Dejemos de
hablar pendejadas, en Colombia no hay paz y tampoco la habrá por ahora
Carlos E.
Lippo
Cualquier
persona medianamente enterada de la política colombiana debe tener conocimiento
de que tras largas negociaciones realizadas en La Habana, bajo la garantía de
los gobiernos de Cuba y Noruega y con los gobiernos de Venezuela y Chile en el
rol de acompañantes, el gobierno de Colombia y el Secretariado de las FARC-EP lograron
el pasado 24 de agosto un acuerdo que pone fin a más de medio siglo de confrontación
fratricida; también podría saber que dicho acuerdo que deberá ser firmado en un
acto solemne el próximo 26 de septiembre en Cartagena de Indias, posteriormente
será sometido a consulta popular en un plebiscito que se celebrará el próximo 2
de octubre.
Esa
misma persona podría ser que no supiese que en cumplimiento de los acuerdos
está previsto que los guerrilleros de las FARC-EP se concentren en más de una
veintena de puntos de la extensa geografía colombiana para entregar sus armas
antes de poder reincorporarse a la vida civil y que el proceso de dejación de
armas se hará bajo la observación de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) cuyos representantes también harán presencia en las zonas donde vivirán los
guerrilleros por seis meses mientras se completa su progresivo desarme.
Pero
lo que a cualquier persona tiene que resultarle inconcebible es que después del
acto protocolar del 24 de agosto, no sólo ocurre que no se ha registrado una
disminución de las agresiones y de los asesinatos perpetrados en contra de
luchadores sociales de la más variada extracción (campesinos, trabajadores,
indígenas, afrodescendientes, etc.), sino que se ha registrado un incremento
sustancial de estos abominables hechos, tal como puede constatarse de la comparación
de la cifra de este tipo de asesinatos ocurridos entre el 26 de agosto y el 12
de septiembre, 13 en total, con las contenidas en un informe titulado “Éste es el fin? (1),
del Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores de Derechos
Humanos en Colombia (SIADDHH).
En
efecto, con arreglo a dicho informe que se refiere sólo a los primeros seis
meses del 2016, en Colombia en ese mismo lapso cada dos días fueron agredidos
dos defensores de DD.HH., y cada cinco días, fue asesinado uno. En resumen, en el
primer semestre del año se registraron 314 agresiones y 35 de ellas culminaron
en asesinatos, lo que representa un incremento del 3 por ciento con respecto al
mismo período en 2015. En la mayoría de los casos, los presuntos responsables fueron:
grupos paramilitares, con un 68 % de participación, “grupos desconocidos” (22 %) y agentes estatales (militares,
policías, etc.), con un 10 % de participación.
La
situación es que a pesar de que con posterioridad a la suscripción de los
acuerdos del 24 de agosto, el gobierno colombiano que en sana lógica debería
haberse abocado a velar por la integridad y la vida de sus opositores pacíficos
con mucho mayor esmero, tendría que hacerse responsable por la comisión de un
asesinato cada día y medio (20 días/13 asesinatos), cifra que más que triplica
el promedio de los seis primeros meses del año.
En
un artículo de la revista Semana de Colombia (2), se
reseñan los nombres, datos personales y circunstancias en que acaecieron los
asesinatos de cada uno de estos 13 compañeros; aunque a nosotros todos ellos
nos inspiran el mismo respeto y los mismos sentimientos, queremos hacer
especial mención del caso de la compañera Cecilia Coicue quien había ofrecido
su finca para que fuese uno de los 20 sitios de concentración de guerrilleros a
los que hicimos referencia en el párrafo segundo de estas notas.
El
caso es, de acuerdo al testimonio de los presentes, que la compañera Cecilia estaba
en su casa el martes 6 de septiembre lavando la ropa, cuando a eso de las 9 de
la mañana se percató que el agua dejó de salir con presión; entonces le
notificó a su hija del mismo nombre que se dirigiría a donde se encuentra el
nacimiento de agua a averiguar la razón de eso, pero nunca volvió. Hacia las 5,30
de la tarde del miércoles 07, su cuerpo fue encontrado en inmediaciones del
nacedero del agua que ella fue a revisar el día anterior (3).
La
compañera Cecilia además de ser miembro del Movimiento Marcha Patriótica,
fundado por Piedad Córdoba, militaba en varias organizaciones campesinas y
sindicales de alcance regional y nacional y por tal motivo su asesinato fue
condenado enérgicamente desde La Habana por el Secretariado de las FARC,
mediante un comunicado del cual presentamos los puntos más resaltantes: “Su asesinato, ocurrido el pasado 6 de
septiembre, en momentos en que Cecilia se encontraba en su predio, constituye
una pésima señal de confianza en el desarrollo de la construcción de paz en los
territorios. Estos hechos ocurren mientras avanzamos hacia la puesta en marcha
de todos los dispositivos del cese bilateral y la normalización de los
territorios”; “…no se podrá hacer
realidad la paz estable y duradera si persiste el asesinato selectivo de
líderes y lideresas cívicos y populares” y “…estos hechos demuestran que es urgente la implementación inmediata en
los territorios de las medidas acordadas en el punto Garantías de Seguridad del
Acuerdo Final”.
