domingo, 26 de junio de 2016




¡Hasta cuándo vamos a permanecer en esa charca putrefacta que es la OEA!
Carlos E. Lippo




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Adelantándose a lo que sería la funesta manipulación de los Estados Unidos en el seno de una organización que agrupase a los países constituidos a partir de lo que fueron los grandes virreinatos hispanoamericanos, El Libertador escribió a comienzos de 1826, en carta dirigida a Francisco de Paula Santander a quien había ordenado enviar las invitaciones al Congreso Anfictiónico de Panamá, instancia que debería sentar las bases de dicha organización: “No podemos permitir que los Estados Unidos participen en nuestros asuntos hispanoamericanos. Invitar a los Estados Unidos al seno de nuestra organización, donde se debate el destino de nuestros pueblos, es como invitar al gato a la fiesta de los ratones”. El Congreso, al que Santander terminó por invitar a los Estados Unidos, inició sesiones en el istmo el 22 de junio del mismo año y fue trasladado posteriormente a Tacubaya, Méjico, donde a finales de año el mismo Libertador lo consideró una experiencia fallida.
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En lo que resta del siglo XIX y a lo largo de todo el siglo XX no se intentaría formar una comunidad de naciones latinoamericanas, sin la presencia de los Estados Unidos. En 1890, la Primera Conferencia Internacional Americana, efectuada en Washington, DC, estableció la Unión Internacional de las Repúblicas Americanas y su secretaría permanente, la Oficina Comercial de las Repúblicas Americanas y en 1910 esta organización se convirtió en la Unión Panamericana. El 30 de abril de 1948,  21 naciones del hemisferio concurrentes a la Novena Conferencia Internacional Americana, celebrada en Bogotá, Colombia, firmaron la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la primera expresión internacional de principios de los derechos humanos (1). Posteriormente se fueron incorporando el Canadá y las naciones del Caribe, hasta llegar a la configuración actual de 34 miembros.
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Desde su misma creación la OEA ha cohonestado todos los golpes de estado promovidos por los Estados Unidos para derrocar gobiernos legítimamente constituidos que no han sido de su gusto, no menos de 32 (2), al aceptar en su seno sin mayores trámites a los representantes de los respectivos gobiernos de facto, comenzando por el golpe militar propinado a Don Rómulo Gallegos, primer presidente venezolano electo por votación universal, directa y secreta, en noviembre de 1948, hasta terminar con el reciente golpe de estado parlamentario propinado a Dilma Rousseff en la República Federativa de Brasil. Sólo en el caso del golpe militar propinado a José Manuel Zelaya de Honduras, en junio del 2.009, se aplicó la Carta Democrática de la organización que redundó en la suspensión temporal de Honduras; no obstante, el golpista Roberto Micheletti logró retener el poder por varios meses hasta que promovió unas elecciones amañadas de las que emergió un gobierno que logró el reconocimiento de la organización y la reincorporación de Honduras como miembro de pleno derecho.
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Diez intervenciones armadas estadounidenses en países latinoamericanos (2 y 3), dos de ellas autorizadas por los gobiernos de turno en Colombia (con fuerzas militares de todo tipo) y en Méjico (con fuerzas policiales), no por autorizadas menos letales, no provocaron la más mínima reacción de rechazo en el seno de la OEA. Dentro de estas intervenciones es necesario destacar: la invasión a la República Dominicana, en 1965, para la cual la OEA no sólo dio el beneplácito sino que la acompaño con fuerzas militares reclutadas entre los países miembros y la invasión militar a Haití, en el 2010, producida con la excusa de prestar ayuda humanitaria en ocasión de un terremoto que muchos dicen que fue generado por los mismos gringos y que fue sostenida hasta el 2015, “apoyando”  al MINUSTAH, misión de la ONU desplegada en Haití desde el 2004, cuando dieron el golpe al presidente legítimo Jean-Bertrand Aristide.
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Igual ausencia de rechazo y en consecuencia de tácito apoyo como mínimo, existió en los casos de operaciones encubiertas de gran escala en Guatemala, Nicaragua y El Salvador, que avivaron los conflictos internos existentes en esos países durante buena parte de las décadas de los años ochenta y noventa del siglo pasado, convirtiendo la región centroamericana en una terrorífica zona de guerra.
