La inminente
amenaza que la Exxon Mobil representa para Venezuela
Carlos
E. Lippo
La Exxon Mobil es heredera de la Standard Oil Company of
New Jersey, que fue una de las compañías que surgieron en el año 1911 tras el
desmembramiento del gigante petrolífero creado por Rockefeller a finales del
siglo XIX, ordenado por el gobierno estadounidense en aplicación de una ley
antimonopolio. A lo largo del tiempo ha llegado a tener tal músculo financiero
que en el 2016 fue la cuarta mayor empresa del planeta, ocupando además el
primer lugar entre las empresas petroleras, alcanzando un valor de
capitalización bursátil o precio de mercado de un poco más de 400 mil millones
de dólares estadounidenses (1).
Esa gigantesca magnitud y su elevado nivel de influencias
en los Estados Unidos, junto a su amplia presencia internacional le ha
permitido convertirse en un “estado
corporativo dentro del estado americano”, según sostiene Steven Coll,
periodista de investigación estadounidense ganador de dos Premios Pulitzer por
sus artículos en The Washington Post, en un libro titulado “Private Empire, ExxonMobil and American Power” (El Imperio Privado,
ExxonMobil y el Poder Americano) (2), publicado en el 2012, que muestra un retrato
detallado de las actividades de la compañía en los últimos 25 años.
Una idea cabal del verdadero peso específico de esta
gigantesca corporación a nivel del gobierno del imperio puede inferirse de la
consideración de una frase pronunciada por George W. Bush en el año 2001,
cuando en teoría era el hombre más poderoso del planeta. La frase en cuestión
señala: “Nadie dice a estos tíos lo que
tienen que hacer” y con ella respondía Míster Danger, como lo llamaba
Chávez, a la exigencia del primer ministro de India, Manmohan Singh, de que
presionara a estos “tíos” (Exxon
Mobil) para que firmaran un acuerdo con la petrolera estatal india.
La empresa es un organismo con sus propios objetivos y
con su propia diplomacia internacional que, a veces pueden coincidir con los de
EEUU, y otras no. “Yo no soy una compañía
de Estados Unidos y mis decisiones no están basadas en lo que es bueno para los
Estados Unidos”, dijo en una ocasión Lee R Raymond, su director ejecutivo entre 1993 y 2005, quien
antecediese en el cargo al inefable Rex Tillerson que lo ejerció hasta que fue
nombrado secretariado de estado por Donald Trump, a fines de diciembre de 2016.
El principal objetivo declarado de la empresa, con
presencia en más de 40 países, es la explotación, elaboración y
comercialización de productos petroleros y gas natural, así como la fabricación
de productos químicos, plásticos y fertilizantes; sin embargo en aras de sus
intereses crematísticos no ha tenido escrúpulos para ejecutar acciones injerencistas
de alto calibre tales como: el apoyo en dinero y armas a los “rebeldes” que iniciaron una cruentísima
guerra civil en Angola; el apoyo irrestricto a la sangrienta dictadura del
general Mohammad Suharto en Indonesia y el ejercer una presión decisiva sobre
George W. Bush, de cuya campaña fue el mayor financista, para que aprobase aquella nefasta invasión a Irak
en el 2003 que tuvo como pretexto la destrucción de unas armas de destrucción
masiva que jamás fueron encontradas.
Es precisamente este desmesurado interés crematístico lo
que ha estado detrás de su manifiesto desprecio por la preservación del
ambiente, puesto en evidencia por la promoción de diferentes grupos de
activistas negadores del cambio climático y por la responsabilidad que se le
atribuye en el hecho de que Estados Unidos, siendo el país con mayor consumo de
energía en el planeta, se haya negado a firmar el Protocolo de Kyoto que
promovía la reducción de gases que generan el efecto de invernadero. Pero
ocurre que, ¿qué otra cosa podría
esperarse en materia ambiental de la empresa que en 1989 provocó un
catastrófico desastre ecológico en Alaska con el derrame petrolero del buque
Exxon Valdez y que ha producido severos daños ecológicos en Nigeria, Ecuador,
Perú y Colombia? (3).