Pero
no es el asesinato selectivo de pacíficos luchadores sociales el único tipo de acción
terrorista que vienen incrementando el gobierno y sus agentes represivos ilegales,
sino que diariamente se registran acciones represivas colectivas sobre
inocentes pobladores de numerosos pueblos de la Colombia profunda, por el sólo
delito de defender la integridad de sus fuentes de agua y sus tierras de
cultivo del depredador accionar de las transnacionales petroleras y mineras;
acciones éstas que son ejecutadas, con el uso frecuente de armas de guerra,
fundamentalmente por funcionarios del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), que
es una unidad grupo de la Dirección de Seguridad Ciudadana (DISEC) de la
Policía Nacional de Colombia, cuya misión declarada es el control de manifestaciones, disturbios y apoyo a desalojos, con el
fin de restablecer el orden y la seguridad de los habitantes. Acciones que
vienen siendo sistemática y valientemente denunciadas por José Manuel Arango
C., en su muy combativo portal “Clarín de
Colombia” (http://www.clarindecolombia.info/).
El verdadero
impacto adverso de estas acciones del siniestro SMAD quizás pueda ser apropiadamente
ilustrado por medio de una confidencia del compañero Arango, que paso a
reproducir a continuación: “Un campesino
ayer (15 de septiembre), en medio de
la refriega en El Doncello Caquetá, cuando era golpeado por esa fuerza
represiva (el ESMAD) y casi sin poder
hablar, desangrándose, voz entrecortada por los gases, y tal vez con la
intención de que lo mataran mejor antes de seguir sufriendo, sacando fuerzas de
donde no las alcanzaba a tener (vi el video), levanta su curtida carita, pero de manera firme y retadora mirando
fijamente a su agresor enmascarado y acorazado, le dice sin titubeo alguno:
"hijueputa,
malparido, si estuvieran los guerrilleros aquí, ahí si no harían con nosotros
lo que están haciendo hoy"”.
Terrible
testimonio el de este joven campesino iletrado, seguramente sin siquiera un año
de escolaridad, que a diferencia de todos en la “izquierda culta”,
plenamente consciente de lo que ocurre, se atreve a decirlo en un momento tan
comprometido de su vida; y es que se trata de que con el famoso acuerdo, el
régimen ha quedado con vía libre para reprimir, pues militarmente ya nadie se
lo impide.
Este
desmesurado aumento de la acción represiva del gobierno colombiano durante los
pocos días transcurridos después de la firma de los acuerdos demuestra, a
juicio nuestro, que el origen del proceso de paz hay que buscarlo no en la vocación
pacifista o humanista del gobierno burgués colombiano y ni siquiera en una
motivación pragmática, para tratar de resolver un conflicto militar que llevaba
ya años empatado, sino en las exigencias del amo imperial, apremiado como éste
se encuentra en desplazar a las guerrillas de las selvas y montañas plenas de recursos
minerales de importancia estratégica, para así poder poner estas ingentes riquezas
en manos de sus transnacionales privadas.
Demuestra
también algo que pensé tan pronto tuve noticia de los temas que se estaban
discutiendo en ese mal llamado “proceso
de paz”, que contemplaban una poco comprensible dejación unilateral de las
armas por parte de las FARC, siendo que ellas no habían sido derrotadas ni
militar ni políticamente ni era posible vislumbrar su derrota en el corto plazo;
ese algo que pensé y apenas sugerí en algunos de mis artículos, por estar
impregnado, como todos en la izquierda revolucionaria, de los más genuinos
deseos por el logro de la paz, es el hecho, casi totalmente comprobado hoy, de
que los acuerdos, tal como han sido suscritos, sólo habrán de conducir a la
desintegración de las FARC, así como a una acentuación de las severas condiciones
de vulnerabilidad ante la represión gubernamental que ya hoy presentan las
comunidades que resisten para defender pacíficamente
sus derechos frente al avasallador avance de los representantes del capitalismo
depredador.
Decidido
como estoy a retomar mi costumbre de transitar por la calle del medio y de
hablar sin pepitas en la lengua, quiero ahora hacer un llamado a todas las
fuerzas revolucionarias de nuestros dos países, con el propósito de instar a
los compañeros del Secretariado de las FARC a comenzar a tomar acciones
tendientes a detener el proceso de desarme o a hacerlo tan lento como sea necesario
para lograr que el gobierno colombiano comience a desmontar o en todo caso a
reprimir de forma efectiva a sus aliadas fuerzas paramilitares, responsables de
casi el 70 % de las agresiones en contra de los pacíficos luchadores sociales
que se resisten a sucumbir ante la inusitada ola de terror que ha sido desatada
con posterioridad a la firma de los acuerdos del 24 de agosto.
Al
mismo tiempo quiero hacer un llamado a la mayor solidaridad tanto con los
compañeros de los frentes de las FARC que han desatendido el llamado de
desmovilización ordenado por el Secretariado, como con los compañeros del
Ejército de Liberación Nacional ELN, que vienen dando demostraciones palpables
de no querer transitar el mismo “camino a
la paz” impuesto a las FARC por el gobierno Santos. ¡Para estos compañeros parece
seguir estando claro que la paz es un bien que se conquista y que la única paz
que puede resultar de una negociación con las fuerzas del imperio es la paz de
los sepulcros!
¡Por una Latinoamérica unida, libre y
soberana!
¡De pie o muertos, nunca de rodillas!
¡Hasta la Victoria Siempre!
¡Patria o Muerte!
¡Venceremos!
Caracas,
septiembre 17 de 2016
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