¡Hasta
cuándo vamos a permanecer en esa charca putrefacta que es la OEA!
Carlos E.
Lippo
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Adelantándose
a lo que sería la funesta manipulación de los Estados Unidos en el seno de una
organización que agrupase a los países constituidos a partir de lo que fueron
los grandes virreinatos hispanoamericanos, El
Libertador escribió a comienzos de 1826, en carta dirigida a Francisco de
Paula Santander a quien había ordenado enviar las invitaciones al Congreso
Anfictiónico de Panamá, instancia que debería sentar las bases de dicha
organización: “No podemos permitir que los Estados Unidos participen en nuestros
asuntos hispanoamericanos. Invitar a los Estados Unidos al seno de nuestra
organización, donde se debate el destino de nuestros pueblos, es como invitar
al gato a la fiesta de los ratones”. El Congreso, al que Santander
terminó por invitar a los Estados Unidos, inició sesiones en el istmo el 22 de
junio del mismo año y fue trasladado posteriormente a Tacubaya, Méjico, donde a
finales de año el mismo Libertador lo consideró una experiencia fallida.
2
En
lo que resta del siglo XIX y a lo largo de todo el siglo XX no se intentaría
formar una comunidad de naciones latinoamericanas, sin la presencia de los
Estados Unidos. En 1890, la Primera Conferencia Internacional Americana,
efectuada en Washington, DC, estableció la Unión Internacional de las
Repúblicas Americanas y su secretaría permanente, la Oficina Comercial de las
Repúblicas Americanas y en 1910 esta organización se convirtió en la Unión
Panamericana. El 30 de abril de 1948, 21
naciones del hemisferio concurrentes a la Novena Conferencia Internacional
Americana, celebrada en Bogotá, Colombia, firmaron la Carta de la Organización
de Estados Americanos (OEA) y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre, la primera expresión internacional de principios de los derechos
humanos (1).
Posteriormente se fueron incorporando el Canadá y las naciones del Caribe,
hasta llegar a la configuración actual de 34 miembros.
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Desde
su misma creación la OEA ha cohonestado todos los golpes de estado promovidos
por los Estados Unidos para derrocar gobiernos legítimamente constituidos que
no han sido de su gusto, no menos de 32 (2), al
aceptar en su seno sin mayores trámites a los representantes de los respectivos
gobiernos de facto, comenzando por el golpe militar propinado a Don Rómulo
Gallegos, primer presidente venezolano electo por votación universal, directa y
secreta, en noviembre de 1948, hasta terminar con el reciente golpe de estado
parlamentario propinado a Dilma Rousseff en la República Federativa de Brasil. Sólo
en el caso del golpe militar propinado a José Manuel Zelaya de Honduras, en junio
del 2.009, se aplicó la Carta Democrática de la organización que redundó en la
suspensión temporal de Honduras; no obstante, el golpista Roberto Micheletti
logró retener el poder por varios meses hasta que promovió unas elecciones
amañadas de las que emergió un gobierno que logró el reconocimiento de la
organización y la reincorporación de Honduras como miembro de pleno derecho.
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Diez
intervenciones armadas estadounidenses en países latinoamericanos (2 y
3),
dos de ellas autorizadas por los gobiernos de turno en Colombia (con fuerzas
militares de todo tipo) y en Méjico (con fuerzas policiales), no por
autorizadas menos letales, no provocaron la más mínima reacción de rechazo en
el seno de la OEA. Dentro de estas intervenciones es necesario destacar: la
invasión a la República Dominicana, en 1965, para la cual la OEA no sólo dio el
beneplácito sino que la acompaño con fuerzas militares reclutadas entre los
países miembros y la invasión militar a Haití, en el 2010, producida con la
excusa de prestar ayuda humanitaria en ocasión de un terremoto que muchos dicen
que fue generado por los mismos gringos y que fue sostenida hasta el 2015, “apoyando” al MINUSTAH, misión de la ONU desplegada en
Haití desde el 2004, cuando dieron el golpe al presidente legítimo Jean-Bertrand
Aristide.
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Igual
ausencia de rechazo y en consecuencia de tácito apoyo como mínimo, existió en
los casos de operaciones encubiertas de gran escala en Guatemala, Nicaragua y
El Salvador, que avivaron los conflictos internos existentes en esos países
durante buena parte de las décadas de los años ochenta y noventa del siglo
pasado, convirtiendo la región centroamericana en una terrorífica zona de
guerra.
