miércoles, 15 de marzo de 2017




La inminente amenaza que la Exxon Mobil representa para Venezuela
Carlos E. Lippo




La Exxon Mobil es heredera de la Standard Oil Company of New Jersey, que fue una de las compañías que surgieron en el año 1911 tras el desmembramiento del gigante petrolífero creado por Rockefeller a finales del siglo XIX, ordenado por el gobierno estadounidense en aplicación de una ley antimonopolio. A lo largo del tiempo ha llegado a tener tal músculo financiero que en el 2016 fue la cuarta mayor empresa del planeta, ocupando además el primer lugar entre las empresas petroleras, alcanzando un valor de capitalización bursátil o precio de mercado de un poco más de 400 mil millones de dólares estadounidenses (1).

Esa gigantesca magnitud y su elevado nivel de influencias en los Estados Unidos, junto a su amplia presencia internacional le ha permitido convertirse en un “estado corporativo dentro del estado americano”, según sostiene Steven Coll, periodista de investigación estadounidense ganador de dos Premios Pulitzer por sus artículos en The Washington Post, en un libro titulado “Private Empire, ExxonMobil and American Power” (El Imperio Privado, ExxonMobil y el Poder Americano) (2), publicado en el 2012, que muestra un retrato detallado de las actividades de la compañía en los últimos 25 años.
Una idea cabal del verdadero peso específico de esta gigantesca corporación a nivel del gobierno del imperio puede inferirse de la consideración de una frase pronunciada por George W. Bush en el año 2001, cuando en teoría era el hombre más poderoso del planeta. La frase en cuestión señala: “Nadie dice a estos tíos lo que tienen que hacer” y con ella respondía Míster Danger, como lo llamaba Chávez, a la exigencia del primer ministro de India, Manmohan Singh, de que presionara a estos “tíos” (Exxon Mobil) para que firmaran un acuerdo con la petrolera estatal india.

La empresa es un organismo con sus propios objetivos y con su propia diplomacia internacional que, a veces pueden coincidir con los de EEUU, y otras no. “Yo no soy una compañía de Estados Unidos y mis decisiones no están basadas en lo que es bueno para los Estados Unidos”, dijo en una ocasión Lee R Raymond, su  director ejecutivo entre 1993 y 2005, quien antecediese en el cargo al inefable Rex Tillerson que lo ejerció hasta que fue nombrado secretariado de estado por Donald Trump, a fines de diciembre de 2016.

El principal objetivo declarado de la empresa, con presencia en más de 40 países, es la explotación, elaboración y comercialización de productos petroleros y gas natural, así como la fabricación de productos químicos, plásticos y fertilizantes; sin embargo en aras de sus intereses crematísticos no ha tenido escrúpulos para ejecutar acciones injerencistas de alto calibre tales como: el apoyo en dinero y armas a los “rebeldes” que iniciaron una cruentísima guerra civil en Angola; el apoyo irrestricto a la sangrienta dictadura del general Mohammad Suharto en Indonesia y el ejercer una presión decisiva sobre George W. Bush, de cuya campaña fue el mayor financista,  para que aprobase aquella nefasta invasión a Irak en el 2003 que tuvo como pretexto la destrucción de unas armas de destrucción masiva que jamás fueron encontradas.

Es precisamente este desmesurado interés crematístico lo que ha estado detrás de su manifiesto desprecio por la preservación del ambiente, puesto en evidencia por la promoción de diferentes grupos de activistas negadores del cambio climático y por la responsabilidad que se le atribuye en el hecho de que Estados Unidos, siendo el país con mayor consumo de energía en el planeta, se haya negado a firmar el Protocolo de Kyoto que promovía la reducción de gases que generan el efecto de invernadero. Pero ocurre que, ¿qué otra cosa podría esperarse en materia ambiental de la empresa que en 1989 provocó un catastrófico desastre ecológico en Alaska con el derrame petrolero del buque Exxon Valdez y que ha producido severos daños ecológicos en Nigeria, Ecuador, Perú y Colombia? (3).