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En agosto de 1960, apenas ocho meses antes de la invasión de Playa Girón (Bahía de Cochinos) coordinada, financiada y apoyada militarmente por los Estados Unidos y oportunamente derrotada por la gloriosa revolución cubana, la VII Reunión de Cancilleres de la OEA, celebrada en Costa Rica aprobó una resolución, llamada Declaración de San José de Costa Rica, descaradamente injerencista, que atentaba contra la soberanía e independencia de Cuba (4). A propósito de ello es necesario señalar con orgullo que el canciller venezolano Ignacio Luis Arcaya (padre) puso su cargo en manos del presidente Betancourt al negarse a firmar los acuerdos y la Declaración de la Conferencia, motivo por el cual desde esa fecha se le ha reconocido con el título de “El Canciller de la Dignidad”. También es necesario señalar que la citada reunión fue convoca a solicitud del gobierno del Perú, que recibió por “sus servicios” un préstamo de 53 millones de dólares, anunciado por el representante gringo al inicio de la conferencia, en el transcurso de la cual también anunció un préstamo de 100 millones de dólares para el gobierno de Chile y 500 millones más a ser repartidos entre el resto de gobiernos cipayos.
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Prosiguiendo con su abierta hostilidad hacia Cuba y su descarado apoyo al gobierno de los Estados Unidos, en diciembre de 1961, el Consejo Permanente de la OEA decide a solicitud de Colombia, convocar la VIII Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores para enero de 1962 en Punta del Este (Uruguay), donde se adoptaron nueve resoluciones, cuatro de ellas contra Cuba, pero la IV era la “joya” de la OEA, titulada “Exclusión del actual Gobierno de Cuba de su participación en el Sistema Interamericano”, que era la máxima aspiración gringa para deslegitimar en lo político y diplomático a la Revolución Cubana. La resolución fue aprobada con 14 votos afirmativos (Estados Unidos tuvo que comprar el voto de Haití para obtener la mayoría mínima, uno en contra, el de Cuba, y seis abstenciones: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador y México. Las dos últimas naciones expresaron que la expulsión de un estado miembro no procedía, pues no existía una reforma previa de la Carta de la organización (no existía la inefable Carta Democrática en aquello días). ¡Sin embargo, al igual que ahora en relación a nosotros, se “pasaron por el forro” todo el andamiaje legal de la organización por órdenes y presiones del amo imperial!
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El ensañamiento del imperio contra Cuba, cohonestado por la OEA ahora con la excusa de que no era un miembro de pleno derecho es evidenciado por medidas tales como: el decreto del embargo económico, comercial y financiero emitido por John Kennedy de 1.962, un verdadero bloqueo que ampliado en 1999 por Bill Clinton, se mantiene en plena vigencia y hasta se ha incrementado a pesar de la reciente renovación de relaciones diplomáticas entre los dos países; así mismo en lo que pudiera ser una cínica pieza de humor negro, el 26 de julio de 1964, en la fecha conmemorativa de la revolución,  la IX Reunión de Cancilleres de la OEA, efectuada en Washington, aprobó una resolución según la cual esa organización  obligaba a todos los estados miembros a romper sus relaciones  diplomáticas,  comerciales  y  consulares  con  Cuba, con la única oposición del delegado de Méjico. Para acabar este tema es necesario señalar que una Conferencia de Cancilleres de la OEA celebrada en San Pedro Sula (Honduras), el 04 de junio de 2009, muy pocos días antes del golpe militar que depuso al presidente constitucional José Manuel Zelaya Rosales, decidió por consenso suspender las sanciones acordadas contra Cuba y exhortar al gobierno cubano a solicitar su reingreso, cosa no tiene planteada la revolución según lo ha expresado el primer ministro Raúl Castro en diferentes oportunidades.