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En
agosto de 1960, apenas ocho meses antes de la invasión de Playa Girón (Bahía de
Cochinos) coordinada, financiada y apoyada militarmente por los Estados Unidos
y oportunamente derrotada por la gloriosa revolución cubana, la VII Reunión de
Cancilleres de la OEA, celebrada en Costa Rica aprobó una resolución, llamada
Declaración de San José de Costa Rica, descaradamente injerencista, que
atentaba contra la soberanía e independencia de Cuba (4). A
propósito de ello es necesario señalar con orgullo que el canciller venezolano
Ignacio Luis Arcaya (padre) puso su cargo en manos del presidente Betancourt al
negarse a firmar los acuerdos y la Declaración de la Conferencia, motivo por el
cual desde esa fecha se le ha reconocido con el título de “El Canciller de la Dignidad”. También es necesario señalar que la
citada reunión fue convoca a solicitud del gobierno del Perú, que recibió por “sus servicios” un préstamo de 53
millones de dólares, anunciado por el representante gringo al inicio de la
conferencia, en el transcurso de la cual también anunció un préstamo de 100
millones de dólares para el gobierno de Chile y 500 millones más a ser
repartidos entre el resto de gobiernos cipayos.
7
Prosiguiendo
con su abierta hostilidad hacia Cuba y su descarado apoyo al gobierno de los
Estados Unidos, en diciembre de 1961, el Consejo Permanente de la OEA decide a
solicitud de Colombia, convocar la VIII Reunión de Consulta de Ministros de
Relaciones Exteriores para enero de 1962 en Punta del Este (Uruguay), donde se
adoptaron nueve resoluciones, cuatro de ellas contra Cuba, pero la IV era la “joya” de la OEA, titulada “Exclusión del actual Gobierno de Cuba de su
participación en el Sistema Interamericano”, que era la máxima aspiración gringa
para deslegitimar en lo político y diplomático a la Revolución Cubana. La
resolución fue aprobada con 14 votos afirmativos (Estados Unidos tuvo que
comprar el voto de Haití para obtener la mayoría mínima, uno en contra, el de Cuba,
y seis abstenciones: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador y México. Las
dos últimas naciones expresaron que la expulsión de un estado miembro no
procedía, pues no existía una reforma previa de la Carta de la organización (no
existía la inefable Carta Democrática en aquello días). ¡Sin embargo, al igual que ahora
en relación a nosotros, se “pasaron por el forro” todo el andamiaje legal de la
organización por órdenes y presiones del amo imperial!
9
El
ensañamiento del imperio contra Cuba, cohonestado por la OEA ahora con la
excusa de que no era un miembro de pleno derecho es evidenciado por medidas
tales como: el decreto del embargo económico, comercial y financiero emitido
por John Kennedy de 1.962, un verdadero bloqueo que ampliado en 1999 por Bill
Clinton, se mantiene en plena vigencia y hasta se ha incrementado a pesar de la
reciente renovación de relaciones diplomáticas entre los dos países; así mismo
en lo que pudiera ser una cínica pieza de humor negro, el 26 de julio de 1964,
en la fecha conmemorativa de la revolución, la IX Reunión de Cancilleres de la OEA,
efectuada en Washington, aprobó una resolución según la cual esa organización obligaba a todos los estados miembros a romper
sus relaciones diplomáticas, comerciales
y consulares con
Cuba, con la única oposición del delegado de Méjico. Para acabar este
tema es necesario señalar que una Conferencia de Cancilleres de la OEA
celebrada en San Pedro Sula (Honduras), el 04 de junio de 2009, muy pocos días
antes del golpe militar que depuso al presidente constitucional José Manuel
Zelaya Rosales, decidió por consenso suspender las sanciones acordadas contra
Cuba y exhortar al gobierno cubano a solicitar su reingreso, cosa no tiene
planteada la revolución según lo ha expresado el primer ministro Raúl Castro en
diferentes oportunidades.
