La
traición de Misia Luisa
Carlos
E. Lippo
“Los
hechos violentos ocurridos en el país los días 14 y 15 de abril (de 2013) se
originaron como consecuencia de los llamados irresponsables de algunos actores
políticos a atentar contra las personas e instituciones del país, entre ellos, centros de diagnóstico integral (CDI), la red Mercados de
Alimentos (Mercal), Productora y Distribuidora de Alimentos (PDVAL), así como
sedes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)”;
“… el Ministerio Público está empeñado en hacer justicia, no solamente por
todas las víctimas fallecidas y heridas sino que también va a proteger a las
víctimas".
Aunque
a la luz de los hechos actuales parezca increíble, las dos citas anteriores son
parte de unas declaraciones de la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, en el marco
de una reunión sostenida con los familiares de las víctimas de estos hechos,
donde resultaron fallecidas nueve personas y 108 resultaron heridas, según las
recogió la Agencia Venezolana de Noticias (AVN), el 18 de septiembre de 2013 (1).
En
la misma oportunidad señaló la Fiscal que 38 personas habían sido privadas de libertad,
62 acusadas, 242 tenían medida de presentación cautelar y 37 con fianza de
caución personal por los hechos violentos generados en el país entre el 14 y 15
de abril, luego del proceso electoral en el que resultó electo el presidente
Nicolás Maduro.
Ignoro
cuántos de estos presuntos criminales fueron debidamente sancionados; lo que sí
está claro es que ninguno de los autores intelectuales de esta primigenia
aventura terrorista de la contra (Henrique Capriles, Nelson Bocaranda y el
editor del pasquín “El Nuevo País”,
entre otros), han sido ni siquiera medianamente investigados ni mucho menos
imputados. Como diría mi abuela si le tocase evaluar la actuación de la Fiscal
Ortega a la luz de estas actuaciones: “… mucho ruido y pocas nueces”.
Dos
años más tarde, a diecisiete meses del fin de la aventura terrorista que
llamaron “La Salida” y que iniciándose con el intento de
quemarla viva junto a todo el funcionariado de la sede principal del MP, dejase
43 fallecidos y más de 800 heridos, la Fiscal Ortega declaraba lo siguiente, luego
de reunirse en su despacho con miembros del “Comité
de Víctimas de las Guarimbas y del Golpe Continuado”: "Tenemos pendientes las órdenes de captura de un grupo de
ciudadanos que están señalados por ser presuntamente autores de algunos de los
crímenes que se cometieron durante esos meses entre febrero y junio de 2014,
queremos hacer el llamado en el marco de la actividad que despliegan los
órganos de seguridad a ser efectivas las capturas de estas personas que están
siendo solicitadas, todo con el fin de hacer justicia"(2). De
estas declaraciones me llama poderosamente la atención que al preguntársele
sobre la cantidad de capturas pendientes señaló textualmente que son entre "siete u ocho”, una cantidad que
resulta irrisoria si tomamos en cuenta que ella misma declaró en la misma
oportunidad que habían sido detenidas por esos mismos órganos de seguridad unas
3.551 personas en relación a estos hechos.
Es
cuestión de preguntarse cuál era el motivo de este ataque de Luisa Ortega a los
cuerpos de seguridad dependientes del gobierno central, cuando para esa fecha y
como producto de la infame actuación de su fiscal de confianza, Franklin
Nieves, quien no se atrevió a acusarlo como el asesino intelectual que
efectivamente es, Leopoldo López sólo pudo ser condenado a un poco más de 13
años de prisión, esto es, a menos de cuatro meses por cada asesinato.
He
traído a colación estas declaraciones de Misia Luisa para intentar demostrar de
la manera más sencilla y concluyente posible que ella nunca fue una funcionaria
eficiente, en atención a las altísimas responsabilidades que le han sido
encomendadas, ni tampoco fue una funcionaria leal al estado venezolano, en cuya
defensa y preservación estaba obligada a actuar, ni mucho menos ha sido leal a
esta revolución, cosa que ya habíamos asomado en una media docena de artículos
sobre el tema publicados en este mismo portal, al decir en numerosas
oportunidades que el Ministerio Público estaba penetrado hasta los tuétanos por
la contrarrevolución.