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En nuestro caso, las hostilidades de la OEA comenzaron entre finales de 2001 y comienzos de 2002, tan pronto como la revolución bolivariana dio señales inequívocas de haber entrado en un irreversible curso de colisión con el gobierno de los Estados Unidos a causa de la condena pública que hizo el Comandante Chávez de los singularmente inhumanos bombardeos estadounidenses sobre blancos civiles de Afganistán a finales de 2.001, en medio de la histeria imperial desatada por los “atentados” a las Torres Gemelas del WTC de New York y el “frenazo en seco” dado a la embajadora Donna Hrinak, a quién a decir del propio Comandante tuvo que conminar a abandonar el despacho presidencial cuando pretendió leerle un memorando del Departamento de Estado, que intentaba llamarle la atención por sus declaraciones en relación a los antes citados bombardeos. Es un hecho conocido la participación del gobierno gringo en el golpe de estado de abril de 2002 y la participación de la OEA, en cabeza del secretario general de la época, el colombiano César Gaviria Trujillo, queda plenamente demostrada por unas declaraciones de Pedro Carmona Estanga, en el año 2010, quien defendiendo el golpe que lo llevó al poder por dos días dijo que en esa oportunidad “contaba con la OEA como garante del pleno restablecimiento del orden constitucional en el país” y que ese respaldo de la tan cipaya organización “habría garantizado que Venezuela saliera de ese trance (golpe de estado) más rápido que en el caso de Honduras” (el golpe contra Zelaya en el 2009) (5).
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Gaviria Trujillo, verdadero antecesor de Luis Almagro en esto de intervenir a favor del gobierno gringo y en contra de la revolución bolivariana fue comisionado el 13 de abril para trasladarse a Venezuela en ayuda de Carmona Estanga sólo que a su llegada, dos días más tarde, ya el Comandante había sido restituido en el poder por la unión cívico militar. Sin embargo, creyéndose un verdadero procónsul del imperio fungió de “facilitador” de la mesa que se estableció para dialogar con la oposición representada por aquel esperpento antecesor de la MUD que se llamó la Coordinadora Democrática, con posiciones descaradamente favorables a ella y se mantuvo entre nosotros prácticamente de manera permanente hasta después del referéndum revocatorio de agosto de 2004, al cual concurrieron como observadores, la propia OEA y el Centro Carter.
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Se produce entonces un virtual receso de las acciones injerencistas directas de la OEA en contra de Venezuela, hasta el año 2009, obligado por la correlación de fuerzas en su seno, ampliamente favorable a las fuerzas progresistas, bajo la gestión del chileno José Manuel Insulza como secretario general. Sin embargo, nunca han dejado de atacar a la revolución bolivariana a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que admitiendo casos tan aberrantes como aquel que atribuye derechos humanos a una corporación mercantil como RCTV, ha emitido requerimientos que un acuerdo de la actual Asamblea Nacional de fecha 14 de enero de 2016, en flagrante entrega de nuestra soberanía judicial, pretende que sean  acatados por nuestros tribunales. También ha sido constante la injusta reprobación de Venezuela en materia de derechos humanos hecha de manera explícita en los informes periódicos de esa instancia y si no nos han jodido más por medio de estos instrumentos, ha sido porque el Comandante Chávez, con excelente tino, denunció el tratado que nos ataba a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la cual finalmente nos retiramos en septiembre de 2013.
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Dos hechos absolutamente rocambolescos sirven para caracterizar la actitud descaradamente injerencista de la OEA en contra de Venezuela durante la gestión del secretario Insulza. El primero de ellos, ocurrido en julio de 2010 fue una denuncia interpuesta por Alvaro Uribe dos semanas antes de concluir su segundo mandato, contando por supuesto con todo el apoyo logístico y financiero del gobierno gringo, para acusar a Venezuela de proteger y apoyar a los frentes guerrilleros colombianos; la maniobra, urdida para culpar al gobierno revolucionario del estrepitoso fracaso de su gobierno al no haber podido reducir a la insurgencia armada, apoyada en fotografías correspondientes a otros eventos y en unas coordenadas de ubicación de los campamentos guerrilleros que, como logramos demostrar correspondían a territorio colombiano, fue tan burda que la intentona feneció casi al nacer (6). El otro acontecimiento, ocurrido en marzo de 2014, en pleno desarrollo de las guarimbas, fue el intento de María Machado de hablar en el seno del Consejo Permanente, como representante de la oposición venezolana, valiéndose para ello de una acreditación que le había hecho la delegación de Panamá; la iniciativa fue bloqueada de inmediato, con el voto ampliamente mayoritario (22 frente a 11 en contra y una abstención) de los miembros, para declarar "privada" la reunión, es decir, sin público ni cámaras, y además los países que respaldaron a Venezuela lograron también eliminar ese punto del orden del día. Siendo necesario acotar que la Machado sólo alcanzó a pronunciar un saludo al término de la reunión (7).