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En
nuestro caso, las hostilidades de la OEA comenzaron entre finales de 2001 y
comienzos de 2002, tan pronto como la revolución bolivariana dio señales
inequívocas de haber entrado en un irreversible curso de colisión con el
gobierno de los Estados Unidos a causa de la condena pública que hizo el
Comandante Chávez de los singularmente inhumanos bombardeos
estadounidenses sobre blancos civiles de Afganistán a finales de 2.001, en
medio de la histeria imperial desatada por los “atentados” a las Torres Gemelas
del WTC de New York y el “frenazo en
seco” dado a la embajadora Donna Hrinak, a quién a decir del propio
Comandante tuvo que conminar a abandonar el despacho presidencial cuando
pretendió leerle un memorando del Departamento de Estado, que intentaba llamarle
la atención por sus declaraciones en relación a los antes citados bombardeos.
Es un hecho conocido la participación del gobierno gringo en el golpe de estado
de abril de 2002 y la participación de la OEA, en cabeza del secretario general
de la época, el colombiano César Gaviria Trujillo, queda plenamente demostrada
por unas declaraciones de Pedro Carmona Estanga, en el año 2010, quien
defendiendo el golpe que lo llevó al poder por dos días dijo que en esa
oportunidad “contaba con la OEA como
garante del pleno restablecimiento del orden constitucional en el país” y
que ese respaldo de la tan cipaya organización “habría garantizado que Venezuela saliera de ese trance (golpe de estado)
más rápido que en el caso de Honduras” (el golpe contra Zelaya en el 2009) (5).
11
Gaviria
Trujillo, verdadero antecesor de Luis Almagro en esto de intervenir a favor del
gobierno gringo y en contra de la revolución bolivariana fue comisionado el 13
de abril para trasladarse a Venezuela en ayuda de Carmona Estanga sólo que a su
llegada, dos días más tarde, ya el Comandante había sido restituido en el poder
por la unión cívico militar. Sin embargo, creyéndose un verdadero procónsul del
imperio fungió de “facilitador” de la
mesa que se estableció para dialogar con la oposición representada por aquel
esperpento antecesor de la MUD que se llamó la Coordinadora Democrática, con
posiciones descaradamente favorables a ella y se mantuvo entre nosotros
prácticamente de manera permanente hasta después del referéndum revocatorio de
agosto de 2004, al cual concurrieron como observadores, la propia OEA y el
Centro Carter.
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Se
produce entonces un virtual receso de las acciones injerencistas directas de la
OEA en contra de Venezuela, hasta el año 2009, obligado por la correlación de
fuerzas en su seno, ampliamente favorable a las fuerzas progresistas, bajo la
gestión del chileno José Manuel Insulza como secretario general. Sin embargo,
nunca han dejado de atacar a la revolución bolivariana a través de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, que admitiendo casos tan aberrantes como
aquel que atribuye derechos humanos a una corporación mercantil como RCTV, ha emitido
requerimientos que un acuerdo de la actual Asamblea Nacional de fecha 14 de
enero de 2016, en flagrante entrega de nuestra soberanía judicial, pretende que
sean acatados por nuestros tribunales. También
ha sido constante la injusta reprobación de Venezuela en materia de derechos
humanos hecha de manera explícita en los informes periódicos de esa instancia y
si no nos han jodido más por medio de estos instrumentos, ha sido porque el
Comandante Chávez, con excelente tino, denunció el tratado que nos ataba a la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la cual finalmente nos retiramos
en septiembre de 2013.
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Dos
hechos absolutamente rocambolescos sirven para caracterizar la actitud
descaradamente injerencista de la OEA en contra de Venezuela durante la gestión
del secretario Insulza. El primero de ellos, ocurrido en julio de 2010 fue una
denuncia interpuesta por Alvaro Uribe dos semanas antes de concluir su segundo
mandato, contando por supuesto con todo el apoyo logístico y financiero del
gobierno gringo, para acusar a Venezuela de proteger y apoyar a los frentes
guerrilleros colombianos; la maniobra, urdida para culpar al gobierno
revolucionario del estrepitoso fracaso de su gobierno al no haber podido
reducir a la insurgencia armada, apoyada en fotografías correspondientes a
otros eventos y en unas coordenadas de ubicación de los campamentos guerrilleros
que, como logramos demostrar correspondían a territorio colombiano, fue tan
burda que la intentona feneció casi al nacer (6). El
otro acontecimiento, ocurrido en marzo de 2014, en pleno desarrollo de las
guarimbas, fue el intento de María Machado de hablar en el seno del Consejo
Permanente, como representante de la oposición venezolana, valiéndose para ello
de una acreditación que le había hecho la delegación de Panamá; la iniciativa
fue bloqueada de inmediato, con el voto ampliamente mayoritario (22 frente a 11
en contra y una abstención) de los miembros, para declarar "privada" la reunión, es decir, sin público ni cámaras, y
además los países que respaldaron a Venezuela lograron también eliminar ese
punto del orden del día. Siendo necesario acotar que la Machado sólo alcanzó a
pronunciar un saludo al término de la reunión (7).