En
Venezuela, su antecesora la Standard Oil Company of New Jersey, operó desde inicios del
siglo XX, por medio de diferentes razones sociales de las cuales la de más larga
duración e importancia fue la Creole Petroleum Corporation, con la cual operó hasta
el 31 de diciembre de 1975, fecha en la que sus concesiones expiraron y pasaron
a manos del estado venezolano en virtud de la Ley de Nacionalización de la
Industria Petrolera (4).
Durante ese período Creole llegó a ser la principal de
las operadoras transnacionales en el país, alcanzando una producción tope de
1.500.000 barriles diarios en 1950, lo que le permitió aportar el 40 % de las
ganancias de su casa matriz que a su vez llegó a ser la mayor empresa petrolera
a nivel planetario. Aquí, su desprecio por el medio ambiente le llevó a verter
ingentes cantidades de petróleo en el Lago de Maracaibo por su renuencia a controlar
eficazmente el flujo de productos entre sus numerosos tanques de
almacenamiento, ya que como lo han revelado algunos de sus planos consideraban
al lago como su último tanque, al cual arrojaban subrepticiamente el petróleo
cuando los demás estaban llenos.
Y para no quedarse atrás en materia de injerencia
política, la Creole apoyó de manera decisiva el golpe militar de Pérez Jiménez
que en noviembre de 1948 derrocó al primer presidente electo en Venezuela por
el voto popular, en completa coincidencia con la embajada norteamericana (5). Esto último
fue reconocido por el propio presidente Gallegos al llegar a La Habana en 1949, al inicio de su
largo exilio, aunque posteriormente se viese obligado a desmentirlo a causa de
las presiones de su cipayo discípulo y compañero de partido, Rómulo Betancourt
Bello, y de la necesidad de tener que residenciarse en territorio
estadounidense.
La Exxon vuelve a operar en Venezuela en 1998, después
de su fusión con la Mobil, que ya desde 1997 extraía petróleo pesado de nuestro
estado Monagas (Cerro Negro y La Ceiba) en el marco de aquella entreguista y
regresiva política de Caldera II que se llamó la Apertura Petrolera.
Casi diez años más tarde su forma de operación hubiera
tenido que ser modificada, al decretar el presidente Hugo Chávez la Plena Soberanía
Petrolera de la nación, que implicaba entre otras cosas la migración de las
empresas transnacionales que habían venido operando a través de los convenios
de la Apertura, que en el mejor de los casos garantizaban una participación estatal
en el negocio del 35 % (inferior a la participación en el régimen anterior a “la nacionalización” de 1975), a unas
empresas mixtas con mayoría accionaria de PDVSA, con lo cual se incrementaba al
78 % la participación estatal. De las 33 empresas sujetas a constituir empresas
mixtas con PDVSA, entre las cuales se encontraban, a título de ejemplo, Chevron
(USA), BP (Reino Unido), Total (Francia) y Statoil (Noruega), 31 estuvieron de
acuerdo con los parámetros económicos establecidos por el estado venezolano
para realizar la compra de sus acciones a los fines de la constitución de las
nuevas empresas, mientras que dos de ellas, Exxon Mobil y Conoco Phillips, decidieron
iniciar acciones legales contra PDVSA.
En ese mismo año (2007) Exxon Mobil solicitó un
arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a
Inversiones (CIADI), exigiendo el pago de la astronómica y absurda cifra de 20
mil millones de dólares de indemnización, pero no contentos con eso
introdujeron ante sendos tribunales de Londres y New York una solicitud de
congelamiento de bienes por 12.500 millones de dólares y otro arbitraje ante la
Cámara de Comercio Internacional, con sede en Estados Unidos.
A comienzos de 2008 y después de un mes de tener estos
activos congelados, un juez londinense no sólo revocó la medida sino que ordenó
a la Exxon que pagara a PDVSA 380 mil libras esterlinas como anticipo por los
costos judiciales en los que incurrió la estatal para defenderse ante los
tribunales londinenses (6).