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Considero que Luis Almagro alcanzó la secretaría general de la OEA convertido ya en una activa ficha tarifada del imperio. Llegué a tal conclusión al conocer su posición en relación a la infame orden ejecutiva de Obama que nos calificaba de amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de su país, que no fue otra que excusar al imperio con la misma argumentación que lo hizo aquel funcionario de medio pelo del departamento de estado que aseguró que en realidad no representábamos tal amenaza sino que se trataba de un problema de redacción pues para emitir el dichoso decreto se había utilizado un documento proforma que es el usual en los casos de amenazas reales. En aquella oportunidad Almagro declaró a TeleSur (8) en una entrevista celebrada el 09 de abril en el marco de la VII Cumbre de las Américas en la que Venezuela recibió el apoyo unánime de los países miembros de UNASUR y CELAC, palabras más, palabras menos, que el decreto había sido hecho de “manera automática” ya que se repitió lo mismo que se había dicho en los casos de otros países. Las ejecutorias posteriores de este redomado cipayo en contra del gobierno bolivariano y a favor de su oposición vendepatria, desde el mismo día de su toma de posesión del cargo, no dejan lugar a dudas sobre el rol que le ha asignado el imperio y su enorme complacencia en representarlo.
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Considero innecesario referirme en detalle en estas notas a los acontecimientos ocurridos desde que el secretario Almagro enviase su infamante informe al Consejo Permanente para invocar la aplicación de la Carta Democrática al gobierno venezolano, a solicitud de la contra vendepatria, el pasado 31 de mayo. Los hechos son del conocimiento de todos y si bien han representado clamorosas victorias de nuestra diplomacia que estoy muy lejos de subestimar, han servido para demostrar que como nunca está en entredicho el andamiaje legal de la OEA y que el imperio avanza en su empeño de utilizar esa organización en contra nuestra con el único obstáculo que le representa la posición firme de los países del ALBA-TCP, que por sí solos y por la diferencia de apenas 1 voto, no son suficientes para evitar que el imperio logre la mayoría calificada de 2/3 necesaria para tomar las medidas más drásticas en contra nuestra.
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Estimo que lo escrito en los párrafos precedentes es más que suficiente para demostrar de manera fehaciente que la OEA sólo ha servido y sirve en la actualidad a los intereses imperiales, garantizando su hegemonía en el espacio que ellos consideran peyorativamente su patio trasero y asegurando la vuelta al redil de aquellos países que, en valeroso ejercicio de soberanía, osen oponerse a sus designios. Con base en lo anterior es fácil suponer que de permanecer en esa organización sólo cabe esperar nuestra expulsión, como ocurrió con Cuba en 1.962.
A juicio mío permanecer en ese organismo, en medio de contiendas diplomáticas como las libradas en las semanas anteriores, que se irán haciendo cada vez más duras como lo demuestra la hostilidad exhibida por sus autoridades en contra de los representantes de los países del ALBA, en especial Bolivia, Nicaragua y Ecuador en la última sesión del Consejo Permanente, sólo podría traer como beneficio el retardar, quien sabe por cuánto tiempo, la inexorable invasión imperial, aunque evidentemente no lo garantiza. Me pregunto entonces si vale la pena dedicar tanto esfuerzo a ello, utilizando valiosísimos recursos humanos y materiales que bien podrían estar avocados desde ya a la organización de la defensa militar de la patria.
Creo, para terminar, que debe iniciarse un proceso de consultas tendiente a lograr el retiro de los países del ALBA-TCP de esa infausta organización, proceso al que podrían sumarse cualquiera de los países de  la Patria Grande que así lo decida.

¡Hasta la Victoria Siempre!
¡Patria o Muerte!
¡Venceremos!


Caracas, junio 26 de 2016
clippor@yahoo.com

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