Las más recientes y absurdas
sanciones del imperio en contra de Venezuela
Carlos E. Lippo
“Si el sistema capitalista
nos ataca es porque somos un peligro para las élites"
Gustavo Borges Revilla, analista político
venezolano, director del sitio de investigación Misión Verdad
Tal
como hemos venido señalando en anteriores trabajos, una guerra de cuarta
generación en su variante financiera nos ha venido siendo aplicada por el
imperio desde hace ya muchos años, tantos como los años transcurridos desde que
el Comandante Chávez declarase de manera expresa el carácter anti imperialista
de nuestra revolución, a mediados del año 2004 (1).
Las
principales puntas de lanza del imperio en el desarrollo de la guerra bajo esta
variante fueron al inicio las llamadas empresas “calificadoras” de riesgo financiero: Moody’s, Standard &
Poor’s y Fitch, entre las más connotadas, las cuales sin ningún vestigio de escrúpulos
ni de profesionalismo, establecieron el llamado “riesgo país” de Venezuela en niveles muy superiores a los que
ellas mismas establecían para otros países de la región con economías
comparables a la nuestra, como Colombia, pero agobiada en aquel entonces por
una guerra interna de más de medio siglo y hasta de países con economías mucho
más pequeñas, como Jamaica y Panamá, no exportadoras de petróleo ni de ningún
otro recurso estratégico, por añadidura. Y
todo ello en una época en la cual nuestro país, que se encontraba en absoluta
paz, había logrado que le certificaran las mayores reservas de hidrocarburos
del planeta y disfrutaba de unos precios mundiales del petróleo superiores a
los 100 dólares por barril.
Al
atribuir a nuestro país, por razones estrictamente políticas, un nivel de
riesgo financiero muy por encima del que realmente debería tener con base en criterios
de orden económico y financiero, se le hizo víctima de forma casi inmediata de
un fuerte impacto adverso caracterizado por:
- Una
casi absoluta falta de participación del “capital productivo internacional” en proyectos de inversión
no vinculados a la producción de hidrocarburos, de la cual logramos
sobreponernos gracias a la participación de países amigos, que como China,
Rusia, Bielorrusia e Irán, han venido invirtiendo en una gama importante
de proyectos en diferentes áreas.
- Un
continuo y progresivo encarecimiento de la deuda externa en divisas que se
ha vio precisado a contraer el país con los agentes del mercado
internacional para financiar proyectos de inversión, por tener muy poco o
ningún acceso a créditos de los organismos multilaterales controlados por
los Estados Unidos (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Banco
Interamericano de Desarrollo), por negarse a aceptar las condiciones de
entrega de la soberanía económica que tales organismos exigen.
Las
condiciones para el acceso a los mercados financieros internacionales se fueron
haciendo tan “leoninas” bajo la
acción de las calificadoras de riesgo, que PDVSA tuvo que dejar de emitir
títulos de deuda en divisas en el año 2009 y la República en el 2011,
conformándose de esta manera una especie de bloqueo financiero virtual a Venezuela
promovido por el imperio; bloqueo que se hizo absolutamente real con la emisión
de una orden ejecutiva de Donald Trump, vigente desde el 25 de agosto de 2017,
contentiva de las primeras sanciones de carácter económico-financiero aplicadas
a la República y a su empresa matriz del sector de los hidrocarburos (PDVSA) (2),
aunque ya con anterioridad, desde el mes de mayo del mismo año la misma
administración Trump, en cuatro oportunidades, había aplicado sanciones de
naturaleza financiera a 25 funcionarios miembros de los distintos poderes
públicos del Estado Venezolano, desde el Presidente Maduro hasta el
constituyentista Herman Escarrá.
Bajo
la redacción general y ambigua característica de las órdenes ejecutivas
imperiales, ésta del 25 de agosto establece sanciones destinadas a: bloquear el
acceso del estado venezolano y la empresa estatal PDVSA a nuevas fuentes de
financiamiento en dólares; bloquear todas las operaciones con dos títulos
valores (bonos) emitidos legalmente por PDVSA; e impedir la percepción de los
dividendos resultantes de las operaciones de su filial CITGO en territorio
estadounidense. Sin embargo dada la supremacía del Sistema Petrodólar a nivel planetario, en la práctica se trata de la
exclusión de Venezuela de toda transacción financiera internacional, lo que nos
ha venido dificultando de manera extrema la importación de alimentos, medicinas
y otros bienes e insumos de primera necesidad, así como de un bloqueo bancario
total contra PDVSA, con el propósito de imposibilitar las transacciones
directas de hidrocarburos.