Al
parecer en lo que sí ha sido realmente eficiente esta fiscalía dirigida por Misia
Luisa es en la criminalización del movimiento comunero, como lo demuestra la
persecución sufrida por el compatriota Ricardo David Díaz Castillo, comunero de
la “Comuna Socialista los Comuneros y las
Comuneras” del Macro Sector el Ujano de Barquisimeto en el Estado Lara, detenido
arbitrariamente en el 2014, por defender el derecho del pueblo humilde y
excluido a vivir en la ciudad, en este caso en un lote de terreno que estuvo abandonado
por más de 20 años, al cual habían dado el “criollísimo”
nombre de Ciudad Beverly Hills, en el cual se fundó la “Ciudad Productiva Comunal Guerrera Ana Soto”, una comunidad de
aproximadamente 300 familias, consolidada a lo largo de unos 7 años de lucha basada
en valores solidarios y anticapitalistas. Para entender el ensañamiento de Misia Luisa
con este humilde pero aguerrido compatriota basta con saber que fue el
fallecido traidor Luis Miquelena, quien por tener vara muy alta en el MP aún
después de tantos años, lo denunció por el delito de Invasión, tipificado por
el Artículo 471-A del Código Penal.
Hace
poco escuché decir públicamente a uno de nuestros más brillantes comunicadores
sociales que Misia Luisa tiene una estrecha relación con Globovisión, canal
televisivo que últimamente ha estado más que dispuesto a aplicar sus recursos “más valiosos”, como es el caso del
inefable Vladimir Villegas, para promoverla ampliamente y debo decir que ello
me parece altamente verosímil; es más, considero que se trata de una relación
de muy vieja data, tomando en consideración que fue la actuación venal de la fiscalía,
la que hizo posible que Nelson Mezerhane, antiguo dueño de ese bodrio
televisivo se diese a la fuga cuando estaba señalado de ser uno de los autores
intelectuales del terrible asesinato del fiscal Danilo Anderson (2004) y que
más recientemente, el nuevo accionista mayoritario del canal, el abogado Raúl
Gorrín, ha sido señalado de ser uno de los factores más importantes de la
tristemente célebre “Banda de los Enanos”,
a la cual se atribuye disponer de poderosos tentáculos en la fiscalía y en el
poder judicial (3).
Considero
innecesario referirme a las más recientes declaraciones de Misia Luisa; ellas
son ampliamente conocidas y la retratan de cuerpo entero como la traidora que
es a la elevada majestad de su cargo, porque cómo carajos ha podido ella hacer
tan alta promoción a las acciones terroristas de la contra, como la que
representan sus declaraciones al Wall Street Journal, a comienzos de esta orgía
de terror y que paso a citar a continuación: “No se le puede pedir
comportamiento pacífico a ciudadanos cuando el Estado toma acciones ilegales” (4).
¿Es que acaso es posible imaginar una
mayor legitimación de las acciones terroristas de la contra y un mayor estímulo
para tratar de ejecutarlas impunemente?
Con
estas notas sólo hemos querido demostrar que en todo caso se trata de una
traición continuada, de larguísima data, que por razones que podríamos entrar a
analizar en otro trabajo, es ahora cuando se manifiesta de forma tan
espectacular, quizás como producto de ambiciones fundamentalmente de carácter
crematístico y/o a consecuencia de un chantaje que le pueda tener montado alguna
de las agencias de inteligencia del imperio, que son especialistas en este tipo
de truculencias.
Coincidiendo
con muchos camaradas en que no podemos esperar la instalación de la nueva
constituyente para ponerle coto a los desmanes de esta señora, ya que lo que
está en juego es la pervivencia de la patria, considero que tal tarea debe ser
acometida de inmediato por el Consejo Moral Republicano, órgano de expresión del
Poder Ciudadano, conformado por los titulares de la Defensoría, la Contraloría
y la Fiscalía, que según lo consagra su propia Ley Orgánica en el numeral 1 de su
artículo 10, tiene la competencia de “Prevenir, investigar y sancionar los hechos
que atenten contra la ética pública y la moral administrativa”.
Siendo
oportuno y necesario apuntar que la citada ley en su artículo 6 estipula: “En
el ejercicio de la atribución contenida en el numeral 1 del artículo 10 de la
presente Ley, se entenderá por ética pública el sometimiento de la actividad que
desarrollan los servidores públicos, a los principios de honestidad, equidad,
decoro, lealtad, vocación de servicio, disciplina, eficacia, responsabilidad,
transparencia y pulcritud; y por moral administrativa, la obligación que tienen
los funcionarios, empleados y obreros, de los organismos públicos, de actuar
dando preeminencia a los intereses de Estado por encima de los intereses de
naturaleza particular o de grupos dirigidos a la satisfacción de las
necesidades colectivas”. ¡Entonces, que están esperando el Defensor del
Pueblo y el Contralor General de la República para proceder!
¡Prohibido fallarle a la Patria,
prohibido fallarle a la Revolución… prohibido fallarle a Chávez, carajo!
¡El presente es de lucha, el
futuro nos pertenece!
¡Venceremos!
(3) http://venezuelanews.weebly.com/blog/conoce-quien-es-raul-gorrin-el-comprador-del-96-de-globovision
celippor@gmail.com
Caracas,
junio 05 de 2017
No hay comentarios:
Publicar un comentario