En el año 2014 el tribunal arbitral del CIADI emitió
su veredicto: el estado venezolano debería pagar a Exxon por los antiguos
Proyectos Cerro Negro y La Ceiba, 1.591 millones de dólares; pero el CIADI
también reconoció el veredicto emitido en el año 2012 por la Cámara de Comercio
Internacional, a través del cual Venezuela pagó 908 millones de dólares a la
Exxon Mobil. Por lo tanto, PDVSA solo debería cancelar 683 millones de dólares
en un plazo de aproximadamente siete años (7). En resumen, tal como señaló en su
oportunidad el entonces canciller Rafael Ramírez Carreño, Exxon Mobil sufrió
una triple derrota: recibirá un monto muy por debajo del esperado (menos del 5
% de lo que estaba exigiendo), siete años después y habiendo perdido
definitivamente la oportunidad de hacer negocios con Venezuela, el país que
posee las mayores reservas petroleras del planeta.
En forma paralela al desarrollo de estas querellas
judiciales Exxon ha estado sumamente activa en sus exploraciones y trabajos
preliminares de perforación en pozos situados en áreas no permitidas de Guyana,
por estar sujetas a la secular reclamación territorial por parte de Venezuela,
con el agravante de que para esta nueva agresión la Exxon cuenta con el apoyo
irrestricto del departamento estado gringo que ve en la política retadora y
contraria a derecho del primer ministro Granger y en la circunstancia de ser
Guyana la sede de la Secretaría Permanente de la CARICOM, una oportunidad de
oro para hacer estallar el acuerdo Petrocaribe.
Después de esta larga cadena de disputas judiciales
con este gigante gringo y de estar siendo objeto de los impertinentes e
injustificados ataques diplomáticos de su nuevo pupilo suramericano, el primer
ministro de Guyana a quien él interesadamente está apoyando, no puede menos que
causarnos un gran regocijo el nuevo
dictamen del CIADI emitido el 09 de marzo, hace menos de una semana en
respuesta a una apelación interpuesta por PDVSA en el 2015, que anula varias
porciones del laudo de octubre de 2014 que “versan
directamente sobre la valuación de la compensación y las razones subyacentes” (8); es decir, que es
altísimamente probable que Venezuela no tenga que pagar un centavo de dólar más
de los 908 millones que PDVSA considerase como el justo valor de los activos de
Exxon en Venezuela y que ya pagase en el 2007. ¡Sin embargo, esta clamorosa victoria además de regocijarnos, debe
ponernos en alerta, porque no hay nada más peligrosa que una bestia herida!
Todas las agresiones antes citadas se han producido
durante el mandato de Rex Tillerson como director ejecutivo de la empresa, por
lo cual sigo plenamente convencido de que siendo el personaje por sí solo una grave amenaza para Venezuela, su
nombramiento como secretario de estado de los Estados Unidos, necesariamente lleva
asociada una enorme probabilidad de que nuestro país sea intervenido militarmente
por el imperio durante la presente administración, tal como lo planteásemos en
dos recientes artículos publicados en este mismo portal, titulados: “La política intervencionista de Trump en
contra de Venezuela se encuentra ya en pleno desarrollo” (9) y “¡Alerta, que
la política intervencionista de Trump en contra de Venezuela está siguiendo
ahora su curso inexorable!” (10).
Para finalizar, debo comentar que conociendo las
prácticas mafiosas de la Exxon Mobil, nada tendría de raro que dicha
corporación hubiese contribuido generosamente con la campaña presidencial de
Donald Trump, así como en el año 2000 lo hiciesen con la de George Walker Bush,
por lo que cabe esperar que de la misma forma que presionaron a Míster Danger para invadir a
Irak en el 2003, presionen ahora a Trump para invadir a Venezuela en aras de
sus bastardos intereses. ¡Cómo podemos ver sólo es cuestión de que el
departamento de estado y la Exxon Mobil, que por obra y gracia de Trump y de Míster
Tillerson han pasado a ser casi la misma miasma, se pongan de acuerdo sobre “el
cuándo y sobre el como”!
¡Alerta, que
guerra avisada también mata soldados!
¡Prohibido
fallarle a la Patria, prohibido fallarle a la Revolución… prohibido fallarle a
Chávez, carajo!
¡El presente es
de lucha, el futuro nos pertenece!
¡Venceremos!
celippor@gmail.com
Caracas,
marzo 15 de 2017
No hay comentarios:
Publicar un comentario