El
impacto de estas sanciones es de tal magnitud, que de ellas ha dicho Peter
Koening (3), economista y
analista geopolítico de origen estadounidense, ex funcionario del Banco
Mundial, que se trata de las más amplias sanciones económicas de la historia, siendo
representativas de una guerra financiera directa que prácticamente paralizaría
a Venezuela y que constituyen además un crimen de guerra, ya que ponen en
peligro y amenazan las vidas del pueblo venezolano.
Para
endurecer este real bloqueo financiero Trump suscribió, a comienzos de 2018,
dos nuevas órdenes ejecutivas contentivas de amplias sanciones
económico-financieras:
·
La del 19 de marzo, que prohíbe
"todas las transacciones vinculadas,
provisiones de financiamiento y otros negocios por parte de una persona de
Estados Unidos o dentro de Estados Unidos, con cualquier moneda, divisa o ficha
digital", emitida por el gobierno de Venezuela desde el 9 de enero de
2018 (4), con el propósito
expreso de bloquear a “El Petro”,
nuestro criptoactivo respaldado actualmente por nuestras reservas petroleras.
·
La emitida el 21 de mayo (5),
al día siguiente de las elecciones presidenciales en las que resultase electo Nicolás
Maduro, para ejercer la máxima magistratura del país durante el próximo período
2019-2025, en la cual entre otras cosas se prohíben: todas las transacciones
relacionadas con financiamiento para el gobierno de Venezuela por parte de
empresas y ciudadanos estadounidenses, o que guarden relación con Estados
Unidos; la compra de cualquier deuda expedida por el gobierno de Venezuela,
incluso aquellas facturas que aún no se hayan pagado; la venta, transferencia,
asignación o garantía otorgada a colaterales por el gobierno de Venezuela; así
como el poseer acciones en cualquier entidad en la que el gobierno sea
accionista mayoritario con un porcentaje del 50% o mayor.
Tengo
plena confianza en que esta larga introducción sirva para demostrar que el
imperio, inicialmente por medio de instituciones privadas interpuestas, las
calificadoras de riesgo, y luego de manera directa por medio de sanciones
impuestas por la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) de su
Departamento del Tesoro, nos ha venido aplicando un cerco financiero que llevando
ya casi 3 lustros, es la principal causa de las extremas dificultades
materiales por las que estamos atravesando, siendo él mismo quien se empeña en
gritar a los cuatro vientos junto a sus corifeos nacionales e internacionales,
que se trata de una crisis humanitaria causada por la incapacidad del Gobierno
Revolucionario; considero que habrá de servir también para demostrar que las
sanciones asociadas a la orden ejecutiva vigente desde el pasado 1° de
noviembre, relativas a ciertas restricciones a la venta de oro por parte de
Venezuela, objeto central de estas notas, distando mucho de ser las primeras,
sólo son las más recientes sanciones que nos pretende aplicar el imperio en
medio de la lucha que debe continuar librando para tratar de sobreponerse a su
propia e irreversible decadencia.
De
entrada es necesario comenzar por decir que dichas sanciones con las cuales se estaría
pretendiendo trastocar las exportaciones de oro desde Venezuela, al prohibir a
los ciudadanos y empresas estadounidenses negociar con empresas e individuos
que trabajen en la "corrupta y
engañosa" venta de oro venezolano (6),
tienen una justificación mucho más falaz que todas las anteriores, ya que una
presunta venta de alrededor de 20 toneladas de oro a Turquía a comienzos del 2018,
en la cual parecen haberlas fundamentado, que por lo demás el país estaría en
su pleno derecho de hacer, no fue tal venta sino una exportación acordada del
mineral con el propósito de refinarlo y certificarlo como oro monetario
susceptible de ser incorporado a las reservas del Banco Central de Venezuela,
una operación perfectamente normal y legal que antes se hacía con países como
Suiza e Inglaterra, pero que se ha vuelto extremadamente riesgosa de hacer con
ellos debido a su dependencia del poder imperial. Así lo señaló a mediados de
año (julio de 2018) el ministro de minería, Víctor Cano, al declarar
textualmente: “No es ningún contrabando a
Turquía. Son convenios que están firmados entre BCV y Turquía. Es un oro que se
está produciendo en Venezuela y certificado por nuestro registro de origen, con
todos nuestros controles internacionales para hacer la exportación y luego la
importación de ese oro ya refinado” (7) y adicionalmente, “(La
certificación la) Hacíamos en Suiza y ya no se hace en Suiza. Se hace en países
aliados porque imaginen que se envía el oro a Suiza y por sanciones nos dicen
que allí se queda”.