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Considero
que Luis Almagro alcanzó la secretaría general de la OEA convertido ya en una
activa ficha tarifada del imperio. Llegué a tal conclusión al conocer su posición
en relación a la infame orden ejecutiva de Obama que nos calificaba de amenaza
inusual y extraordinaria para la seguridad de su país, que no fue otra que
excusar al imperio con la misma argumentación que lo hizo aquel funcionario de
medio pelo del departamento de estado que aseguró que en realidad no
representábamos tal amenaza sino que se trataba de un problema de redacción
pues para emitir el dichoso decreto se había utilizado un documento proforma
que es el usual en los casos de amenazas reales. En aquella oportunidad Almagro
declaró a TeleSur (8) en una entrevista celebrada
el 09 de abril en el marco de la VII Cumbre de las Américas en la que Venezuela
recibió el apoyo unánime de los países miembros de UNASUR y CELAC, palabras
más, palabras menos, que el decreto había sido hecho de “manera automática” ya
que se repitió lo mismo que se había dicho en los casos de otros países. Las
ejecutorias posteriores de este redomado cipayo en contra del gobierno
bolivariano y a favor de su oposición vendepatria, desde el mismo día de su
toma de posesión del cargo, no dejan lugar a dudas sobre el rol que le ha
asignado el imperio y su enorme complacencia en representarlo.
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Considero
innecesario referirme en detalle en estas notas a los acontecimientos ocurridos
desde que el secretario Almagro enviase su infamante informe al Consejo
Permanente para invocar la aplicación de la Carta Democrática al gobierno
venezolano, a solicitud de la contra vendepatria, el pasado 31 de mayo. Los
hechos son del conocimiento de todos y si bien han representado clamorosas
victorias de nuestra diplomacia que estoy muy lejos de subestimar, han servido
para demostrar que como nunca está en entredicho el andamiaje legal de la OEA y
que el imperio avanza en su empeño de utilizar esa organización en contra
nuestra con el único obstáculo que le representa la posición firme de los
países del ALBA-TCP, que por sí solos y por la diferencia de apenas 1 voto, no
son suficientes para evitar que el imperio logre la mayoría calificada de 2/3
necesaria para tomar las medidas más drásticas en contra nuestra.
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Estimo
que lo escrito en los párrafos precedentes es más que suficiente para demostrar
de manera fehaciente que la OEA sólo ha servido y sirve en la actualidad a los
intereses imperiales, garantizando su hegemonía en el espacio que ellos
consideran peyorativamente su patio trasero y asegurando la vuelta al redil de
aquellos países que, en valeroso ejercicio de soberanía, osen oponerse a sus
designios. Con base en lo anterior es fácil suponer que de permanecer en esa
organización sólo cabe esperar nuestra expulsión, como ocurrió con Cuba en
1.962.
A
juicio mío permanecer en ese organismo, en medio de contiendas diplomáticas
como las libradas en las semanas anteriores, que se irán haciendo cada vez más
duras como lo demuestra la hostilidad exhibida por sus autoridades en contra de
los representantes de los países del ALBA, en especial Bolivia, Nicaragua y
Ecuador en la última sesión del Consejo Permanente, sólo podría traer como
beneficio el retardar, quien sabe por cuánto tiempo, la inexorable invasión
imperial, aunque evidentemente no lo garantiza. Me pregunto entonces si vale la
pena dedicar tanto esfuerzo a ello, utilizando valiosísimos recursos humanos y
materiales que bien podrían estar avocados desde ya a la organización de la defensa
militar de la patria.
Creo,
para terminar, que debe iniciarse un proceso de consultas tendiente a lograr el
retiro de los países del ALBA-TCP de esa infausta organización, proceso al que
podrían sumarse cualquiera de los países de
la Patria Grande que así lo decida.
¡Hasta la Victoria Siempre!
¡Patria o Muerte!
¡Venceremos!
Caracas,
junio 26 de 2016
clippor@yahoo.com