En Venezuela, su antecesora la Standard Oil Company of New Jersey, operó desde inicios del siglo XX, por medio de diferentes razones sociales de las cuales la de más larga duración e importancia fue la Creole Petroleum Corporation, con la cual operó hasta el 31 de diciembre de 1975, fecha en la que sus concesiones expiraron y pasaron a manos del estado venezolano en virtud de la Ley de Nacionalización de la Industria Petrolera (4).

Durante ese período Creole llegó a ser la principal de las operadoras transnacionales en el país, alcanzando una producción tope de 1.500.000 barriles diarios en 1950, lo que le permitió aportar el 40 % de las ganancias de su casa matriz que a su vez llegó a ser la mayor empresa petrolera a nivel planetario. Aquí, su desprecio por el medio ambiente le llevó a verter ingentes cantidades de petróleo en el Lago de Maracaibo por su renuencia a controlar eficazmente el flujo de productos entre sus numerosos tanques de almacenamiento, ya que como lo han revelado algunos de sus planos consideraban al lago como su último tanque, al cual arrojaban subrepticiamente el petróleo cuando los demás estaban llenos.

Y para no quedarse atrás en materia de injerencia política, la Creole apoyó de manera decisiva el golpe militar de Pérez Jiménez que en noviembre de 1948 derrocó al primer presidente electo en Venezuela por el voto popular, en completa coincidencia con la embajada norteamericana (5). Esto último fue reconocido por el propio presidente Gallegos al  llegar a La Habana en 1949, al inicio de su largo exilio, aunque posteriormente se viese obligado a desmentirlo a causa de las presiones de su cipayo discípulo y compañero de partido, Rómulo Betancourt Bello, y de la necesidad de tener que residenciarse en territorio estadounidense.

La Exxon vuelve a operar en Venezuela en 1998, después de su fusión con la Mobil, que ya desde 1997 extraía petróleo pesado de nuestro estado Monagas (Cerro Negro y La Ceiba) en el marco de aquella entreguista y regresiva política de Caldera II que se llamó la Apertura Petrolera.

Casi diez años más tarde su forma de operación hubiera tenido que ser modificada, al decretar el presidente Hugo Chávez la Plena Soberanía Petrolera de la nación, que implicaba entre otras cosas la migración de las empresas transnacionales que habían venido operando a través de los convenios de la Apertura, que en el mejor de los casos garantizaban una participación estatal en el negocio del 35 % (inferior a la participación en el régimen anterior a “la nacionalización” de 1975), a unas empresas mixtas con mayoría accionaria de PDVSA, con lo cual se incrementaba al 78 % la participación estatal. De las 33 empresas sujetas a constituir empresas mixtas con PDVSA, entre las cuales se encontraban, a título de ejemplo, Chevron (USA), BP (Reino Unido), Total (Francia) y Statoil (Noruega), 31 estuvieron de acuerdo con los parámetros económicos establecidos por el estado venezolano para realizar la compra de sus acciones a los fines de la constitución de las nuevas empresas, mientras que dos de ellas, Exxon Mobil y Conoco Phillips, decidieron iniciar acciones legales contra PDVSA.

En ese mismo año (2007) Exxon Mobil solicitó un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), exigiendo el pago de la astronómica y absurda cifra de 20 mil millones de dólares de indemnización, pero no contentos con eso introdujeron ante sendos tribunales de Londres y New York una solicitud de congelamiento de bienes por 12.500 millones de dólares y otro arbitraje ante la Cámara de Comercio Internacional, con sede en Estados Unidos.

A comienzos de 2008 y después de un mes de tener estos activos congelados, un juez londinense no sólo revocó la medida sino que ordenó a la Exxon que pagara a PDVSA 380 mil libras esterlinas como anticipo por los costos judiciales en los que incurrió la estatal para defenderse ante los tribunales londinenses (6).