Sostengo
responsablemente que se trata de unas sanciones absurdas por ser prácticamente
inaplicables, porque ¿qué razones podría
tener Venezuela para vender oro a los Estados Unidos, a pesar de ser éste el
país que mayor cantidad de este mineral está adquiriendo en la actualidad, o en
todo caso de negociarlo a través de ciudadanos o empresas estadounidenses,
cuando países comprobadamente amigos como Rusia, China e India, con los cuales tiene
actualmente muy activas relaciones comerciales, se encuentran también entre los
primeros diez países compradores de oro en el mundo? (8).
Igualmente
sostengo que sólo se trata de una burda maniobra política destinada a mejorar
el posicionamiento de los candidatos republicanos en el estado de Florida en
víspera de las elecciones del 06 de noviembre, así como de seguir apuntalando
la matriz mediática de país forajido que llevan tiempo intentando atribuir a
Venezuela y a otros países amigos; sostengo esto, basándome en los siguientes
hechos:
·
Las sanciones, que fueron
anunciadas por el asesor de seguridad de la Casa Blanca, el “impresentable” John Bolton, en lugar de
por algún alto funcionario de los departamentos de estado o del tesoro, como ha
venido siendo lo habitual, fueron presentadas ante una audiencia de venezolanos
y cubanos “gusanos” en la “Freedom Tower” (Torre de la Libertad) de
Miami, una edificación tristemente célebre por ser la que alojó a los primeros
refugiados cubanos de la década de 1960; un anuncio que curiosamente fue hecho un día después de que Trump hiciese campaña en
Florida para los candidatos republicanos al senado y a la gobernación (9).
·
Una muy reciente encuesta
divulgada por el asqueroso pasquín que lleva por nombre “El Nuevo Herald” (10), al
señalar que los “hispanos” de la
Florida votarán mayoritariamente por candidatos demócratas, prácticamente
atribuye el triunfo a Bill Nelson (senado) y a Andrew Gillum (gobernación), lo
que constituiría un duro golpe para el actual senador federal por ese estado y
firme aliado de Trump con quién comparte la misma neurosis contra Venezuela, “Narco” Rubio.
·
Unas falaces acusaciones
proferidas al día siguiente del anuncio por Marshall Billibgslea, subsecretario
para el financiamiento al terrorismo del Departamento del Tesoro, quien señaló textualmente
en una conferencia en el “Brookings Institution”:
“Hemos visto 21 toneladas métricas o más que han ido a Turquía, y hemos vistos
empresas turcas reemplazar muchas de las empresas alimentarias que incursionan
en la corrupción relacionada al programa e cajas de comida CLAP”, así como
también: “este oro sale del país sin
ninguna de las precauciones habituales para garantizar que los fondos sean
auditivos (¿!) y catalogados debidamente como pertenecientes a las arcas del
Estado y para ser utilizados en pro de los ciudadanos” (11).
·
Un más que necio
planteamiento de Bolton en la ocasión de hacer el anuncio, relativo a que el anunciado decreto contra Venezuela, pide a los
secretarios de estado, Mike Pompeo, y del tesoro, Steven Mnuchin, que "identifiquen sectores de la economía
venezolana" que podrían estar sujetos a nuevas sanciones de EE. UU (12).
Para
terminar sólo me resta señalar que la escasa o nula trascendencia que nuestro
gobierno ha dado a tales sanciones, a juzgar por el hecho de que no he logrado conseguir
en la Red ningunas declaraciones al respecto, sirve para confirmar mi
planteamiento de que se trata de unas sanciones absolutamente absurdas; sin
embargo, no podemos por ello bajar la guardia pues ellas pudiesen ser el
preanuncio de nuevas sanciones del mismo tipo pero orientadas a otros sectores,
como el petrolero, que si pudiesen generar un nuevo impacto adverso sobre
nuestra muy golpeada economía.
¡Hasta la Victoria, Siempre!
¡Patria o Muerte!
¡Venceremos!
(9) https://venepress.com/article/Trump-firmo-decreto-contra-exportaciones-oro-deVenezuela1541093706112
Caracas,
noviembre 04 de 2018.
No hay comentarios:
Publicar un comentario