo I, del Título I, del Libro Segundo,
que trata el tema de la traición a la patria y otros delitos contra ésta y/o
con arreglo a lo previsto en el Artículo 464 del Código Orgánico de Justicia
Militar. La razón para ello es que siendo necesario dar un castigo ejemplar a
estos delincuentes, el imputarles traición a la patria permitiría aplicar
condenas mucho más severas que las que corresponderían según el mismo código
por delitos de robo, hurto o contrabando y/o según la Ley Contra la Corrupción,
por la comisión de alguno de los delitos contemplados en ella.
A
quienes pudiesen tener dudas sobre la legal y legítima aplicabilidad de una
medida de esta naturaleza, por considerar que la guerra de cuarta generación
que estamos librando contra los poderes imperiales desde hace varios años es
una ficción inventada por el gobierno revolucionario para encubrir sus
supuestas deficiencias, debería bastarles para despejarlas el hecho de que la
infausta Orden Ejecutiva dictada por Obama en marzo de 2015 y renovada por él
mismo hasta marzo de 2018, equivale a una tácita declaración de guerra, una de
cuyas armas es la ominosa “Ley para la
Defensa de los Derechos Humanos y Sociedad Civil de Venezuela”, de
diciembre de 2014, con la cual se ha pretendido sancionar a eminentes
funcionarios del gobierno revolucionario.
Pero
si no les basta con ello habría que señalarles que la parte más visible de esta
guerra, que es la variante económica, ha sido reconocida desde hace ya bastante
tiempo por conspicuos representantes de la contrarrevolución, como el cura
Diego Padrón, vocero mayor de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) y el
inefable Lorenzo Mendoza Giménez quien viene a ser una especie de mariscal de
campo a la sombra en esta terrible
contienda.
En
efecto, en fecha ya tan lejana como el 13 de octubre de 2015, fue develado el
audio de una conversación de “Lorencito
Polar” con Ricardo Hausmann Goldfarb, connotado cipayo del imperio,
exministro de planificación de Pérez en su nefasto segundo gobierno y asesor actual
del FMI (4), en el cual el primero
de los nombrados reconoce de manera expresa la existencia de la guerra
económica al decirle a su interlocutor, de manera melindrosa, que
no le ha llamado antes por estar inmerso en una guerra en Venezuela;
por su parte el “ensotanao” Padrón,
fiel a su costumbre de decir barbaridades del gobierno revolucionario, en demostración
de lo que ya parece haberse convertido en una verdadera obsesión fatal y en medio
de un pretendido “discurso pastoral”
pronunciado a comienzos de julio de 2016, llegó a soltar las siguientes perlas: “… un gobierno que no ha podido derrotar
‘la
guerra económica’ y dar
alimentos y medicinas al pueblo, aún más, negado a permitir que instituciones
religiosas o sociales presten su concurso para aliviar las penurias y dolencias
del pueblo, carece de autoridad moral para llamar al diálogo y a la paz” (5).
Volviendo
al deleznable acto de malversación, por caracterizarlo de alguna manera, de las
3.000 “cajas CLAP” debo decir que considero
que tan enorme cantidad de productos no hubiera podido ser escamoteada de los
almacenes del Ministerio de Alimentación sin la complicidad de altos
funcionarios civiles y militares, que su transporte y almacenamiento local requiere
de una infraestructura logística importante, por lo que debe haber empresarios
locales involucrados, y que su extracción exitosa del territorio nacional sólo
es ejecutable por alguna de las bandas paramilitares de contrabandistas que
operan en la frontera, por lo que siguiendo con la lógica que estamos
planteando, los presuntos autores nacionales deberían ser imputados, como
mínimo, por la comisión del delito tipificado en el artículo 128 del Código
Penal, que señala textualmente: Cualquiera
que, de acuerdo con país o República extranjera, enemigos exteriores, grupos o
asociaciones terroristas, paramilitares, insurgentes o subversivos, conspire
contra la integridad del territorio de la patria o contra sus instituciones
republicanas, o las hostilice por cualquier medio para alguno de estos fines, será castigado con la pena de presidio
de veinte a treinta años.
Considero
que reviste particular gravedad la participación de funcionarios civiles y
militares cuya tarea es precisamente la de servir de facilitadores de esta
hermosísima y eficiente iniciativa de gobierno y de participación popular que
están resultando ser los CLAP; de tal manera que no puede permitirse bajo
ningún concepto que por la actitud venal de funcionarios civiles y/o militares
del nivel que sea y la acción criminal de infiltrados de distinto pelaje se
atente impunemente de manera tan artera contra esta novísima experiencia de
participación popular y en consecuencia contra la seguridad alimentaria del
país.
En
casos como éste es necesario recordar y emular la ejemplarizante conducta de la
justicia revolucionaria de Cuba en relación al lamentable caso del general
Arnaldo Ochoa, condenado a la pena capital por alta traición a la patria y fusilado
el día 13 de julio de 1989, por la comisión del delito de tráfico de drogas en
connivencia con los carteles colombianos, a pesar de su reconocida
participación en las acciones militares internacionalistas en Angola, Nicaragua
y Etiopía; de su título honorífico de “Héroe
de la República de Cuba”; de su militancia en el Comité Central del Partido
Comunista de Cuba y de su condición de Diputado a la Asamblea Nacional. Siendo
oportuno señalar que el delito de narcotráfico no es penalizado con pena de
muerte en Cuba y que en palabras del mismo Fidel, tanto el General Ochoa como los
otros dos militares condenados a la pena capital por este delito, no pretendían
lucrarse de manera personal, sino generar divisas para adquirir insumos y
repuestos extranjeros imposibles de ser adquiridos legalmente a consecuencia
del inhumano bloqueo promovido por el imperio, pero que debieron ser
condenados por haber puesto en altísimo riesgo la pervivencia de la patria
cubana (6).
Muy
lejos estamos de estar recomendando la aplicación de la pena de muerte para aquellos
que atentan de manera alevosa contra el acceso legítimo del pueblo al consumo
de alimentos y medicinas subsidiadas por el gobierno revolucionario; tal
sanción no está contemplada en nuestro Código Penal y no estamos proponiendo
promover una reforma que la contemple. Sin embargo, urge comenzar a aplicar
sanciones severas, realmente ejemplarizantes, para estos delincuentes porque al
igual que en el caso citado anteriormente, lo que está en juego no sólo es el
bienestar de nuestro pueblo sino la propia pervivencia de la patria.
Lo
que si estamos proponiendo y consideramos imprescindible para que en estos
casos no ocurra lo mismo que en tantos casos evidentes de flagrante traición a
la patria perpetrados por los más conspicuos líderes de la contra, que ni
siquiera llegan al nivel de la imputación de los presuntos traidores, es la
creación de cuerpos de fiscales y tribunales “ad hoc”, para que de manera exclusiva
se avoquen al tratamiento de estos casos, garantizando la aplicación de las
sanciones ejemplarizantes por las que todos estamos clamando.
¡Prohibido fallarle a la Patria,
prohibido fallarle a la Revolución… prohibido fallarle a Chávez, carajo!
¡El presente es de lucha, el
futuro nos pertenece!
¡Venceremos!
(6) Ignacio
Ramonet, “Fidel Castro Biografía a dos voces”, Primera Edición, Editorial DEBATE,
página331 y siguientes.
celippor@gmail.com
Caracas,
marzo 08 de 2017
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