En el año 2014 el tribunal arbitral del CIADI emitió su veredicto: el estado venezolano debería pagar a Exxon por los antiguos Proyectos Cerro Negro y La Ceiba, 1.591 millones de dólares; pero el CIADI también reconoció el veredicto emitido en el año 2012 por la Cámara de Comercio Internacional, a través del cual Venezuela pagó 908 millones de dólares a la Exxon Mobil. Por lo tanto, PDVSA solo debería cancelar 683 millones de dólares en un plazo de aproximadamente siete años (7). En resumen, tal como señaló en su oportunidad el entonces canciller Rafael Ramírez Carreño, Exxon Mobil sufrió una triple derrota: recibirá un monto muy por debajo del esperado (menos del 5 % de lo que estaba exigiendo), siete años después y habiendo perdido definitivamente la oportunidad de hacer negocios con Venezuela, el país que posee las mayores reservas petroleras del planeta.

En forma paralela al desarrollo de estas querellas judiciales Exxon ha estado sumamente activa en sus exploraciones y trabajos preliminares de perforación en pozos situados en áreas no permitidas de Guyana, por estar sujetas a la secular reclamación territorial por parte de Venezuela, con el agravante de que para esta nueva agresión la Exxon cuenta con el apoyo irrestricto del departamento estado gringo que ve en la política retadora y contraria a derecho del primer ministro Granger y en la circunstancia de ser Guyana la sede de la Secretaría Permanente de la CARICOM, una oportunidad de oro para hacer estallar el acuerdo Petrocaribe.  

Después de esta larga cadena de disputas judiciales con este gigante gringo y de estar siendo objeto de los impertinentes e injustificados ataques diplomáticos de su nuevo pupilo suramericano, el primer ministro de Guyana a quien él interesadamente está apoyando, no puede menos que  causarnos un gran regocijo el nuevo dictamen del CIADI emitido el 09 de marzo, hace menos de una semana en respuesta a una apelación interpuesta por PDVSA en el 2015, que anula varias porciones del laudo de octubre de 2014 que “versan directamente sobre la valuación de la compensación y las razones subyacentes” (8); es decir, que es altísimamente probable que Venezuela no tenga que pagar un centavo de dólar más de los 908 millones que PDVSA considerase como el justo valor de los activos de Exxon en Venezuela y que ya pagase en el 2007. ¡Sin embargo, esta clamorosa victoria además de regocijarnos, debe ponernos en alerta, porque no hay nada más peligrosa que una bestia herida!

Todas las agresiones antes citadas se han producido durante el mandato de Rex Tillerson como director ejecutivo de la empresa, por lo cual sigo plenamente convencido de que siendo el personaje por sí solo  una grave amenaza para Venezuela, su nombramiento como secretario de estado de los Estados Unidos, necesariamente lleva asociada una enorme probabilidad de que nuestro país sea intervenido militarmente por el imperio durante la presente administración, tal como lo planteásemos en dos recientes artículos publicados en este mismo portal, titulados: “La política intervencionista de Trump en contra de Venezuela se encuentra ya en pleno desarrollo” (9) y “¡Alerta, que la política intervencionista de Trump en contra de Venezuela está siguiendo ahora su curso inexorable!” (10).

Para finalizar, debo comentar que conociendo las prácticas mafiosas de la Exxon Mobil, nada tendría de raro que dicha corporación hubiese contribuido generosamente con la campaña presidencial de Donald Trump, así como en el año 2000 lo hiciesen con la de George Walker Bush, por lo que cabe esperar que de la misma forma que  presionaron a Míster Danger para invadir a Irak en el 2003, presionen ahora a Trump para invadir a Venezuela en aras de sus bastardos intereses. ¡Cómo podemos ver sólo es cuestión de que el departamento de estado y la Exxon Mobil, que por obra y gracia de Trump y de Míster Tillerson han pasado a ser casi la misma miasma, se pongan de acuerdo sobre “el cuándo y sobre el como”!   

¡Alerta, que guerra avisada también mata soldados!

¡Prohibido fallarle a la Patria, prohibido fallarle a la Revolución… prohibido fallarle a Chávez, carajo!
¡El presente es de lucha, el futuro nos pertenece!
¡Venceremos!



celippor@gmail.com
Caracas, marzo 15 de 2017

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